El 10 de septiembre de 2025, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocuparon el campus universitario en protesta contra lo que califican como un proceso de “privatización” de la educación pública. La medida fue encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros universitarios, quienes expresaron su rechazo a los nuevos cobros establecidos en el reglamento de admisión 2026-I, al incremento de las tasas para el examen de ingreso y a las restricciones que impiden postular a estudiantes inactivos o repitentes. Además, acusaron a la rectora Jeri Ramón de no atender sus demandas y de implementar medidas restrictivas sin diálogo previo.

Los manifestantes ingresaron por la puerta 2 tras derribar una reja metálica y cerraron los accesos, lo que obligó a suspender el examen de admisión programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Durante la toma se reportaron enfrentamientos con personal de seguridad, a quienes los estudiantes denunciaron por agresiones con objetos contundentes. En los alrededores, la Policía Nacional se mantuvo desplegada, aunque no se registraron incidentes mayores.

Al respecto, la congresista de la República Margot Palacios se pronunció a través de su página Facebook manifestando que «la educación no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser defendido por toda la sociedad» y mostrando su respaldo pleno y firme a la lucha de la Federación Universitaria de San Marcos, de los maestros y de todos los alumnos que hoy se movilizaron de manera pacífica en el campus universitario.

En respuesta, la universidad emitió un comunicado anunciando la suspensión de clases presenciales hasta el 15 de septiembre por labores de “mantenimiento”. También informó medidas complementarias, como el incremento de raciones en el comedor universitario y la opción de pagar solo matrícula para quienes cursen una segunda carrera. No obstante, los estudiantes calificaron estas disposiciones como insuficientes y exigieron la instalación de una mesa de diálogo formal con las autoridades.

El periodismo peruano despide a una de sus figuras más emblemáticas con el repentino fallecimiento de Jaime Chincha, conductor y analista político de 48 años, quien murió este domingo por un infarto fulminante en su hogar en Miraflores. Chincha, con una trayectoria de más de dos décadas en medios como Canal N, América Televisión y RPP, se había consolidado en sus últimos meses como una voz disidente en el canal de YouTube de La República, donde moderaba el programa «Del Hecho al Hecho». Su partida, confirmada por fuentes médicas y policiales, ha generado conmoción y tributos de colegas, quienes destacan su valentía en un contexto de tensiones políticas. El velatorio se realiza en privado, y entidades como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) lo recuerdan como un defensor incansable de la libertad de expresión.

Enfocado en sus intervenciones recientes, Chincha había intensificado sus críticas contra la presidenta Dina Boluarte, cuestionando abiertamente su gestión en materia de seguridad y economía. En el programa del 3 de septiembre, apenas días antes de su muerte, arremetió contra la propuesta de reabrir la prisión de El Frontón como solución a la crisis carcelaria, tildándola de «medida populista e irresponsable» que ignoraba la existencia de cinco megapenales inconclusos en regiones como Ica, Chincha, Cajamarca, Pucallpa y Arequipa. «El Gobierno de Boluarte prefiere fuegos artificiales a soluciones reales», afirmó, señalando al ministro de Justicia, José Luis Santiváñez, como un actor en esta «distracción» que agrava la sobrepoblación penitenciaria y la inseguridad ciudadana. Estas declaraciones resonaron en un país azotado por el aumento de la delincuencia, posicionando a Chincha como un crítico frontal del Ejecutivo.

El impacto de sus últimas apariciones se extiende a otros temas, donde Chincha no escatimó en acusaciones directas contra Boluarte por acciones que consideraba hipócritas y elitistas. En emisiones previas, denunció el aumento salarial de la presidenta en medio de una austeridad impuesta a la población, llamándolo «descarado» y destacando que su sueldo superaba «30 veces el ingreso promedio» de los peruanos, lo que evidenciaba una desconexión con la realidad social. Asimismo, criticó el sobrevuelo en helicóptero de Boluarte sobre zonas de emergencia como una «burla» a los esfuerzos contra la delincuencia, y cuestionó la normalización de regalos lujosos como relojes Rolex en medio de investigaciones fiscales, viéndolo como un signo de corrupción encubierta. Colegas como Mónica Delta y Augusto Townsend lo han elogiado por esta «complicidad con la verdad», subrayando que su legado fortalece el periodismo independiente en tiempos de presiones gubernamentales. Su ausencia deja un vacío en el debate público, reavivando discusiones sobre su responsabilidad en el poder.

La Fiscalía de la Nación ha presentado una grave acusación contra el congresista José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú, señalándolo como cabecilla de una organización criminal que operó entre 2014 y 2018 con el objetivo de controlar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según la investigación, conocida como «Los Gángsters de la Política», Luna Gálvez habría utilizado recursos de la Universidad Telesup para influir en el CNM, asegurando la designación de Adolfo Castillo como jefe de la ONPE y facilitando la inscripción fraudulenta de su partido. La Fiscalía solicita 22 años y 8 meses de prisión para el parlamentario por los delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

El caso implica a 22 personas, incluyendo al hijo de Luna, José Luna Morales, para quien se piden 16 años y 4 meses de cárcel, y exconsejeros del CNM como Guido Águila, con una solicitud de 26 años. La red habría operado en tres fases: primero, copando el CNM con beneficios económicos; segundo, colocando funcionarios afines en la ONPE; y tercero, manipulando la verificación de firmas para inscribir Podemos Perú. Entre las pruebas presentadas destacan cheques por casi S/1.5 millones entregados a exconsejeros del CNM. Además, se solicitan multas de S/2.7 millones para Telesup y S/1.3 millones para Podemos Perú, junto con inhabilitaciones para cargos públicos.

El proceso está en etapa de control de acusación a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, quien determinará si el caso avanza a juicio oral. Luna Gálvez, quien enfrenta otras investigaciones por presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS a Solidaridad Nacional, ha negado las acusaciones, calificándolas como persecución política. Este caso, destapado por Perú21 como parte de una serie investigativa, pone en el centro del debate la influencia de redes de poder en las instituciones electorales peruanas, generando expectativa sobre las próximas revelaciones.