La maniobra de la JNJ para reinstalar a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación desata indignación en Perú

Lima, 16 de junio de 2025 – La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de anular la destitución de Patricia Benavides como Fiscal Suprema, reemplazándola con una suspensión de apenas 60 días, ha desatado una ola de críticas y rechazo ciudadano en Perú. Esta resolución, percibida como una maniobra orquestada por la derecha conservadora y neoliberal, liderada por Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y sectores afines al gobierno de Dina Boluarte, busca allanar el camino para el retorno de Benavides al cargo de Fiscal de la Nación, en un claro desafío a los principios democráticos y constitucionales del país.

La exfiscal Benavides, destituida en 2023 por presuntamente encabezar una organización criminal que manipulaba decisiones en el Congreso, como la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos y el intento de remoción de miembros de la JNJ, es vista como una figura clave para los intereses de la coalición política que sostiene a Boluarte en el poder. Esta alianza, que incluye al fujimorismo, el aprismo y bancadas como Perú Libre, ha sido señalada por consolidar un pacto de impunidad que protege a figuras políticas investigadas por corrupción y violaciones a los derechos humanos, como las muertes durante las protestas contra el gobierno.

La resolución de la JNJ, aprobada por mayoría, no solo contradice el espíritu de independencia judicial, sino que también vulnera el orden constitucional al pretender reinstalar a una funcionaria cuestionada por graves irregularidades. Organizaciones civiles, partidos de izquierda y amplios sectores de la ciudadanía han denunciado este hecho como un intento descarado de la derecha neoliberal por controlar el Ministerio Público, debilitar la lucha contra la corrupción y perpetuar un sistema político que favorece a las élites en detrimento de la justicia y la democracia.

En redes sociales, el hashtag #NoALaImpunidad se ha viralizado, reflejando el rechazo mayoritario de los peruanos, quienes ven en esta maniobra un retroceso democrático que consolida el poder de una coalición autoritaria. “Esto es un golpe a la justicia. La JNJ se ha plegado a los intereses de Fuerza Popular y Boluarte, traicionando al pueblo peruano”, señaló Rosa Quispe, activista por los derechos humanos. Por su parte, analistas advierten que el retorno de Benavides podría frenar investigaciones clave contra figuras como Keiko Fujimori y la propia presidenta Boluarte, envuelta en el escándalo del “Rolexgate” y las muertes en protestas.

La Mesa Directiva del Congreso, dominada por Fuerza Popular y sus aliados, ha jugado un rol central en este escenario, promoviendo reformas que debilitan instituciones democráticas como la JNJ y blindando a Boluarte de mociones de vacancia. Este pacto político, que incluye a sectores aparentemente opuestos como Perú Libre, revela un pragmatismo orientado a mantener el control del sistema judicial y garantizar la impunidad de los involucrados en casos de corrupción.

La ciudadanía, hastiada de la crisis política que atraviesa el país, comienza a organizarse para exigir la reversión de esta decisión y la defensa de la institucionalidad democrática. “No permitiremos que el Perú se convierta en rehén de un grupo que solo busca proteger sus privilegios”, afirmó un vocero de la Coordinadora Nacional por la Justicia, que evalúa convocar protestas en los próximos días.

El intento de reinstalar a Patricia Benavides no es solo un ataque a la independencia del Ministerio Público, sino una afrenta a la voluntad popular y al Estado de derecho. Perú enfrenta un momento crítico: la defensa de su democracia depende de la resistencia ciudadana y de la capacidad de las instituciones para resistir las presiones de una derecha conservadora que, bajo el disfraz del neoliberalismo, busca perpetuarse en el poder a costa de la justicia y la verdad.