Los sindicatos de Argentina hicieron este miércoles una primera demostración de fuerza contra el ajuste económico y las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei, con una huelga general y protestas…
Actualidad
SUNAFIL propone multa de S/ 84 mil a Plaza Vea por excluir tiempo de cambio de uniforme de la jornada laboral

Piura, 01 de setiembre de 2026.- La inspección se originó en una solicitud de fiscalización presentada por la FETRIMAP-CGTP. SUNAFIL identificó dos infracciones muy graves que afectarían a 40 trabajadores de un establecimiento de Compañía Food Retail S.A.C., identificado en el expediente como Plaza Vea–Vivanda, en Piura.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) propuso una multa total de S/ 84 316 contra Compañía Food Retail S.A.C. por excluir de la jornada laboral el tiempo que sus trabajadores destinaban al cambio de uniforme. La actuación inspectiva se produjo a partir de una solicitud presentada por la Federación de Trabajadores de Mercados, Supermercados y Afines (FETRIMAP-CGTP).
La investigación corresponde al establecimiento ubicado en la avenida Grau N.° 555, Piura, y está contenida en el Acta de Infracción N.° 325-2025-SUNAFIL/IRE-PIU. De acuerdo con el documento, la inspección identificó dos infracciones calificadas como muy graves y consideró a 40 trabajadores afectados.
El uniforme era obligatorio, pero el tiempo para cambiarse no era reconocido
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el artículo 28 del Reglamento Interno de Trabajo de la compañía. Según lo recogido en el acta, dicha disposición excluía de la jornada efectiva el tiempo destinado al cambio de vestimenta.
El problema señalado por la inspección es que el propio reglamento establecía la obligatoriedad del uso del uniforme y contemplaba consecuencias frente a su incumplimiento, incluso la posibilidad de impedir el ingreso del trabajador a las instalaciones.
Desde la perspectiva de los trabajadores, el punto central es que la empresa imponía una condición necesaria para prestar servicios, pero trasladaba el tiempo empleado en cumplirla fuera de la jornada laboral. La FETRIMAP-CGTP considera que esta práctica supone cargar sobre el tiempo personal del trabajador una obligación vinculada directamente con la prestación del servicio.
Precedentes laborales respaldan el reconocimiento del tiempo
El acta inspectiva recoge como sustento el precedente de observancia obligatoria establecido mediante la Resolución de Sala Plena N.° 016-2023-SUNAFIL/TFL, así como el criterio desarrollado en la Casación Laboral N.° 9387-2014, Lima Norte.
De acuerdo con estos criterios, cuando el cambio de uniforme se realiza en el centro de trabajo por exigencia del empleador y resulta necesario para desarrollar las labores, dicho periodo forma parte de la jornada de trabajo.
Bajo esta interpretación, un reglamento interno no podría excluir unilateralmente ese periodo del tiempo efectivo de trabajo cuando concurren las condiciones establecidas por la normativa y la jurisprudencia laboral.
SUNAFIL ordenó corregir el reglamento
Durante la fiscalización, SUNAFIL requirió a la compañía modificar la disposición cuestionada y acreditar que el reglamento corregido había sido entregado a los trabajadores comprendidos en la investigación.
La empresa cuestionó la competencia territorial de los inspectores para disponer modificaciones sobre un documento de alcance nacional y sostuvo que el plazo otorgado para cumplir la medida era irrazonable. Sin embargo, el personal inspectivo dejó constancia de que esos argumentos no impedían el cumplimiento de la medida requerida y que no se acreditó su subsanación en ese extremo.
Por ello, la actuación inspectiva terminó considerando no solo la exclusión del tiempo de cambio de uniforme, sino también el incumplimiento de la medida de requerimiento formulada por la autoridad laboral.
Dos infracciones y S/ 84 316 en multas propuestas
La primera infracción fue calificada como muy grave, conforme al numeral 25.6 de la normativa inspectiva referida al incumplimiento de disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo. Por este concepto se propuso una multa de S/ 42 158.
