El 83% de las víctimas de delitos no denuncia en Perú: la cifra negra que expone la desconfianza ciudadana

El último reporte del INEI muestra que solo el 17% de las víctimas urbanas denunció el hecho delictivo. La principal razón para no acudir a las autoridades es considerar que hacerlo “es una pérdida de tiempo”.

Lima, 7 de setiembre de 2026.- Ocho de cada diez víctimas de hechos delictivos en el Perú urbano no denuncian lo ocurrido ante las autoridades. El dato, correspondiente al semestre móvil febrero-julio de 2026 y difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), vuelve a poner en el centro del debate la denominada “cifra negra” de la delincuencia y revela un problema que va más allá de la cantidad de delitos registrados oficialmente: la creciente distancia entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de protegerlos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), solo el 17,0% de las víctimas de hechos delictivos en el ámbito nacional urbano presentó una denuncia durante el periodo analizado. En consecuencia, alrededor del 83% no denunció.

La situación también se observa en los principales ámbitos urbanos del país. En Lima Metropolitana y el Callao, el porcentaje de víctimas que denunció descendió de 21,3% a 18,5% respecto del periodo comparable. En la Costa Urbana, pasó de 21,4% a 18,1%.

El retroceso significa que una proporción cada vez mayor de los hechos delictivos queda fuera de los registros derivados de las denuncias formales.

Una mayoría de víctimas decide no denunciar

La llamada cifra negra comprende aquellos hechos delictivos que no llegan a conocimiento de las autoridades mediante una denuncia. Por ello, las estadísticas basadas exclusivamente en denuncias pueden mostrar solo una parte del fenómeno de la delincuencia.

Los resultados del INEI permiten dimensionar la magnitud del problema:

En otros ámbitos urbanos, el porcentaje de víctimas que no denunció también alcanza niveles elevados: 85,5% en la Sierra Urbana y 85,0% en la Selva Urbana, según los indicadores consignados para el periodo.

La lectura más preocupante no es únicamente el descenso porcentual de las denuncias. El problema está en por qué las víctimas consideran que denunciar no vale la pena.

“Es una pérdida de tiempo”: la principal razón

El motivo más mencionado por quienes decidieron no denunciar es contundente: consideran que hacerlo es una pérdida de tiempo.

Esta respuesta alcanza el 45,1% a nivel nacional y llega al 50,7% en Lima Metropolitana y el Callao.

El dato plantea una interrogante fundamental para las instituciones responsables de la seguridad y la justicia: ¿qué ocurre cuando una víctima considera que acudir a la Policía, al Ministerio Público o a otras instancias competentes no producirá resultados?

La denuncia deja entonces de ser percibida como una vía efectiva para obtener protección o justicia y se convierte, para una parte importante de la población, en un trámite cuyo resultado se considera incierto.

La desconfianza en la Policía también pesa

La segunda razón señalada por las víctimas está relacionada directamente con las instituciones de seguridad. El 15,0% de quienes no denunciaron manifestó desconfianza en la Policía Nacional del Perú.

La cifra adquiere especial relevancia porque la Policía constituye, en la mayoría de los casos, la primera institución estatal a la que recurre una persona víctima de un delito.

Cuando la desconfianza se transforma en una decisión de no denunciar, se produce un círculo difícil de romper: menos denuncias generan menos información sobre determinados hechos; menos información puede dificultar la identificación de patrones delictivos; y la percepción de que las autoridades no responden puede reforzar nuevamente la decisión de no denunciar.

La percepción de que el delito “no es importante”

Otro 14,1% de las víctimas señaló que el delito era de poca importancia.

Este comportamiento puede estar asociado a hechos considerados menores, como determinados robos, hurtos o estafas, pero también evidencia un proceso de normalización de determinadas formas de delincuencia.

Cuando una persona asume que perder un objeto, sufrir una estafa o ser víctima de un robo menor forma parte de la vida cotidiana y que denunciar no cambiará la situación, el hecho desaparece de las estadísticas oficiales.

La consecuencia es una paradoja: la delincuencia puede ser más extendida de lo que muestran los registros administrativos, precisamente porque una gran parte de sus víctimas no comunica lo ocurrido.

Un problema que viene de años atrás

La pérdida de confianza no aparece de manera repentina. Los propios datos históricos de la ENAPRES permiten observar que en 2017 el 31,7% de las víctimas que no denunciaban señalaba como razón que hacerlo era una pérdida de tiempo, mientras que el 13,3% manifestaba desconfianza en la Policía.

Para 2026, ambas razones mantienen un peso considerable y la primera alcanza un nivel aún mayor. La tendencia evidencia que el problema de la denuncia no puede reducirse a la existencia de más o menos efectivos policiales. También involucra la eficacia percibida de las instituciones, la respuesta frente a las víctimas y la confianza en que una denuncia puede producir resultados concretos.

Una estadística que también interpela al Estado

La cifra negra constituye una dificultad para la elaboración de políticas públicas.

Si una parte significativa de los hechos delictivos no llega a conocimiento de las autoridades, los registros administrativos no necesariamente reflejan toda la dimensión de la inseguridad que experimenta la población.

Por ello, encuestas de victimización como la ENAPRES resultan relevantes: permiten aproximarse a hechos que no aparecen necesariamente en las estadísticas construidas a partir de denuncias policiales.

El desafío para el Estado no consiste únicamente en lograr que aumente el número de denuncias. También implica recuperar la confianza de las víctimas, mejorar los mecanismos de atención y demostrar que comunicar un delito puede conducir a una respuesta efectiva.

La pregunta que queda abierta

El dato del 83% de víctimas que no denuncia debería ser leído como algo más que una cifra sobre criminalidad. Es también un indicador de la relación entre ciudadanía e instituciones.

Cuando casi ocho de cada diez víctimas deciden no denunciar, el problema ya no es solamente cuántos delitos ocurren, sino cuántos quedan fuera del alcance del sistema institucional y por qué los ciudadanos han dejado de considerarlo una vía útil para enfrentar la delincuencia.