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Economía

Subasta de chatarra y el negocio detrás de los trenes de Rafael López Aliaga

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El Concejo Metropolitano de Lima aprobó el 25 de julio, con 18 votos a favor, subastar bajo la modalidad de usufructo los 90 vagones y 19 locomotoras diésel-eléctricas donados por Caltrain, destinados al tren Lima-Chosica. Presentada como una solución al caos vehicular, esta “donación” le cuesta a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) 24.5 millones de dólares, incluyendo 7.5 millones por aceptación y 17 millones por traslado y reacondicionamiento, según La República. Sin embargo, el deterioro de los trenes, la falta de transparencia y los vínculos del alcalde Rafael López Aliaga con el sector ferroviario han desatado acusaciones de un posible negocio oscuro.

Los trenes, utilizados aproximadamente 50 años en Estados Unidos, presentan óxido, grafitis y daños, con un 70-80% necesitando reparaciones, según La Encerrona. Un vagón se descarriló durante una exhibición en el Parque de la Muralla, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que estima 39 meses para que el servicio sea operativo por la falta de infraestructura adecuada. Expertos como Erich Villavicencio califican los trenes como “chatarra obsoleta”, cuestionando su viabilidad para un transporte urbano moderno.

La subasta, a cargo de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la MML, ha generado sospechas por la ausencia de detalles sobre los postores y las condiciones. López Aliaga, accionista de Ferrocarril Trasandino S.A. y PeruRail, enfrenta críticas por posibles conflictos de interés. Un informe de Epicentro TV señala que la Railroad Development Corporation, que asesoró en la adquisición, podría beneficiarse de una extensión de su concesión ferroviaria, según un post en X de Ernesto Cabral (@ErnestoCabralX). Osea, la clásica forma de apropiarse bienes y servicios del Estado peruano por las élites económicas del país.

La valorización de los trenes es otro punto polémico: Caltrain los tasó en 4.9 millones de dólares, pero la MML los registró en 822 millones de soles (224.8 millones de dólares), según el portal de transparencia municipal. La SUNAT exigió explicaciones, mientras que La Encerrona denunció que la consultoría de evaluación, por 100,300 dólares, fue otorgada a una empresa sin oficinas verificables en EE.UU., sugiriendo irregularidades.

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, junto a regidor fujimorista Renzo Reggiardo . Publicado en Caretas

El impacto ambiental también preocupa. El senador californiano Dave Cortese, citado por The Mercury News, advirtió que los trenes diésel emiten contaminantes como PM2.5, agravando la calidad del aire en Lima. Actualidad Ambiental señala riesgos para la salud pública, mientras la MML defiende que los trenes cumplen estándares ecológicos, sin presentar pruebas contundentes.

El proyecto enfrenta obstáculos logísticos, como la falta de espacio para almacenar el segundo lote de trenes que llegará en agosto de 2025, según el MTC. La tensa relación entre López Aliaga y el ministro César Sandoval, quien anunció una querella contra el alcalde, complica la coordinación. Sin estudios técnicos completos ni un convenio con el MTC, el tren Lima-Chosica parece más una promesa electoral que una solución viable.

La Contraloría revisará el dictamen de la subasta, pero la ciudadanía exige transparencia en las bases y los postores. Hashtags como #TrenesChatarra reflejan el descontento en redes. Con un costo millonario, riesgos ambientales y sospechas de favoritismo, el proyecto amenaza con repetir el patrón de privatizaciones cuestionables, donde el Estado asume pérdidas y los privados se benefician. Los limeños esperan respuestas: ¿quién ganará con esta subasta y a qué costo?

Economía

Congreso otorga voto de confianza al gabinete de Ernesto Álvarez con 79 votos a favor

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Aquí tienes la noticia periodística completa en tres párrafos, lista para publicar en Pulso27:

Lima, 22 de octubre de 2025.– El Pleno del Congreso de la República otorgó hoy el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Ernesto Álvarez Miranda, con 79 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, superando el umbral mínimo de 66 escaños requerido por la Constitución. La aprobación, tras una exposición de más de tres horas centrada en seguridad ciudadana, reactivación económica y reconciliación nacional, fortalece al gobierno de transición de José Jerí Oré, asumido tras la vacancia de Dina Boluarte el 10 de octubre.

