Southern Copper Corporation y el Estado peruano ignoran demandas de las comunidades campesinas de Apurímac

En el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac, las comunidades campesinas han alzado su voz contra la presencia de la minera Southern Copper Corporation, denunciando que ni la empresa ni el Estado peruano han atendido sus demandas. Los comuneros, que dependen de la agricultura y la ganadería como pilares de sus actividades ancestrales y su subsistencia, aseguran que las operaciones mineras están afectando gravemente sus tierras, fuentes de agua y medios de vida. La falta de diálogo y soluciones concretas llevó a los pobladores a manifestar su descontento de manera contundente, incendiando el campamento minero de Choquemarca el pasado 14 de marzo.

Los habitantes de Tapairihua dejaron claro que no desean abandonar sus prácticas agrícolas y ganaderas, profundamente arraigadas en su cultura e identidad, para dar paso a proyectos extractivos que, según ellos, solo benefician a la empresa minera y no a sus comunidades. Denuncian que las actividades de Southern Copper Corporation han contaminado sus recursos hídricos y degradado las tierras que han trabajado por generaciones, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y su forma de vida.

El incidente ocurrió en horas de la mañana de ese día, cuando los comuneros, en un acto de desesperación, prendieron fuego al campamento minero. Según Radio Titanka, los pobladores también han iniciado un paro indefinido, bloqueando carreteras y organizando movilizaciones para exigir el retiro definitivo de la minera de sus territorios. Sin embargo, las autoridades locales y nacionales no han mostrado avances significativos en atender las preocupaciones de las comunidades ni en establecer un diálogo genuino que respete sus derechos y prioridades.

Por su parte, la respuesta del Estado ha sido meramente policiaca. Más de 20 efectivos policiales destacados en la zona se vieron superados por los manifestantes y tuvieron que retirarse hacia el sector de Masupama, donde fueron apoyados por otro contingente policial. Un equipo de fiscales y policías se trasladó al área para investigar los daños y denunciar a los comuneros, pero hasta el momento no se han pronunciado sobre medidas concretas para abordar las demandas de los comuneros.

Este conflicto pone en evidencia la histórica desatención del Estado peruano y de empresas privadas como Southern Copper Corporation hacia las comunidades campesinas, que solo buscan proteger sus territorios y recursos naturales. La ausencia de soluciones reales y el menosprecio a las actividades tradicionales de Tapairihua han generado un clima de tensión que amenaza con escalar aún más, mientras las familias campesinas continúan defendiendo su derecho a vivir de la tierra que han trabajado durante siglos.