La segunda corresponde al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento y fue calificada como muy grave bajo el numeral 46.7, con otra multa propuesta de S/ 42 158.
En conjunto, ambas sanciones alcanzan S/ 84 316. Sin embargo, esta cifra corresponde a una propuesta contenida en el acta de infracción y no constituye todavía una multa firme. El caso debe continuar dentro del correspondiente procedimiento administrativo sancionador.
La discusión también alcanzó las horas extras
La fiscalización incluyó además la revisión de la compensación y el pago de horas extras correspondientes a un trabajador. En ese extremo, la empresa presentó documentación que fue considerada suficiente por SUNAFIL, por lo que la autoridad dio por cumplido el requerimiento.
De esta manera, las infracciones que sustentan la propuesta económica se concentran en dos aspectos: la exclusión del tiempo destinado al cambio de uniforme de la jornada laboral y la falta de subsanación de la disposición observada.
FETRIMAP-CGTP exige reconocer el tiempo de los trabajadores
Para la FETRIMAP-CGTP, el caso pone en discusión un aspecto concreto de las condiciones laborales: el tiempo que una persona emplea para cumplir una obligación impuesta por su empleador no debería convertirse automáticamente en tiempo personal no remunerado cuando dicho cumplimiento es necesario para ingresar y prestar servicios.
La organización sindical exige que la empresa corrija la disposición cuestionada y respete íntegramente el tiempo que sus trabajadores destinan a cumplir las exigencias establecidas para el desarrollo de sus labores.
El sindicato también reivindica la intervención de la autoridad inspectiva como mecanismo para hacer cumplir las normas laborales y sostiene que la fiscalización se originó precisamente en la acción de los trabajadores organizados para denunciar una situación que, a su juicio, afectaba el reconocimiento efectivo de su jornada.
El caso de Compañía Food Retail S.A.C. queda ahora sujeto al procedimiento administrativo correspondiente. La decisión final determinará si las infracciones propuestas por SUNAFIL son confirmadas, modificadas o dejadas sin efecto, mientras que para los trabajadores la controversia de fondo permanece: si el cambio obligatorio de uniforme, realizado por exigencia de la empresa y necesario para prestar el servicio, debe ser reconocido como parte de la jornada laboral.
Agricultura
Chincho: el aroma de los Andes que guarda la memoria gastronómica del Perú

Originario del Perú, el chincho o suyku es mucho más que una hierba aromática. Su presencia en las cocinas tradicionales, especialmente en la pachamanca y otros potajes andinos, representa un legado de conocimientos agrícolas, culinarios y culturales que merece reconocimiento, investigación y protección.
Lima, 8 de noviembre de 2026.- En las chacras, huertas y paisajes de la sierra peruana crece una planta cuyo aroma forma parte de la memoria gastronómica de numerosas familias: el chincho, conocido también como suyku, chinchu o chikchimpa. Su nombre científico es Tagetes elliptica Sm., una especie de la familia Asteraceae reconocida por su origen peruano y su utilización tradicional en la alimentación.
Aunque para muchos consumidores puede pasar inadvertida entre los ingredientes de un mercado, esta hierba aromática representa una expresión de la biodiversidad andina y de los conocimientos transmitidos entre generaciones. Su presencia en regiones como Huánuco, Áncash, Cajamarca, Junín y La Libertad evidencia su importancia en distintas tradiciones culinarias del territorio nacional. Kew Science+2
El chincho no es simplemente un condimento que se agrega a las comidas para intensificar su sabor. Su utilización está vinculada a las prácticas agrícolas familiares, al conocimiento de las plantas del entorno y a las formas tradicionales de preparar los alimentos. Es parte de una cultura que ha sabido aprovechar los recursos de su territorio mucho antes de que la gastronomía peruana alcanzara reconocimiento internacional.
