Lima, 4 de noviembre de 2025 – El gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras la decisión de este país de otorgar asilo político de Betssy Chávez, acusada de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Pedro Castillo en 2022. La Cancillería peruana, liderada por Hugo de Zela, calificó el asilo como un “acto inamistoso” y una injerencia en asuntos internos, ordenando la salida de la encargada de la embajada mexicana, Karla Ornelas. México, por su parte, rechazó la medida como “desproporcionada” y expresó preocupación por el impacto en los aproximadamente 20,000 peruanos residentes en su territorio, quienes podrían enfrentar dificultades en trámites consulares.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, defendió el asilo a Chávez como un derecho amparado por la Convención de Caracas de 1954, alegando irregularidades en su proceso judicial en Perú. En un comunicado, México lamentó la decisión peruana y advirtió que la ruptura de lazos diplomáticos afectará a los connacionales peruanos, especialmente en trámites como renovación de pasaportes, visas y asistencia legal. Aunque los servicios consulares permanecerán activos, la ausencia de una embajada operativa podría generar demoras y complicaciones, en un contexto donde México es el principal socio comercial de Perú en América Latina, con un intercambio de 10,000 millones de dólares anuales.

La comunidad peruana en México, concentrada principalmente en Ciudad de México y Guadalajara, expresó incertidumbre ante la crisis diplomática. “Necesitamos claridad sobre cómo se gestionarán nuestros documentos; muchos dependemos de estos trámites para trabajar y estudiar”, señaló Ana Morales, representante de la Asociación de Peruanos en México. La SRE mexicana reiteró su compromiso con el diálogo para mitigar el impacto y mantener los lazos históricos con Perú, pero la escalada de tensiones, que incluye antecedentes como la expulsión del embajador mexicano en 2022, sugiere un panorama complejo para la reconciliación bilateral en el corto plazo.

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Lima, 22 de octubre de 2025.– El Pleno del Congreso de la República otorgó hoy el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Ernesto Álvarez Miranda, con 79 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, superando el umbral mínimo de 66 escaños requerido por la Constitución. La aprobación, tras una exposición de más de tres horas centrada en seguridad ciudadana, reactivación económica y reconciliación nacional, fortalece al gobierno de transición de José Jerí Oré, asumido tras la vacancia de Dina Boluarte el 10 de octubre.

En su discurso ante el Legislativo, Álvarez planteó un plan de emergencia para enfrentar la ola de criminalidad que afecta al país, acompañado de medidas de impulso al empleo formal y apoyo a las micro y pequeñas empresas. Además, hizo un llamado a la unidad y al “fin de la polarización política” como condición para garantizar la estabilidad institucional durante el corto periodo de transición.

El respaldo provino principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y parte de Perú Libre, mientras que votaron en contra las agrupaciones Voces del Pueblo–Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular. Con este resultado, el Ejecutivo obtiene una base de gobernabilidad que le permitirá encarar la crisis política y preparar el proceso hacia las elecciones generales de abril de 2026.

Lima, 13 de octubre de 2025.– En un contexto de crisis política y creciente malestar ciudadano hacia el Gobierno, un grupo de gobernadores regionales, varios de ellos investigados por corrupción y ligados a partidos de derecha, emitió un pronunciamiento en apoyo al presidente José Enrique Jeri Oré. En el documento, los firmantes respaldan la convocatoria a un “Pacto por la gobernabilidad democrática y la paz social”, abogando por la unidad entre fuerzas políticas y sociales, pese a las serias críticas que enfrentan por su propia gestión.

El comunicado, publicado este lunes, busca transmitir una imagen de diálogo y estabilidad; sin embargo, diversos analistas lo interpretan como un intento de blindaje político entre las autoridades regionales y el Ejecutivo. Entre los firmantes destacan los gobernadores de Lambayeque, Ayacucho, Callao, Pasco y Amazonas, muchos de los cuales están involucrados en procesos judiciales por delitos como corrupción, colusión y malversación de fondos. Según expertos, este respaldo tendría como objetivo garantizar impunidad frente a posibles investigaciones y preservar cuotas de poder en un escenario de reconfiguración política.

El pronunciamiento apela a la “unidad nacional” y al “fortalecimiento del Estado descentralizado”, pero elude cualquier autocrítica sobre los casos de corrupción y la deficiente gestión presupuestal en las regiones. En un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones, el documento ha generado rechazo entre sectores populares y organizaciones sociales, que lo consideran un pacto entre élites regionales para sostener un gobierno debilitado y proteger sus propios intereses políticos y económicos.