¿Por qué el Estado peruano debe recuperar el sistema ferroviario?

Ferrovías Central Andina (FCCA), empresa privada que opera el Ferrocarril Central del Perú, desde que fue concesionada por el Estado peruano en 1999 a finales de la dictadura del Alberto Fujimori, cuyos principales accionistas son: ADR Inversiones SAC, Juan Olaechea y Cía. SRLtda., Desarrollo Ferroviario CO., Inversiones Andino SA, y Cía. de Minas Buenaventura SAA.

Habría solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) una adenda a su contrato de concesión para garantizar ingresos mínimos anuales y extender su control hasta el 2044. De confirmarse, esta propuesta implicaría que, si la venta de pasajes a S/3 no cubre las expectativas de rentabilidad de la empresa, el Estado peruano –es decir, los contribuyentes– debería cubrir la diferencia con fondos públicos. Este esquema, que traslada el riesgo empresarial al erario nacional mientras asegura ganancias privadas, refleja un modelo de concesiones que ha generado críticas en el Perú por priorizar el lucro privado sobre el bienestar de los peruanos. Es hora de preguntarnos: ¿por qué seguimos cediendo activos estratégicos como el sistema ferroviario a empresas que operan solo si se les garantiza rentabilidad? La respuesta apunta a una solución: el tren debe volver a manos del Estado para convertirse en un servicio público rentable al servicio del bien común.

El sistema ferroviario peruano, incluyendo sus vías y estaciones, fue construido y mantenido históricamente con fondos públicos, como se detalla en los registros del MTC y la historia de Ferrocarriles del Perú. Estos activos son parte del patrimonio nacional y tienen un valor estratégico para conectar el interior del país, dinamizar economías locales y garantizar el acceso al transporte, especialmente en zonas donde las alternativas son limitadas. Sin embargo, bajo el modelo de concesión actual, regulado por contratos como el de Ferrovías (firmado en 1999 para el Ferrocarril Central Andino), una empresa privada puede operar un servicio público mientras traslada riesgos financieros al Estado. Este modelo no es exclusivo del ferrocarril; casos como los peajes de Lima o el aeropuerto de Chinchero han mostrado cómo las asociaciones público-privadas (APP) pueden generar beneficios desproporcionados para privados a costa del erario, según informes de la propia Contraloría General de la República.

Recuperar el control estatal del sistema ferroviario no es una idea utópica, sino una necesidad estratégica. Ejemplos internacionales, como el Metro de Santiago en Chile, gestionado por una empresa estatal, o los sistemas ferroviarios mixtos en Europa, muestran que la administración pública puede ser eficiente si se implementa con transparencia y planificación. Un ferrocarril estatal en el Perú permitiría fijar tarifas accesibles, priorizar rutas que conecten comunidades marginadas y alinear el sistema con una estrategia nacional de desarrollo, como se plantea en el Plan Nacional de Transporte del MTC. En lugar de operar bajo la lógica del lucro privado, incluso de interés foráneo, el tren podría ser un motor de inclusión social, llevando progreso a departamentos donde el transporte público es precario.

No obstante, la estatización enfrenta desafíos. La gestión de empresas estatales en el Perú, como Petroperú o Sedapal, ha sido criticada por ineficiencias y casos de corrupción, según reportes de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, pero es igual o mejor que las empresas privadas con pocos mecanismos de transparencia y control. Recuperar la concesión de Ferrovías podría implicar costos legales, como indemnizaciones, y requeriría una inversión significativa para modernizar la infraestructura, que, según el MTC, lleva décadas sin mejoras sustanciales. Una alternativa viable sería un modelo mixto, donde el Estado retenga el control de las vías y estaciones, licitando la operación a privados bajo regulaciones estrictas que garanticen tarifas accesibles y calidad en el servicio.

Lo que no podemos permitir es perpetuar un modelo donde el lucro privado se subsidia con recursos públicos. Si los reportes sobre la adenda de Ferrovías son ciertos, el MTC debe rechazar cualquier propuesta que priorice ganancias privadas sobre el interés público. El tren Chosica-Lima, y el sistema ferroviario en general, debe ser un servicio eficiente, accesible y al servicio de todos los peruanos.

El Redactor