Facultades legislativas: ¿negociación política o una nueva repartija?

Lima, 7 de setiembre de 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta su primera prueba política de envergadura: conseguir que el nuevo Congreso bicameral le delegue facultades para legislar durante 120 días. El pedido comprende 66 medidas agrupadas en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, promoción de las MYPE, empleo, desarrollo productivo, materias tributarias, simplificación administrativa y modernización del Estado.

Un Ejecutivo sin mayoría propia

La aritmética parlamentaria explica la necesidad de negociar. Fuerza Popular es la primera fuerza en ambas cámaras, pero está lejos de controlar por sí sola el Congreso: tiene 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores. Juntos por el Perú cuenta con 32 diputados y 14 senadores; Renovación Popular, 15 y 8, respectivamente; mientras que las otras tres fuerzas completan la composición.

El escenario obliga al oficialismo a construir mayorías caso por caso. De hecho, un análisis del trámite parlamentario identifica a Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras como fuerzas determinantes para que el oficialismo pueda alcanzar los votos necesarios, aunque estas bancadas han expresado reparos sobre materias financieras y laborales y mantienen su alianza con Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, aliado del ex presidente Pedro Castillo Terrones.

Facultades: el primer campo de negociación

El Ejecutivo presentó el pedido con carácter de “muy urgente” y la presidenta Fujimori ha defendido públicamente la necesidad de aprobarlo con rapidez, especialmente para adoptar medidas contra la criminalidad, enfrentar los riesgos asociados al fenómeno El Niño y reducir trabas administrativas.

Pero una delegación de facultades no es un cheque en blanco. El Congreso debe determinar qué materias delega, durante cuánto tiempo y bajo qué límites. En un Parlamento fragmentado, el texto final dependerá de las modificaciones que se negocien entre el Ejecutivo y las bancadas.

Presupuesto, obras y cargos: ¿coincidencia o moneda política?

Es sabido que en política no hay coincidencias. En paralelo avanza la discusión del Presupuesto 2027, se organizan las comisiones del nuevo Congreso y continúan los procesos ordinarios de inversión pública y asignación presupuestal. La Comisión Bicameral de Presupuesto, por ejemplo, quedó integrada proporcionalmente por 19 senadores y 19 diputados, con Fuerza Popular como la primera fuerza en ambos grupos.

También existen decisiones sobre designaciones de funcionarios relacionados con Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar, cotizaciones para el viaje parlamentarios y mecanismos de inversión como las IOARR. Todos son ámbitos susceptibles de negociación política, pero su coincidencia temporal con el pedido de facultades no demuestra por sí misma un intercambio de votos por beneficios con parlamentarios, sobre todo del interior del país.

Aquí está la diferencia fundamental para una investigación periodística: una cosa es la negociación parlamentaria legítima —apoyo político a cambio de incorporar modificaciones, prioridades regionales o compromisos de gestión— y otra muy distinta sería ofrecer cargos, obras, presupuesto, viajes u otros beneficios particulares a cambio de votos determinados para que el pedido de facultades se mantenga en gran parte tal como lo envión el gobierno fujimorista.

¿Existe evidencia de una “píldora”?

Hasta el momento, no hay documentos públicos, registros parlamentarios o denuncias un acuerdo concreto mediante el cual el Gobierno haya ofrecido beneficios específicos a congresistas a cambio de aprobar las facultades.

La hipótesis de una eventual “repartija” puede ser políticamente plausible en un sistema donde el Ejecutivo necesita construir mayorías, sin convertirse en una afirmación periodística sin evidencia.

Pero sin duda, el Gobierno necesita aliados. Fuerza Popular obtuvo 41 diputados y 22 senadores, mientras que la aprobación del pedido dependerá de acuerdos con otras fuerzas y ¿cuál es el mecanismo que usan los partidos de derecha para este tipo de acuerdos?.

La investigación recién comienza

Por ello, la ruta de investigación debe ser concreta: comparar el voto de cada congresista con sus pedidos, iniciativas, designaciones vinculadas, obras priorizadas, modificaciones presupuestales y beneficios institucionales obtenidos durante la negociación.

También será necesario estar atentos a las reuniones entre el Ejecutivo y las bancadas, las declaraciones públicas de algunos que han logrado acuerdos no públicos, las modificaciones que experimente el proyecto de facultades y la votación de cada uno de los congresistas de ambas cámaras.