“EL AGUA NO SE NEGOCIA”: comunidades de Junín desafían al poder minero y exigen respuestas al Estado

Junín, 8 de agosto 2026.- Las comunidades campesinas de Junín han vuelto a poner en el centro del debate la defensa del agua frente a la actividad minera. En Concepción, la Comunidad Campesina de Mariscal Castilla mantiene sus denuncias contra actividades vinculadas a Chaska II, a las que atribuye una presunta contaminación del río Tulumayo y operaciones que considera no autorizadas. El caso fue incorporado por la Defensoría del Pueblo como conflicto socioambiental en enero de 2026, aunque las denuncias comenzaron en 2025, cuando los comuneros exigieron fiscalización, evaluación de la calidad del agua y suspensión de las actividades cuestionadas.

El conflicto se agravó con la emergencia del río Yuracyacu, en Pariahuanca. A fines de abril murieron cerca de 120 toneladas de truchas en siete criaderos, ocasionando pérdidas estimadas entre 5 y 6 millones de dólares. Dos semanas después, un análisis químico-toxicológico de la Policía Nacional confirmó la presencia de cianuro en el agua y en las truchas muertas y descartó otros agentes tóxicos como pesticidas y raticidas. Las autoridades inspeccionaron la unidad minera Oro Negro, inscrita en el REINFO y ubicada en la parte alta de la cuenca, y se mantuvo la prohibición de utilizar el agua del río para consumo humano, riego y piscicultura.

La magnitud del problema llevó a los dirigentes de Pariahuanca hasta Lima, a comienzos de junio, para exigir sanciones y remediación. Según cifras del propio Gobierno Regional de Junín, en la cabecera del Yuracyacu existirían 18 concesiones mineras tituladas, 16 en trámite y 6 inscritas en el REINFO. Para las comunidades, el problema ya no sería únicamente una operación minera, sino el riesgo de que múltiples actividades extractivas comprometan las fuentes de agua de toda la cuenca.

El 18 de junio, alrededor de 500 pobladores, según la posterior disposición fiscal, bloquearon los accesos al Gobierno Regional de Junín para exigir una reunión con el gobernador Zósimo Cárdenas. La Policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersarlos, pero la protesta continuó durante más de 30 horas, hasta que representantes de las comunidades suscribieron un acta de compromisos con la vicegobernadora Milagros Inche. Cárdenas, que no estuvo presencialmente, ratificó los acuerdos por vía telefónica.

Entre los compromisos figuraba impulsar una ordenanza regional para declarar de interés regional la protección de las cabeceras de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo, además de revisar concesiones mineras y registros REINFO, fortalecer la vigilancia sanitaria y apoyar a los piscicultores afectados. Sin embargo, la promesa encontró un freno en el propio Consejo Regional de Junín. A comienzos de julio, solo tres consejeros respaldaron su aprobación inmediata y la mayoría decidió enviarla durante 30 días adicionales a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a la espera de informes de la ANA, MINAM y SERNANP.

La sesión estuvo marcada además por la intervención de abogados que se presentaron como representantes de empresas mineras de la zona, entre ellas Oro Negro. El gerente regional de Recursos Naturales, Vladimir Yáñez, cuestionó la postergación y señaló que la intervención privada generó dudas entre los consejeros, pese a que el equipo técnico había calificado la protección de las cabeceras como un asunto urgente y emergente. Así, más de un mes después del acuerdo con las comunidades, la protección formal de las cuencas continúa pendiente.

La respuesta estatal también abrió otro frente. Semanas después de la protesta, la Fiscalía Provincial Penal de Huancayo inició una investigación preliminar contra el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena, y otros cinco dirigentes por el bloqueo de los accesos al Gobierno Regional. Para las organizaciones campesinas, la situación resulta preocupante: mientras los dirigentes que protestaron son investigados, hasta la fecha no existen responsables identificados por la contaminación con cianuro denunciada en el Yuracyacu.

El problema alcanza también al Gobierno Nacional. En mayo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso abordó formalmente la contaminación del Yuracyacu y solicitó informes al OEFA y la ANA. La comisión calificó el hecho como una tragedia ambiental y cuestionó que ninguna autoridad hubiera asumido hasta entonces responsabilidad política o administrativa. En paralelo, la Defensoría ya había advertido desde 2025 la necesidad de una supervisión conjunta en el Tulumayo con participación de la DREM Junín, la autoridad del agua, la municipalidad y representantes comunales, diligencia que fue reprogramada por problemas de notificación a la empresa.

Tulumayo y Yuracyacu muestran así un conflicto que crece más allá de una comunidad y una empresa: las organizaciones campesinas están defendiendo las cabeceras de cuenca como fuente de agua, agricultura y vida. Mientras el Consejo Regional posterga la ordenanza, la Fiscalía investiga a dirigentes y el Gobierno Nacional continúa procesando informes y pedidos institucionales, las comunidades exigen algo concreto: que el Estado fiscalice antes de que tengan que salir a protestar y que proteja el agua antes de que el daño sea irreversible. Para los pueblos de Junín, el mensaje es claro: “Primero el agua. Después discutimos la minería”.