Huanta: Razuhuillca enfrenta a comunidades y minería por la protección del agua

La disputa por las cabeceras de cuenca en Ayacucho lleva dos años en una mesa técnica, pero los compromisos estatales acumulan retrasos. En Putka, la actividad minera continúa bajo cuestionamiento de las organizaciones agrarias, mientras la protección de Razuhuillca permanece en trámite. El último reporte de la Defensoría registra el caso sin avances durante agosto de 2026.

Ayacucho, 22 de setiembre de 2026.- El conflicto socioambiental de Huanta no se limita a una controversia entre agricultores y operadores mineros. Desde el 25 de septiembre de 2024, la Defensoría del Pueblo registra la exigencia de la población civil y de organizaciones agrarias para paralizar actividades mineras en las zonas altas y proteger las cabeceras de cuenca y el sistema lagunario de Razuhuillca. El caso comprende los distritos de Chaca y Huanta y permanece activo.

La importancia del territorio en disputa está relacionada con la función hídrica de Razuhuillca. El sistema de abastecimiento de Huanta se alimenta de un conjunto de cuerpos de agua ubicados en la parte alta de la cuenca del río Huanta, entre ellos Pampaccocha, Yanaccocha, Piscoccocha, Chacaccocha y otros cuerpos asociados. SEDA Ayacucho identifica al sistema Razuhuillca como una fuente de abastecimiento para la provincia y describe una red de aproximadamente 15,9 kilómetros desde la zona alta hasta la infraestructura de tratamiento.

Putka: el punto crítico de la actividad minera

La actividad minera en Putka, distrito de Chaca, es uno de los principales focos de la controversia. La propia Defensoría registra que las organizaciones sociales demandan la paralización de los operadores mineros y la adopción de mecanismos que eviten la contaminación del agua destinada al consumo humano y a la agricultura. En enero de 2026, según la información proporcionada para este informe, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental verificó la existencia de bocaminas en el sector, entre ellas una denominada “Minería Joselito FC”.

El conflicto adquiere una dimensión adicional porque la controversia no involucra únicamente a la minería formal. En reportes anteriores, la Defensoría describió el caso de Huanta como una disputa vinculada a actividades mineras formales e informales próximas a la cuenca de Razuhuillca y señaló la preocupación por la protección de las cabeceras de cuenca.

Dos años de mesa técnica y pocos resultados

La respuesta institucional se ha canalizado principalmente mediante una mesa técnica en la que participan la Federación Agraria Campesina, Indígenas y Nativas de la Provincia de Huanta (FANCINPH), el Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, comisiones de usuarios, regantes y agricultores, además de la Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional de Ayacucho. La agenda incluye fiscalización, protección de cabeceras de cuenca y una eventual área de conservación.

El problema aparece al revisar el cumplimiento de los compromisos. Para febrero de 2026 se acordó que la ANA respondiera a la FANCINPH, realizara una reunión técnica sobre la Resolución Directoral N.° 0918-2025-ANA y trabajara mecanismos de protección de las cabeceras. También se encargó a la Dirección Regional de Energía y Minas gestionar resoluciones para paralizar las operaciones mineras de Putka. El último reporte defensorial disponible señala que estos compromisos registraron “sin avances durante el mes” de agosto.

El área de conservación sigue sin concretarse

Una de las principales demandas es la creación del Área de Conservación Regional Razuhuillca. Sin embargo, debe distinguirse entre una propuesta de conservación y un área natural protegida oficialmente creada. El SERNANP establece que las ACR son áreas administradas por los gobiernos regionales y que su establecimiento está sujeto a un procedimiento específico de evaluación.

En el caso de Razuhuillca, la documentación de la mesa técnica contempla que el Gobierno Regional de Ayacucho presente la delimitación y coordenadas de la propuesta, mientras las organizaciones sociales asumieron el compromiso de presentar una propuesta de área de conservación. En el reporte correspondiente a agosto de 2026 no aparece registrado un avance que permita considerar concluido ese proceso.

La brecha entre el anuncio político y el trámite administrativo

La disputa también expone la distancia entre los anuncios de las autoridades y los procedimientos que efectivamente determinan qué actividades pueden continuar. En agosto de 2024, durante la escalada inicial del conflicto, la Defensoría pidió al Ejecutivo una mesa de alto nivel debido al paro y al bloqueo de vías provocado por las protestas contra las actividades mineras en la cordillera de Razuhuillca.

La experiencia posterior muestra que una declaración política de protección del agua no equivale por sí misma al cierre definitivo de operaciones mineras. Las decisiones dependen de procedimientos administrativos, competencias regionales y nacionales, fiscalizaciones y, en determinados casos, de la evaluación de la autoridad minera nacional. Esa cadena institucional explica parte de la diferencia entre lo anunciado públicamente y lo que finalmente ocurre en el territorio.

Un problema que trasciende Huanta

La disputa de Razuhuillca se inserta en una problemática nacional más amplia: la superposición o proximidad de actividades mineras con fuentes de agua y ecosistemas sensibles. Un informe defensorial sobre pequeña minería y minería artesanal advirtió problemas asociados a la superposición de concesiones con recursos hídricos y señaló que el marco vigente no prohíbe expresamente determinadas superposiciones, lo que puede generar conflictos y dificultades de ordenamiento territorial.

Los datos más recientes muestran, además, que la conflictividad socioambiental continúa siendo el principal componente de los conflictos sociales en el país. En agosto de 2026, la Defensoría registró 188 conflictos sociales, de los cuales 138 estaban activos; 84 se encontraban en proceso de diálogo. La institución contabilizó también 187 acciones colectivas de protesta durante ese mes.

Razuhuillca: el conflicto sigue abierto

En Huanta, la discusión ya no gira únicamente alrededor de si existe o no minería en las zonas altas. El punto central es quién garantiza que las actividades económicas sean compatibles con la protección de una fuente hídrica estratégica para la población y la agricultura. Mientras las organizaciones reclaman protección efectiva, las autoridades continúan trabajando mediante mecanismos técnicos y administrativos que, hasta agosto de 2026, no habían producido un cierre definitivo de la controversia.

El dato más relevante del último reporte oficial es precisamente la ausencia de avances. Dos años después de instalada la mesa técnica, la Defensoría mantiene el caso como un conflicto socioambiental activo y registra compromisos pendientes relacionados con la protección de las cabeceras, la fiscalización minera y la propuesta de conservación. En Razuhuillca, el problema no es solamente quién extrae recursos del territorio: es cuánto tiempo puede permanecer sin resolver una disputa sobre el agua que abastece a Huanta.