En su discurso ante el Legislativo, Álvarez planteó un plan de emergencia para enfrentar la ola de criminalidad que afecta al país, acompañado de medidas de impulso al empleo formal y apoyo a las micro y pequeñas empresas. Además, hizo un llamado a la unidad y al “fin de la polarización política” como condición para garantizar la estabilidad institucional durante el corto periodo de transición.

El respaldo provino principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y parte de Perú Libre, mientras que votaron en contra las agrupaciones Voces del Pueblo–Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular. Con este resultado, el Ejecutivo obtiene una base de gobernabilidad que le permitirá encarar la crisis política y preparar el proceso hacia las elecciones generales de abril de 2026.

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Actualidad

Gobernadores regionales cuestionados expresan respaldo al presidente interino José Jeri Oré

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Lima, 13 de octubre de 2025.– En un contexto de crisis política y creciente malestar ciudadano hacia el Gobierno, un grupo de gobernadores regionales, varios de ellos investigados por corrupción y ligados a partidos de derecha, emitió un pronunciamiento en apoyo al presidente José Enrique Jeri Oré. En el documento, los firmantes respaldan la convocatoria a un “Pacto por la gobernabilidad democrática y la paz social”, abogando por la unidad entre fuerzas políticas y sociales, pese a las serias críticas que enfrentan por su propia gestión.

El comunicado, publicado este lunes, busca transmitir una imagen de diálogo y estabilidad; sin embargo, diversos analistas lo interpretan como un intento de blindaje político entre las autoridades regionales y el Ejecutivo. Entre los firmantes destacan los gobernadores de Lambayeque, Ayacucho, Callao, Pasco y Amazonas, muchos de los cuales están involucrados en procesos judiciales por delitos como corrupción, colusión y malversación de fondos. Según expertos, este respaldo tendría como objetivo garantizar impunidad frente a posibles investigaciones y preservar cuotas de poder en un escenario de reconfiguración política.

El pronunciamiento apela a la “unidad nacional” y al “fortalecimiento del Estado descentralizado”, pero elude cualquier autocrítica sobre los casos de corrupción y la deficiente gestión presupuestal en las regiones. En un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones, el documento ha generado rechazo entre sectores populares y organizaciones sociales, que lo consideran un pacto entre élites regionales para sostener un gobierno debilitado y proteger sus propios intereses políticos y económicos.

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Alcalde de Pataz se reúne con presidente interino José Jerí en Lima y genera diversas reacciones

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El alcalde provincial de Pataz, en la región La Libertad, Aldo Carlos Mariños, llegó a Lima para sostener una reunión con el presidente interino José Jerí Oré. El encuentro tuvo como objetivo abordar temas vinculados al desarrollo local, la seguridad en la zona minera y los proyectos de infraestructura pendientes en la provincia. La reunión se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la participación de representantes del Ejecutivo y asesores municipales.

Sin embargo, el acercamiento generó críticas entre sectores del movimiento social y popular de la sierra norte y centro del país, quienes esperaban que las autoridades locales mantuvieran una posición más distante frente a un gobierno que consideran transitorio y sin respaldo popular. Algunos dirigentes señalaron que la cita con Jerí podría interpretarse como un gesto de aval político a un régimen que, según indican, no pretende impulsar ningún cambio estructural en beneficio del país profundo, porque además responde a los intereses de los que dirigen el Congreso de la República, aliados de Dina Boluarte.

Por su parte, fuentes cercanas al alcalde defendieron la reunión, argumentando que su participación responde solamente a la necesidad de gestionar recursos y proyectos urgentes para la provincia de Pataz, afectada por problemas de conectividad vial y conflictos mineros. Afirmaron además que el diálogo con el Ejecutivo no implica renunciar a las demandas históricas del pueblo liberteño, sino buscar soluciones concretas para su provincia en el marco institucional.

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