El secreto está en sus hojas y su aroma
El chincho es una planta herbácea aromática de crecimiento rápido. Sus hojas presentan una estructura característica, con divisiones y bordes aserrados, mientras que sus tallos pueden desarrollar nuevas ramificaciones. Estas características permiten reconocerla y diferenciarla de otras hierbas utilizadas en la cocina peruana.
Su principal atributo es el aroma intenso y particular que desprenden sus hojas. Esta cualidad está relacionada con los aceites esenciales presentes en la planta, responsables de buena parte de sus características organolépticas y de su valor como ingrediente culinario.
La especie pertenece al género Tagetes, al que también pertenece el conocido huacatay. Sin embargo, aunque comparten características botánicas y usos gastronómicos, el chincho tiene identidad propia y ocupa un lugar particular en las cocinas de distintas localidades andinas.
De las chacras a las cocinas: el sabor de la pachamanca
Uno de los espacios donde el chincho adquiere mayor protagonismo es la gastronomía tradicional. Su utilización en la pachamanca constituye una de las expresiones más representativas de su importancia culinaria. En esta preparación ancestral, los ingredientes se cocinan mediante el calor de piedras previamente calentadas y cubiertas con tierra, en un procedimiento que conserva prácticas transmitidas por generaciones.
El chincho aporta su aroma a las preparaciones y acompaña otros ingredientes propios de la alimentación andina. También se utiliza en aderezos, guisos y diferentes potajes regionales, donde sus hojas y tallos comestibles contribuyen a construir sabores característicos.
Su presencia en estos platos demuestra que la gastronomía peruana no depende únicamente de ingredientes ampliamente comercializados. También se sostiene en plantas regionales, productos de las pequeñas chacras y conocimientos culinarios que las familias campesinas han conservado a través del tiempo.

Huánuco y la investigación sobre el valor del chincho
En Huánuco, el chincho tiene especial relevancia gastronómica y también ha despertado el interés de la investigación universitaria. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán ha desarrollado estudios orientados a conocer sus componentes y posibilidades de aprovechamiento.
Una investigación publicada en 2009 en la revista Investigación Valdizana, titulada «Componentes antioxidantes del chincho (Tagetes elliptica Sm): vitamina C y flavonoides», examinó componentes presentes en sus hojas. El estudio identificó vitamina C y flavonoides, pero también advirtió que los resultados obtenidos no permitían considerar al chincho como una hortaliza de elevada capacidad nutricional o antioxidante. Esta precisión es importante para diferenciar los resultados científicos de las afirmaciones medicinales que circulan popularmente.
La investigación sobre esta especie también ha avanzado en el campo de la producción agrícola. En 2025, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán incorporó a su repositorio una investigación sobre el tamaño de esquejes y los tipos de sustratos para la propagación vegetativa del chincho en condiciones de vivero en Pillco Marca, Huánuco. El trabajo aborda un aspecto fundamental: cómo mejorar su reproducción y establecer conocimientos técnicos que permitan fortalecer su cultivo.
Entre la tradición medicinal y la evidencia científica
Además de su utilización gastronómica, el chincho forma parte de los conocimientos populares sobre plantas aromáticas y medicinales. En diferentes tradiciones se le atribuyen propiedades digestivas, antiinflamatorias y otros posibles beneficios para la salud.
Sin embargo, estas aplicaciones tradicionales deben diferenciarse de los efectos clínicos demostrados. Una investigación científica publicada en 2023 examinó la composición química del aceite esencial obtenido de hojas de chincho cultivadas en los Andes peruanos, así como su actividad antioxidante y antibacteriana en condiciones experimentales. Estos resultados contribuyen al conocimiento de la especie, pero no demuestran por sí mismos que consumir la planta o utilizar preparados caseros permita tratar enfermedades en personas.
La importancia de continuar investigando es evidente. El estudio de sus aceites esenciales, composición química, características agronómicas y posibles aplicaciones industriales podría abrir nuevas oportunidades para aprovechar responsablemente este recurso vegetal peruano.
