Transportistas protestan contra la inseguridad y el gobierno de Dina Boluarte en Lima y regiones

La Asociación Nacional de Conductores del Perú, liderada por Miguel Palomino, ha anunciado un paro de transportistas en Lima Metropolitana para los días 24 y 25 de julio, en respuesta a la creciente ola de extorsiones y sicariato que afecta al sector. El reciente asesinato de dos trabajadores de la empresa Emptonsa ha intensificado las demandas de seguridad, llevando a los transportistas a organizar una movilización que iniciará en la Plaza Dos de Mayo a las 4:00 p.m., con rumbo al Ministerio Público. Los gremios exigen medidas urgentes para combatir la delincuencia que amenaza sus vidas y sus medios de subsistencia.

El paro no se limitará a la capital. Según Palomino, se ha coordinado con asociaciones de transportistas de diversas regiones del país para extender las protestas hasta el 28 de julio, coincidiendo con las celebraciones de Fiestas Patrias. Esta acción busca visibilizar la crisis de inseguridad que enfrentan los trabajadores del transporte, quienes denuncian ser víctimas constantes de extorsiones y ataques violentos. Las autoridades aún no han emitido una respuesta oficial sobre las demandas del gremio, lo que incrementa la tensión ante las movilizaciones.

Por otro lado, la Alianza Nacional de Transportistas ha convocado a un paro nacional separado para los días 27 y 28 de julio, sumándose a las protestas con reclamos similares. Este grupo, además, ha elevado sus demandas al ámbito político, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte por considerar que el gobierno no ha abordado de manera efectiva la inseguridad ciudadana. La convergencia de estas protestas podría generar significativas interrupciones en el transporte público y de carga en varias regiones del país.

Las autoridades locales y el Ministerio del Interior han sido instados a dialogar con los gremios para evitar el impacto de las paralizaciones en la población. Sin embargo, los transportistas han advertido que no cesarán en sus acciones hasta obtener respuestas concretas. La ciudadanía, por su parte, se prepara para posibles afectaciones en la movilidad, especialmente en Lima, donde el transporte público es esencial para millones de personas.

Este escenario refleja el creciente malestar en el sector transporte, que se suma a las tensiones sociales y políticas que atraviesa el Perú. Mientras los gremios buscan ser escuchados, la población espera soluciones que garanticen tanto la seguridad de los trabajadores como el normal desarrollo de las actividades diarias. Las próximas semanas serán clave para determinar si el diálogo entre el gobierno y los transportistas logra desactivar el conflicto o si las protestas escalan aún más.