Fujimorismo busca ampliar facultades legislativas en el Senado tras recorte de Diputados

El Ejecutivo pidió poderes para legislar durante 120 días en ocho materias y 66 puntos, pero la Cámara de Diputados redujo la propuesta a seguridad ciudadana y atención del Fenómeno El Niño, por 90 días. El Senado debate ahora los límites de una eventual modificación, mientras el Gobierno insiste en que el texto aprobado es insuficiente.

Lima, 13 de octubre de 2026.- El gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) busca ampliar el alcance de las facultades legislativas solicitadas al Congreso, después de que la Cámara de Diputados recortara sustancialmente su propuesta original. La disputa se concentra ahora en el Senado, donde el Ejecutivo pretende recuperar parte de las materias excluidas y la oposición advierte que cualquier modificación debe respetar los límites constitucionales de la revisión parlamentaria.

La solicitud inicial contemplaba 66 puntos distribuidos en ocho materias y una delegación por 120 días. Entre ellas figuraban seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), promoción del empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, régimen tributario, modernización del Estado y vivienda y saneamiento, incluidos aspectos relacionados con la atención del Fenómeno El Niño. El Gobierno argumentó que necesitaba acelerar las medidas contra la criminalidad y prepararse ante una eventual emergencia climática.

Diputados recortó el pedido original

El 1 de octubre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un texto sustitutorio que redujo la delegación a dos materias: seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. El plazo también se acortó de 120 a 90 días y el número de disposiciones quedó en alrededor de 20. Tras un rechazo inicial y una reconsideración, el Pleno de Diputados aprobó el dictamen con 66 votos a favor, aproximadamente 33 o 34 en contra y 24 abstenciones, antes de remitirlo al Senado.

El recorte dejó fuera las facultades relacionadas con empleo, tributación, desarrollo productivo y otras reformas económicas y administrativas. La decisión abrió una disputa entre el Ejecutivo, que considera insuficiente el alcance aprobado, y los sectores parlamentarios que defienden una delegación más acotada y exigen precisar qué normas podrá emitir el Gobierno sin una nueva aprobación legislativa.

Galarreta insiste en ampliar las facultades

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó el alcance de la propuesta aprobada por Diputados. Durante su participación en el debate de la Comisión de Constitución del Senado, sostuvo que «lo aprobado no es suficiente» y defendió la posición del Ejecutivo respecto de la solicitud original.

La insistencia del Gobierno mantiene abierta la discusión sobre la posibilidad de introducir cambios al texto remitido por la Cámara de Diputados. El punto crítico no es solo cuántas medidas podrán aprobarse, sino si el Senado puede modificar su contenido sin alterar la materia y el alcance de la propuesta que recibió.

El límite constitucional bajo disputa

La Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular, evalúa el dictamen con la participación de Galarreta y representantes de distintas carteras ministeriales. El debate se desarrolla bajo una restricción central: aunque el Senado puede aprobar, modificar o rechazar el texto, sus cambios no deben desnaturalizar la propuesta aprobada por la cámara de origen.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, ha advertido contra la incorporación de materias ajenas al dictamen y contra una ampliación que altere su esencia. La controversia pone a prueba el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral y la capacidad del Senado para ejercer su función revisora sin convertirla en una vía para reconstruir una solicitud que Diputados ya redujo.

En paralelo, el senador fujimorista Víctor Flores descartó que se restituyan los 66 puntos originales, aunque defendió la posibilidad de incorporar ajustes dentro de los temas aprobados. El presidente de la Comisión de Constitución también afirmó que no hay tiempo para recuperar íntegramente la propuesta inicial y que el debate debe concentrarse en el texto remitido por Diputados, con eventuales modificaciones compatibles con sus límites.

Seguridad: apoyo militar y riesgos para los derechos

El texto aprobado en Diputados incluye medidas para reforzar el control migratorio, fiscalizar armas, bloquear comunicaciones ilícitas, reformar el sistema penitenciario y la justicia juvenil, y combatir delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro, la minería ilegal y la ciberdelincuencia. También contempla disposiciones sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y en determinados ámbitos de seguridad pública y penitenciaria.

Este último componente abre un debate sobre los límites entre las funciones policiales y militares, así como sobre las garantías para los derechos fundamentales y la rendición de cuentas durante las intervenciones. La delegación legislativa no elimina la obligación del Estado de respetar el marco constitucional ni sustituye la necesidad de evaluar la eficacia de las medidas frente a las redes criminales.

El Niño: respuesta rápida ante emergencias

En materia climática, el dictamen contempla mecanismos para acelerar la atención de las poblaciones afectadas por el Fenómeno El Niño. Entre ellos figura la posibilidad de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) distribuya directamente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días de una emergencia, además de medidas de simplificación administrativa, digitalización y atención vinculadas con infraestructura, vivienda, agua, saneamiento y apoyo agrario.

La urgencia de responder ante desastres naturales constituye uno de los principales argumentos del Ejecutivo. Sin embargo, la discusión parlamentaria también debe determinar con precisión qué facultades se delegan, qué controles se aplicarán y cómo se garantizará que la simplificación de procedimientos no debilite la transparencia ni la fiscalización del gasto público.

Empleo, mypes y regulación económica quedaron fuera

La solicitud original también incluía facultades sobre promoción del empleo, fortalecimiento de las mypes, régimen tributario y desarrollo productivo. Esas materias quedaron fuera del texto aprobado por Diputados, aunque el Ejecutivo continúa cuestionando el recorte. La exclusión es relevante porque una eventual delegación en esos campos permitiría al Gobierno aprobar decretos legislativos con efectos sobre la actividad empresarial, las relaciones laborales y la regulación económica.

Las críticas de organizaciones sindicales, incluida la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se habían centrado en el riesgo de que determinadas reformas afectaran derechos laborales. Otros cuestionamientos políticos apuntan a la posibilidad de que cambios tributarios, administrativos o productivos beneficien intereses particulares. Estas objeciones deben distinguirse de hechos acreditados: la solicitud original abarcaba esas materias, pero su eventual impacto dependerá del contenido concreto de las normas que se propongan y aprueben.

Una decisión pendiente en el Senado

Al 13 de octubre, el Senado todavía no había concluido el trámite. La Comisión de Constitución debía continuar el análisis del dictamen y preparar el texto que sería sometido al Pleno. La fecha del 19 de octubre había sido señalada como horizonte para el debate plenario, pero el resultado dependía de la conclusión del trabajo en comisión y de las decisiones parlamentarias.

El desenlace definirá si el Gobierno de Keiko Fujimori obtiene facultades para legislar durante 90 días en los dos ámbitos aprobados por Diputados, con modificaciones compatibles con ese marco, o si se abre una nueva controversia por el alcance de los cambios. En juego están el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, los controles sobre la delegación normativa y la capacidad del Gobierno para responder a la inseguridad y a las emergencias climáticas sin extender sus poderes más allá de lo autorizado por el Congreso.