Un recurso agrícola que puede generar oportunidades
El chincho también representa una oportunidad para la agricultura familiar y las economías rurales. Su cultivo, propagación y comercialización podrían contribuir a diversificar la producción de pequeños agricultores, especialmente en territorios donde las plantas aromáticas forman parte de la actividad agrícola cotidiana.
La investigación desarrollada en Huánuco sobre su propagación vegetativa constituye un antecedente importante para avanzar hacia un manejo productivo mejor documentado. Asimismo, su incorporación a cadenas de abastecimiento gastronómico puede favorecer el reconocimiento comercial de los productores que conservan y cultivan esta especie.
No obstante, convertirlo en un producto con mayor presencia comercial requiere investigación agronómica, asistencia técnica, criterios de calidad, conservación del material vegetal y mejores condiciones de comercialización. El desafío consiste en generar oportunidades económicas sin desplazar los conocimientos tradicionales ni concentrar los beneficios fuera de los territorios productores.
Proteger el chincho es preservar nuestros conocimientos ancestrales
La historia del chincho también plantea una reflexión sobre el reconocimiento de la biodiversidad peruana. Muchas plantas utilizadas en la alimentación cotidiana permanecen fuera de las investigaciones, los programas de promoción agrícola y las estrategias de desarrollo territorial, pese a su importancia para las comunidades.
Detrás de cada manojo de chincho existen conocimientos sobre las temporadas de cultivo, la selección de las hojas, su conservación y su utilización en la preparación de alimentos. Son prácticas que forman parte de una herencia cultural que no siempre queda registrada en documentos científicos, pero que se mantiene viva en las familias agricultoras y cocineras.
Por eso, su reconocimiento no debería limitarse a su utilización como ingrediente gastronómico. También corresponde promover investigaciones, documentar los conocimientos de las comunidades, fortalecer la producción local y generar mecanismos que permitan valorar económicamente los recursos de la biodiversidad andina.
El aroma de una herencia que no debe desaparecer
El chincho, conocido como suyku en distintas tradiciones regionales, representa una pequeña muestra de la riqueza natural y cultural del Perú. Su presencia en la pachamanca y en otros platos tradicionales demuestra que la identidad gastronómica nacional también se construye desde las chacras, los mercados populares y las cocinas familiares de los pueblos andinos.
Mientras la gastronomía peruana gana reconocimiento dentro y fuera del país, resulta fundamental mirar hacia los territorios donde se producen y conservan los ingredientes que le dan identidad. No basta con incorporar estas plantas a los restaurantes y circuitos comerciales: es necesario reconocer a los agricultores, proteger los conocimientos tradicionales y fortalecer la investigación científica.
El chincho tiene un lugar en esa historia. Su aroma conecta la tierra con la cocina, la producción agrícola con la cultura y las generaciones actuales con los conocimientos heredados de sus antepasados. Preservarlo significa también defender una parte de la memoria viva de los Andes peruanos.
Internacional
León XIV llega a Argentina golpeada por la pobreza y la desigualdad bajo el gobierno de Milei

La visita del pontífice ocurre en medio de las consecuencias sociales del ajuste económico, el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores populares y las diferencias entre el discurso social del Vaticano y las políticas del Ejecutivo argentino.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2026.- El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, donde fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. Se trata de la primera visita de un pontífice al país desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su viaje apostólico. La llegada del líder de la Iglesia católica ocurre en un escenario marcado por la pobreza, la desigualdad y las controversias generadas por el programa de ajuste económico impulsado por el Gobierno argentino.
El contexto social será uno de los principales telones de fondo de la visita. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3 % de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados, mientras que la indigencia llegó al 7,5 %. El indicador de pobreza registró un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, lo que evidencia un nuevo deterioro en las condiciones de vida de millones de personas.
Aunque el índice de pobreza se encuentra por debajo del registrado al inicio de la gestión de Milei, su reciente repunte vuelve a poner en discusión los efectos sociales del modelo económico. La reducción del gasto público, los recortes presupuestarios, los despidos en el sector estatal y las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos y laborales forman parte de un escenario de tensión entre los objetivos fiscales del Ejecutivo y las demandas de protección social.
