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Economía
Subasta de chatarra y el negocio detrás de los trenes de Rafael López Aliaga
El Concejo Metropolitano de Lima aprobó el 25 de julio, con 18 votos a favor, subastar bajo la modalidad de usufructo los 90 vagones y 19 locomotoras diésel-eléctricas donados por Caltrain, destinados al tren Lima-Chosica. Presentada como una solución al caos vehicular, esta “donación” le cuesta a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) 24.5 millones de dólares, incluyendo 7.5 millones por aceptación y 17 millones por traslado y reacondicionamiento, según La República. Sin embargo, el deterioro de los trenes, la falta de transparencia y los vínculos del alcalde Rafael López Aliaga con el sector ferroviario han desatado acusaciones de un posible negocio oscuro.
Los trenes, utilizados aproximadamente 50 años en Estados Unidos, presentan óxido, grafitis y daños, con un 70-80% necesitando reparaciones, según La Encerrona. Un vagón se descarriló durante una exhibición en el Parque de la Muralla, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que estima 39 meses para que el servicio sea operativo por la falta de infraestructura adecuada. Expertos como Erich Villavicencio califican los trenes como “chatarra obsoleta”, cuestionando su viabilidad para un transporte urbano moderno.
La subasta, a cargo de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la MML, ha generado sospechas por la ausencia de detalles sobre los postores y las condiciones. López Aliaga, accionista de Ferrocarril Trasandino S.A. y PeruRail, enfrenta críticas por posibles conflictos de interés. Un informe de Epicentro TV señala que la Railroad Development Corporation, que asesoró en la adquisición, podría beneficiarse de una extensión de su concesión ferroviaria, según un post en X de Ernesto Cabral (@ErnestoCabralX). Osea, la clásica forma de apropiarse bienes y servicios del Estado peruano por las élites económicas del país.
La valorización de los trenes es otro punto polémico: Caltrain los tasó en 4.9 millones de dólares, pero la MML los registró en 822 millones de soles (224.8 millones de dólares), según el portal de transparencia municipal. La SUNAT exigió explicaciones, mientras que La Encerrona denunció que la consultoría de evaluación, por 100,300 dólares, fue otorgada a una empresa sin oficinas verificables en EE.UU., sugiriendo irregularidades.
El impacto ambiental también preocupa. El senador californiano Dave Cortese, citado por The Mercury News, advirtió que los trenes diésel emiten contaminantes como PM2.5, agravando la calidad del aire en Lima. Actualidad Ambiental señala riesgos para la salud pública, mientras la MML defiende que los trenes cumplen estándares ecológicos, sin presentar pruebas contundentes.
El proyecto enfrenta obstáculos logísticos, como la falta de espacio para almacenar el segundo lote de trenes que llegará en agosto de 2025, según el MTC. La tensa relación entre López Aliaga y el ministro César Sandoval, quien anunció una querella contra el alcalde, complica la coordinación. Sin estudios técnicos completos ni un convenio con el MTC, el tren Lima-Chosica parece más una promesa electoral que una solución viable.
La Contraloría revisará el dictamen de la subasta, pero la ciudadanía exige transparencia en las bases y los postores. Hashtags como #TrenesChatarra reflejan el descontento en redes. Con un costo millonario, riesgos ambientales y sospechas de favoritismo, el proyecto amenaza con repetir el patrón de privatizaciones cuestionables, donde el Estado asume pérdidas y los privados se benefician. Los limeños esperan respuestas: ¿quién ganará con esta subasta y a qué costo?
