La Primera Asamblea Regional de Comunidades Campesinas de Cusco, realizada el 28 de febrero en el local de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC), abordó temas cruciales para el desarrollo y…
Agricultura
Southern Copper Corporation y el Estado peruano ignoran demandas de las comunidades campesinas de Apurímac

En el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac, las comunidades campesinas han alzado su voz contra la presencia de la minera Southern Copper Corporation, denunciando que ni la empresa ni el Estado peruano han atendido sus demandas. Los comuneros, que dependen de la agricultura y la ganadería como pilares de sus actividades ancestrales y su subsistencia, aseguran que las operaciones mineras están afectando gravemente sus tierras, fuentes de agua y medios de vida. La falta de diálogo y soluciones concretas llevó a los pobladores a manifestar su descontento de manera contundente, incendiando el campamento minero de Choquemarca el pasado 14 de marzo.
Los habitantes de Tapairihua dejaron claro que no desean abandonar sus prácticas agrícolas y ganaderas, profundamente arraigadas en su cultura e identidad, para dar paso a proyectos extractivos que, según ellos, solo benefician a la empresa minera y no a sus comunidades. Denuncian que las actividades de Southern Copper Corporation han contaminado sus recursos hídricos y degradado las tierras que han trabajado por generaciones, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y su forma de vida.

El incidente ocurrió en horas de la mañana de ese día, cuando los comuneros, en un acto de desesperación, prendieron fuego al campamento minero. Según Radio Titanka, los pobladores también han iniciado un paro indefinido, bloqueando carreteras y organizando movilizaciones para exigir el retiro definitivo de la minera de sus territorios. Sin embargo, las autoridades locales y nacionales no han mostrado avances significativos en atender las preocupaciones de las comunidades ni en establecer un diálogo genuino que respete sus derechos y prioridades.
Por su parte, la respuesta del Estado ha sido meramente policiaca. Más de 20 efectivos policiales destacados en la zona se vieron superados por los manifestantes y tuvieron que retirarse hacia el sector de Masupama, donde fueron apoyados por otro contingente policial. Un equipo de fiscales y policías se trasladó al área para investigar los daños y denunciar a los comuneros, pero hasta el momento no se han pronunciado sobre medidas concretas para abordar las demandas de los comuneros.

Este conflicto pone en evidencia la histórica desatención del Estado peruano y de empresas privadas como Southern Copper Corporation hacia las comunidades campesinas, que solo buscan proteger sus territorios y recursos naturales. La ausencia de soluciones reales y el menosprecio a las actividades tradicionales de Tapairihua han generado un clima de tensión que amenaza con escalar aún más, mientras las familias campesinas continúan defendiendo su derecho a vivir de la tierra que han trabajado durante siglos.
Actualidad
Congreso avanza con inhabilitación de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

Lima, 7 de noviembre de 2025 – La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó hoy, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Pedro Castillo. La decisión se basa en su participación en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver ilegalmente el Congreso e instaurar un «gobierno de excepción». El informe, sustentado por la congresista Lady Camones, será ahora evaluado por la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno para su ratificación final.
El documento acusa a Castillo de infringir los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución Política del Perú, al atentar contra el orden constitucional. Entre las pruebas presentadas se encuentra el mensaje televisado donde anunció la disolución del Parlamento, además de decretos supremos emitidos para legitimar su acción. La SAC, con una votación mayoritaria, determinó que el exmandatario actuó de manera deliberada para quebrar el Estado de derecho, un hecho que desencadenó su vacancia y posterior detención. Actualmente, Castillo cumple prisión preventiva mientras enfrenta procesos penales.
La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores políticos celebran el avance como un paso hacia la justicia, seguidores del expresidente cuestionan la celeridad del proceso. De concretarse la inhabilitación en el Pleno, Castillo no podrá ejercer cargos públicos ni postular a elecciones hasta 2035. El expediente también será remitido al Ministerio Público para reforzar las investigaciones penales en curso, marcando un hito en el cierre de la crisis política desatada en 2022.
Actualidad
Agricultores exigen renuncia del ministro de Agricultura por priorizar la minería sobre la agricultura

Lima, 26 de septiembre de 2025. – La Confederación Nacional Agraria (CNA), gremio histórico de representación de los agricultores, exigió la inmediata renuncia del ministro de Agricultura, Ángel Manero, tras sus polémicas declaraciones en el Foro Perumin, donde afirmó que en momentos de escasez de agua “hay que darle agua a la minería, que más flujo de caja le da al país”, relegando a la agricultura al último plano.
El gremio calificó las palabras del titular de Agricultura como un “agravio directo a millones de campesinos y campesinas”, al sostener que el agua debe priorizarse para garantizar la alimentación de los peruanos y no para favorecer a la actividad minera. “Decir que la agricultura puede esperar es un insulto a la soberanía alimentaria del país”, señala el pronunciamiento.
La CNA demandó a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros el cese inmediato de Manero, una rectificación pública del Gobierno que reafirme la prioridad de la seguridad hídrica para la agricultura y el consumo humano, así como la implementación de una política integral de gestión del agua que respete los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, invocaron a la ciudadanía a declarar al ministro como enemigo del pueblo peruano y a defender el derecho al agua y a la soberanía alimentaria.
Agricultura
Trabajadores agroindustriales de Virú protestan por abusos laborales y exigen derogatoria de la Ley Agraria

La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial (FETSA RLL), afiliada a la CGTP, realizó una jornada de protesta este viernes en el distrito de Chao, provincia de Virú. La concentración se realizó en horas de la tarde en la Plaza de Armas de la localidad, bajo el lema “¡Basta de abusos laborales!”.
El gremio denunció presuntos abusos cometidos por empresas agroexportadoras como Hortifrut Perú, Hass Perú, Camposol, Agua Lima, Damper Avo Perú, Agrícola Virú, Agro Berries y otras. Entre los reclamos figuran la derogatoria de la nueva Ley Agraria, sanciones arbitrarias, jornadas y horarios extenuantes, imposición de horas extras, maltrato a madres gestantes y deficiencias en la atención de ESSALUD.
Este conflicto laboral se suma a otros episodios recientes en el sector. SUNAFIL ha intervenido fundos en Ica y La Libertad tras denuncias de incumplimiento de derechos laborales, mientras sindicatos de empresas como Hortifrut y Camposol advierten de hostigamientos y contratos irregulares. Organizaciones sindicales también alertan que la reducción de aportes empresariales a ESSALUD afecta la cobertura médica de los trabajadores, pese a que las agroexportaciones peruanas continúan registrando cifras récord en los mercados internacionales.
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