Perú: Expresidentes presos, Nadine Heredia asilada en Brasil y Keiko Fujimori libre

Lima – El Perú enfrenta una crisis política y judicial sin precedentes, marcada por un trato asimétrico de la justicia hacia sus líderes. Mientras los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo cumplen condena o prisión preventiva en el penal de Barbadillo por delitos como lavado de activos, y Nadine Heredia, esposa de Humala, ha obtenido asilo político en Brasil tras ser condenada, Keiko Fujimori, hija del fallecido Alberto Fujimori, permanece libre y habilitada para postular a la presidencia en 2026, pese a enfrentar acusaciones similares. El suicidio de Alan García en 2019, para evitar su detención por sobornos, completa un panorama que ha desatado críticas por la aparente impunidad de algunos y el rigor hacia otros.

Barbadillo: La cárcel de los expresidentes

El penal de Barbadillo, en Ate, se ha convertido en un símbolo de la crisis política peruana. Alejandro Toledo, extraditado desde Estados Unidos en 2023, cumple 20 años de prisión por recibir US$35 millones de Odebrecht para la Carretera Interoceánica, condenado por colusión y lavado de activos. Ollanta Humala, sentenciado el 15 de abril de 2025 a 15 años por lavado de activos, enfrenta cargos por aceptar US$3 millones de Odebrecht y fondos ilícitos venezolanos para su campaña de 2011. Pedro Castillo, detenido tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022, está en prisión preventiva por rebelión y liderar una presunta red de corrupción en contratos públicos.

Nadine Heredia, ex primera dama y esposa de Humala, fue condenada a 15 años en el mismo caso. Tras 18 meses de prisión preventiva entre 2017 y 2018, Heredia solicitó asilo en Brasil, argumentando persecución política y problemas de salud. El 16 de abril, el gobierno de Lula da Silva le otorgó el estatus de asilada, y Heredia llegó a Brasilia en un vuelo militar. La decisión generó una tormenta de críticas en Perú. La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) calificó el asilo como “un insulto a la justicia”, mientras Sigrid Bazán (Cambio Democrático) cuestionó al gobierno de Dina Boluarte por otorgar salvoconductos. En X, usuarios denunciaron un “pacto de impunidad” entre gobiernos de izquierda.

Keiko Fujimori: Libre y candidata

En un contraste que indigna a muchos, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, enfrenta un juicio oral iniciado en 2022 por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, con un pedido fiscal de 30 años de prisión. La Fiscalía la acusa de recibir US$1.2 millones de Odebrecht y otros fondos ilícitos para sus campañas de 2011 y 2016, respaldada por testimonios de Marcelo Odebrecht y evidencia de una contabilidad ficticia. Sin embargo, Fujimori solo estuvo en prisión preventiva entre 2018 y 2020. Hoy, libre y con derechos políticos intactos, anunció su candidatura presidencial para 2026 durante un evento en Chorrillos el 10 de abril, proyectándose como una figura central en la política peruana.
El caso de Alan García añade otra dimensión al drama. Investigado por sobornos de Odebrecht para el Metro de Lima, García se suicidó el 17 de abril de 2019, cuando la Policía llegó a detenerlo. Su muerte polarizó al país, con seguidores que alegan persecución y detractores que ven en su acto una evasión de la justicia.

Críticas al sistema judicial

El trato dispar ha puesto al sistema judicial bajo escrutinio. “La justicia peruana opera con criterios políticos, no técnicos, perpetuando la impunidad de algunos”, afirmó el economista Juan Pari, exmiembro de la comisión Lava Jato, en entrevista con Público. Pari señaló que el caso Odebrecht, que involucra a todos los expresidentes mencionados, ha sido manejado de forma “compartimentada”, permitiendo que Fujimori evada medidas más severas. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, calificó el asilo de Heredia como “un precedente preocupante”, pero su silencio sobre Fujimori intensificó las críticas de parcialidad.

Una encuesta de Ipsos de marzo de 2025 revela que el 78% de peruanos cree que el Poder Judicial “favorece a los poderosos”, y el 65% percibe un trato preferencial hacia Fujimori. La politóloga María Alejandra Campos explicó: “El fujimorismo ha tejido redes de protección en el sistema judicial y mediático, lo que permite a Keiko mantenerse libre y candidata, mientras otros enfrentan todo el peso de la ley”. En X, mensajes como “Keiko libre por los mismos delitos que tienen a otros presos, ¿quién controla la justicia?” reflejan la frustración popular.

Contexto regional

El caso peruano resuena en América Latina. En Brasil, el asilo de Heredia generó tensiones diplomáticas, con medios peruanos acusando al gobierno de Lula de proteger a corruptos por afinidad ideológica. En México, el caso de Emilio Lozoya, ligado a Odebrecht, muestra procesos judiciales lentos que alimentan percepciones de impunidad. En Guatemala, líderes políticos han evadido la justicia mediante maniobras legales, similar al caso de Fujimori. Estos ejemplos destacan los desafíos regionales para combatir la corrupción de alto nivel.

Impacto político y económico

La crisis judicial agrava la polarización en Perú. Barbadillo simboliza el castigo a algunos líderes, pero la libertad de Fujimori refuerza la narrativa de un sistema que beneficia a ciertos sectores. El asilo de Heredia, visto como una “fuga avalada” por Boluarte, debilita la credibilidad institucional. Manifestaciones en Lima, Cusco y Arequipa han exigido “justicia igual para todos”, con pancartas comparando los casos.