Fuerte oposición a la construcción del penal en El Frontón impulsada por Dina Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha impulsado con decisión la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, en el Callao, destinado a albergar a 2,000 reos de alta peligrosidad, con una inversión estimada de 500 millones de soles. La iniciativa, presentada como una solución al hacinamiento carcelario y un golpe contra el crimen organizado, ha sido promovida con rapidez, incluyendo la firma de un convenio interministerial el 3 de septiembre entre los ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda. Sin embargo, la propuesta enfrenta un creciente rechazo por parte de autoridades locales, expertos y ciudadanos, quienes cuestionan su viabilidad técnica, impacto ambiental y altos costos logísticos, además de señalar la falta de estudios técnicos transparentes que justifiquen la obra.

Críticos como el exjefe del INPE, Javier Llaque, han advertido que el proyecto podría costar hasta 5,000 millones de soles, un monto con el que se podrían construir múltiples penales en ubicaciones más accesibles, cuestionando la eficiencia de la inversión. El alcalde de La Punta, Ramón Garay, ha expresado su preocupación por el impacto negativo en la seguridad y el turismo del distrito, argumentando que la presencia del penal alteraría la tranquilidad de una de las zonas más seguras del país. Además, un informe del INPE de 2023 ya había desestimado la reapertura de El Frontón por la falta de servicios básicos como agua, electricidad y desagüe, así como por los elevados costos operativos derivados de su ubicación insular, lo que dificulta el traslado de personal y suministros.

A pesar de las críticas, Boluarte y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, insisten en la viabilidad del proyecto, afirmando que cuenta con evaluaciones técnicas y que las obras podrían comenzar en enero de 2026. La presidenta ha defendido la iniciativa como una “decisión valiente” para combatir la delincuencia, aunque reconoció que no resolverá por completo el hacinamiento carcelario. Sin embargo, la celeridad con la que se ha impulsado el proyecto, sin un debate público amplio ni claridad sobre los estudios de preinversión, genera dudas sobre su planificación. Analistas como César Cárdenas, extitular del INPE, señalan que el tiempo restante de la gestión de Boluarte no sería suficiente para concretar una obra de esta magnitud, lo que podría dejar el proyecto inconcluso y con un alto costo para el erario nacional.