Congreso inhabilita por diez años a Delia Espinoza tras segunda votación

Lima, 7 de mayo de 2026.- El Pleno del Congreso de la República aprobó la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR, mediante la cual se inhabilita por diez años para ejercer función pública a la fiscal Delia Espinoza. La medida fue respaldada con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, luego de que el Parlamento considerara que incurrió en infracciones constitucionales y presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

La decisión se produjo tras una primera votación fallida en la misma sesión, en la que la moción alcanzó solo 63 votos, insuficientes para lograr la mayoría calificada requerida. Sin embargo, luego de una pausa y nuevas coordinaciones entre bancadas, una segunda votación permitió reunir los apoyos necesarios para aprobar la sanción.

Entre los cambios decisivos figuraron los votos de los congresistas Katy Ugarte, José Balcázar y Kira Alcarraz, quienes pasaron de la abstención al respaldo de la medida. A ello se sumó el apoyo de legisladores de Podemos Perú y Acción Popular, consolidando la mayoría parlamentaria.

La denuncia constitucional se centró en el respaldo de Espinoza a la Resolución Fiscal 2246-2024-MP-FN, norma interna del Ministerio Público que, según el Congreso, contravenía la Ley 32130, la cual otorga a la Policía Nacional un rol operativo predominante en las investigaciones preliminares. Los impulsores de la sanción señalaron que dicha actuación alteraba el equilibrio institucional.

Durante su defensa, Delia Espinoza rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una “venganza política” promovida por sectores investigados por la Fiscalía. Asimismo, sostuvo que la disposición cuestionada respondió a criterios técnicos orientados a preservar la autonomía del Ministerio Público.

La inhabilitación recibió el respaldo mayoritario de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, además de sectores de Perú Libre y Juntos por el Perú. Organizaciones civiles y especialistas han cuestionado la objetividad del proceso, señalando que varios congresistas que votaron a favor mantienen investigaciones fiscales en curso.

Tras la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano, Espinoza quedó impedida de ejercer cargos públicos hasta 2035. Su defensa anunció acciones legales ante el Poder Judicial y organismos internacionales, mientras persiste el debate sobre el impacto de esta decisión en la independencia del sistema de justicia y la estabilidad institucional del país.