Una visita atravesada por las diferencias políticas
La presencia de León XIV también adquiere relevancia por las diferencias entre la orientación social de la Iglesia católica y las políticas económicas del Gobierno argentino. Mientras el Ejecutivo defiende el ajuste como una condición para estabilizar la economía y reducir la inflación, distintos sectores eclesiásticos han expresado preocupación por el impacto de esas medidas sobre las personas pobres, los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad.
En ese contexto, el pontífice llega a un país donde la cuestión social ocupa un lugar central en el debate público. Su antecesor, el papa Francisco, mantuvo una posición crítica frente a las desigualdades económicas y defendió reiteradamente la necesidad de colocar a las personas más vulnerables en el centro de las decisiones políticas. Ese legado constituye una referencia inevitable para una visita que se desarrolla bajo un gobierno que reivindica una profunda reducción de la intervención estatal.
La agenda oficial contempla encuentros institucionales y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su primera jornada, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Milei en la Casa Rosada y participar en un encuentro con autoridades, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
La deuda social, en el centro de la expectativa
Durante los días siguientes, el Papa desarrollará actividades con comunidades religiosas y distintos sectores de la sociedad. Entre ellas figuran una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad; una celebración multitudinaria en Buenos Aires; actividades en Córdoba y una misa en la ciudad de Luján.
Estos compromisos tienen una dimensión que trasciende el protocolo religioso. La visita a una institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad adquiere especial significado en medio de los cuestionamientos a los recortes y las dificultades que atraviesa ese sector. Del mismo modo, los encuentros con representantes sociales y comunitarios se producen en un contexto de reclamos por empleo, ingresos y acceso a derechos básicos.
La llegada de León XIV representa, así, un acontecimiento religioso e institucional de gran relevancia para Argentina, pero también ocurre en un momento de fuertes tensiones económicas y sociales. Sus mensajes sobre la pobreza, la dignidad humana y la protección de los sectores vulnerables serán observados con atención, tanto por una sociedad que reclama respuestas como por un Gobierno que busca sostener su programa económico.
Más allá de los gestos diplomáticos entre el Vaticano y la Casa Rosada, la visita vuelve a colocar una pregunta en el centro del debate argentino: cómo compatibilizar la estabilidad económica con la protección de quienes soportan las consecuencias más duras de la crisis.
Economía
Colegio de Economistas contra pensión docente de S/3.500: solicita revisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581. El Congreso deberá defender la norma en un plazo de 30 días útiles. La controversia enfrenta los argumentos de sostenibilidad fiscal con el derecho de los maestros jubilados a una pensión digna.
Lima, 5 de noviembre de 2026.- La mejora de las pensiones de los maestros jubilados y cesantes del Perú enfrenta un nuevo cuestionamiento judicial. El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581, que establece una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial. El Congreso de la República tendrá 30 días útiles, contados desde la notificación de la resolución, para presentar sus argumentos y defender la norma.
La decisión está contenida en el expediente 00021-2026-PI/TC, mediante un auto de admisibilidad del 20 de octubre. La admisión no significa que el TC haya declarado inconstitucional la ley ni que el beneficio haya quedado suspendido. Se trata del inicio del proceso en el que se evaluarán los argumentos del demandante y la respuesta del Parlamento.
¿Por qué el Colegio de Economistas cuestiona la pensión docente?
El Colegio de Economistas de Lima sostiene que la Ley 32581 vulnera principios constitucionales relacionados con la sostenibilidad financiera de los regímenes pensionarios, la igualdad ante la ley, el equilibrio presupuestario y la separación de poderes. También cuestiona que el Congreso haya aprobado una obligación económica para el Estado sin contar con iniciativa de gasto, atribución que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo en los términos establecidos por su artículo 79.
