Pide suspensión del cobro de peajes por caída del puente Chancay y concesión irregular a favor de Norvial

En el marco de la IX Sesión Descentralizada de la Comisión de Transporte, la congresista no agrupada Margot Palacios Huamán reveló las graves irregularidades cometidas durante la gestión de la Compañía Red Vial 5 S.A. (Norvial) y su controvertida relación contractual con el Estado peruano, que ha resultado en el trágico colapso del puente Chancay.

La parlamentaria señaló que Norvial, que mantiene la concesión desde 2003 por 25 años, ha incumplido sus obligaciones contractuales, entre las cuales se encontraban la construcción, mantenimiento y explotación de 108 kilómetros de la carretera Panamericana Norte en el tramo Ancón-Huacho-Pativilca, el reforzamiento de calzadas existentes, y el mantenimiento de puentes críticos en la ruta.

La parlamentaria denunció que, a pesar del evidente incumplimiento de sus responsabilidades contractuales, Norvial continúa cobrando peajes de S/10.40 por vehículo, recaudando fondos sin garantizar la seguridad vial de los usuarios. «Nos causa daño, nos causa intransitabilidad, y ¿por qué todavía sigue cobrando el peaje?«, cuestionó enfáticamente.

En un giro paradójico de los acontecimientos, se reveló que Norvial no solo recibió una compensación de 18 millones de soles durante la pandemia por la aplicación de la Ley de Peajes, sino que además ha presentado denuncias contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). «Norvial incumple pero el Estado es denunciado y el Estado le paga«, señaló la congresista.

La legisladora exigió explicaciones al Ministro de Transportes y Comunicaciones sobre el fundamento legal de estas compensaciones y las denuncias ante el CIADI, considerando que estas acciones representan un grave perjuicio para el Estado peruano. «El Estado es tan raquítico que no puede hacer nada y se deja avasallar por el privado«, enfatizó.

Frente a esta situación, la congresista demandó la suspensión inmediata del cobro de peajes hasta que se esclarezcan las responsabilidades por el colapso del puente Chancay y se garantice la seguridad en toda la infraestructura vial concesionada. Asimismo, instó al Ministerio Público a iniciar las acciones legales correspondientes contra la empresa concesionaria por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y la responsabilidades de OSITRAN y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La parlamentaria concluyó advirtiendo sobre la situación crítica de las vías concesionadas en todo el Perú, especialmente considerando los actuales efectos climáticos que afectan al país, y llamó a exigir que las empresas privadas cumplan con sus obligaciones contractuales para evitar más pérdidas de vidas humanas.