Ley de amnistía para militares y policías genera acusaciones de impunidad y complicidad

La presidenta Dina Boluarte promulgó ayer la Ley de Amnistía (Ley N° 32419), una norma que beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa implicados en delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, durante el conflicto armado interno (1980-2000). La ley, aprobada por el Congreso el 9 de julio con el respaldo de bancadas conservadoras, exime de responsabilidad penal a quienes no tengan sentencias firmes y permite la liberación de mayores de 70 años con condenas ejecutadas, siempre que no estén vinculados a terrorismo o corrupción.

La ceremonia en Palacio de Gobierno desoyó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de suspender su trámite, intensificando las críticas nacionales e internacionales. La iniciativa fue impulsada principalmente por el congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, quien defendió la norma como un acto de justicia para los “defensores de la patria”.

La Ley de Amnistía contó con el respaldo de bancadas conservadoras y aliadas, lideradas por Fuerza Popular (21 escaños), Alianza para el Progreso (14 escaños), Podemos Perú (14 escaños), Renovación Popular (11 escaños), Avanza País (7 escaños), Acción Popular (9 escaños), Honor y Democracia (5 escaños) y Somos Perú (7 escaños).

Estas agrupaciones, que representan la mayoría en el Congreso, apoyaron la aprobación de la ley con 88 votos a favor, según registros oficiales. En contraste, bancadas de izquierda como Bancada Socialista (5 escaños), Bloque Democrático Popular (5 escaños) y Juntos por el Perú – Voces del Pueblo (8 escaños) se opusieron, denunciando que la norma promueve la impunidad. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han condenado la ley, señalando que obstaculiza la justicia en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.

Pese a las críticas, el gobierno y sectores conservadores sostienen que la ley reconoce a quienes enfrentaron el terrorismo. Boluarte justificó la promulgación invocando la soberanía nacional, mientras que Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, destacó su importancia para cerrar “brechas de injusticia”.

Sin embargo, la decisión ha generado tensiones con organismos internacionales, que advierten sobre un monitoreo riguroso de su implementación. La oposición, liderada por congresistas como Ruth Luque, Sigrid Bazán y Susel Paredes, insiste en que la norma debilita el Estado de derecho y reabre heridas del pasado. En un contexto de polarización, la Ley de Amnistía plantea interrogantes sobre el compromiso del Perú con los derechos humanos y podría desencadenar nuevas disputas legales y sociales.