Otro de sus argumentos es que la norma establece una vinculación directa y permanente entre las pensiones de los docentes cesantes y un componente remunerativo de los maestros en actividad. Según el gremio, esta fórmula podría generar incrementos pensionarios automáticos y proporcionales, reproduciendo un mecanismo de nivelación pensionaria que considera incompatible con la Constitución.
Para sustentar su posición, el Colegio cita estimaciones de impacto fiscal elaboradas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y afirma que la ley crea compromisos financieros de gran magnitud sin identificar una fuente específica de financiamiento. También cuestiona que los maestros jubilados reciban un tratamiento diferenciado respecto de pensionistas de otras profesiones. Estos son argumentos de la parte demandante y no conclusiones del Tribunal Constitucional. TC+1
¿Qué interés tiene el Colegio de Economistas en esta controversia?
La intervención del Colegio de Economistas tiene un fundamento institucional: el artículo 203, inciso 8, de la Constitución reconoce a los colegios profesionales legitimidad para presentar demandas de inconstitucionalidad en materias relacionadas con su especialidad. En este caso, el gremio ha decidido intervenir en una discusión sobre obligaciones previsionales, presupuesto público y sostenibilidad financiera.
Sin embargo, la controversia también merece una lectura desde la economía política. La defensa del equilibrio fiscal es una obligación del Estado, pero no debería convertirse en un argumento absoluto para limitar mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores jubilados. La discusión debe incorporar tanto el costo presupuestario de la medida como la situación económica de los docentes que dedicaron décadas de trabajo al sistema educativo público.
La pregunta de interés ciudadano es por qué el debate sobre la disponibilidad de recursos públicos suele concentrarse en las obligaciones sociales y previsionales, y qué criterios se utilizan para establecer prioridades en la distribución del presupuesto nacional. Esto no supone atribuir al Colegio intereses particulares o motivaciones ocultas, sino exigir que sus argumentos económicos sean contrastados con información transparente sobre el gasto público, las necesidades de los pensionistas y las alternativas de financiamiento.
¿La demanda pone en riesgo el beneficio de los maestros?
La Ley 32581 fue publicada el 15 de abril de 2026, después de que el Congreso aprobara su promulgación por insistencia frente a las observaciones del Poder Ejecutivo. Su finalidad es garantizar que los maestros jubilados y cesantes comprendidos en los regímenes establecidos por la norma reciban una pensión equivalente a la primera escala magisterial. Esta referencia asciende a S/ 3.500,70 para una jornada de 30 horas y S/ 4.667,60 para una de 40 horas.
No obstante, existe otro problema pendiente: la reglamentación de la ley. La norma otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de 90 días calendario para aprobarla. Al 5 de noviembre de 2026, todavía se reportaba que no había sido publicada. Esta situación mantiene pendiente la definición de los mecanismos administrativos y financieros para ejecutar el beneficio.
El costo fiscal frente al derecho a una jubilación digna
La discusión económica también tiene antecedentes. El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que la medida podría representar un costo aproximado de S/ 5.600 millones anuales para el Estado, según información difundida por Gestión. Esta estimación constituye una advertencia sobre el impacto presupuestario y debe contrastarse con los cálculos oficiales de las entidades responsables.
El debate, por tanto, no debería reducirse a una confrontación entre economistas y maestros, ni a aceptar que toda obligación social constituye automáticamente una amenaza para las finanzas públicas. Corresponde al Estado transparentar los costos, evaluar las fuentes de financiamiento y explicar cómo compatibilizar la sostenibilidad fiscal con la protección social de quienes dedicaron su vida a la educación.
La controversia continuará en el Tribunal Constitucional, donde el Congreso deberá responder los argumentos del Colegio de Economistas. Mientras no exista una sentencia sobre el fondo, la Ley 32581 continúa vigente. Lo que está en discusión es si el mecanismo aprobado por el Parlamento se ajusta a la Constitución y cómo se hará efectivo el derecho previsional que reconoce la norma.
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