Pedro Castillo inicia huelga de hambre contra su injusto encarcelamiento y enfrenta sanciones disciplinarias en prisión

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, se encuentra en el centro de un nuevo capítulo de controversia judicial y política tras iniciar una huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento y el juicio que enfrenta por el presunto delito de rebelión, derivado de su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Esta medida de protesta ha llevado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a iniciar un proceso disciplinario en su contra, calificando su acción como una falta grave según el Código de Ejecución Penal. Como consecuencia, Castillo ha sido aislado en el penal de Barbadillo y se le han suspendido las visitas.

El INPE, en un comunicado oficial, explicó que la huelga de hambre constituye una violación de las normas penitenciarias y que el expresidente será sometido a un proceso administrativo cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días. Aunque Castillo fue evaluado médicamente y su estado de salud fue reportado como estable, las autoridades han decidido aplicar medidas punitivas para mantener el orden en el sistema penitenciario. El INPE aseguró que estas acciones se toman respetando los derechos humanos, pero priorizando la disciplina en los centros de detención.

Por su parte, el abogado defensor de Castillo, Walter Ayala, ha defendido la huelga de hambre como un acto legítimo de protesta contra lo que considera una detención injusta. Ayala ha argumentado que el cargo de rebelión no debería aplicarse en este caso, respaldado por opiniones de expertos legales, incluso de sectores opuestos al expresidente. Además, la defensa ha presentado un hábeas corpus para solicitar la anulación de lo actuado en el juicio, alegando que el tribunal no es imparcial debido a la participación de la jueza Norma Carbajal, quien habría mostrado predisposición en contra de Castillo.

Castillo, por su parte, ha reiterado su inocencia y ha calificado el juicio como una “pantomima”. En una carta difundida en su cuenta de X, el exmandatario aseguró que su mensaje del 7 de diciembre de 2022, en el que anunció la disolución del Congreso, fue un “discurso político” y no un acto de rebelión. Sin embargo, este hecho llevó a su inmediata detención y a la declaración de vacancia presidencial por parte del Congreso. Castillo enfrenta una posible condena de hasta 34 años de prisión si es hallado culpable.

La situación de Castillo sigue generando divisiones en el ámbito político y social peruano. Mientras sus seguidores denuncian una persecución política, sus críticos sostienen que el proceso judicial es necesario para garantizar el Estado de derecho. Con el juicio en marcha y las medidas disciplinarias aplicadas, el futuro del expresidente sigue siendo incierto, en un contexto marcado por la polarización y la tensión institucional.