Pobladores y docentes de Puno se movilizan hacia Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte

Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP-Puno), familiares de las víctimas del 9 de enero de 2023 y el Frente de Organizaciones Populares (FOP) partirán el 25 de julio rumbo a Lima para participar en las movilizaciones nacionales del 26 al 28 de julio. A ellos se sumarán aproximadamente 80 docentes de la provincia de San Román y otras zonas de la región, según informó Víctor Andrés Apaza Larico, secretario provincial del SUTE San Román. Estas protestas, convocadas en rechazo al gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, exigen la renuncia de la presidenta, justicia por las víctimas de la represión en Juliaca, una nueva Constitución, respeto a los derechos laborales y soluciones frente a la inseguridad, violencia y extorsión que afectan al país.

Las manifestaciones contarán con el respaldo de la Alianza Nacional de Transportistas, que ha convocado un paro nacional para los días 27 y 28 de julio, con una asamblea preparatoria el 26 de julio en Lima. Gremios de transportistas, taxistas, comerciantes, estudiantes y docentes se unirán en un plantón frente al Palacio de Justicia el 27 de julio y una marcha hacia el Congreso el 28 de julio. “Vamos a marchar por el hartazgo del pueblo, por una verdadera democracia.

No tememos a la represión, vamos a Lima con dignidad y firmeza”, declaró Apaza Larico, destacando que los docentes de Puno se sumarán a delegaciones de Arequipa, Cusco y Ayacucho para visibilizar el descontento nacional y presionar por un gobierno de transición.
El 9 de enero de 2023 sigue siendo un doloroso recordatorio para los puneños, cuando 18 personas perdieron la vida en Juliaca por la represión policial durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.

Los familiares de las víctimas, junto a la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, exigen justicia y reparación, además de rechazar lo que consideran un gobierno autoritario. Los docentes, por su parte, demandan el fortalecimiento de la educación pública y el respeto a los derechos laborales, sumándose al clamor por justicia social. “No olvidamos, no perdonamos”, afirmó un representante de SUTEP-Puno, subrayando la unidad de los sectores sociales en esta lucha.

Las jornadas del 26 al 28 de julio prometen ser un punto de inflexión en la crisis política peruana. Con la Plaza Dos de Mayo como epicentro de las concentraciones, los manifestantes de Puno y otras regiones esperan que estas protestas impulsen un cambio estructural en el país. Mientras tanto, el gobierno de Boluarte enfrenta el desafío de responder a estas demandas sin repetir los episodios de represión que marcaron el 2023, bajo la mirada atenta de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la CIDH, que han instado al respeto de los derechos humanos.