Solicitan impedimento de salida del país contra José Luna Gálvez por corrupción y lavado de activos

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial un impedimento de salida del país por 18 meses contra el congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, en el marco de investigaciones por presuntos delitos de corrupción, organización criminal, lavado de activos y tráfico de influencias. La audiencia para evaluar esta medida está programada para el 22 de julio de 2025, bajo la conducción del juez Jorge Chávez Tamariz. La Fiscalía busca garantizar que Luna Gálvez permanezca en el país mientras se desarrollan las pesquisas relacionadas con el caso Lava Jato y otras irregularidades vinculadas a su partido y la Universidad Telesup.

Luna Gálvez es acusado de recibir aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, por un monto aproximado de US$2.5 millones, para financiar las campañas electorales de Solidaridad Nacional en 2011 y 2014. Según las investigaciones, estos fondos habrían sido utilizados para favorecer intereses políticos y empresariales. Además, se le señala por coordinar actos ilícitos en la inscripción de Podemos Perú ante la ONPE en 2018, utilizando firmas falsificadas y recursos de dudosa procedencia, lo que permitió al partido participar en elecciones posteriores.

Otro eje de la investigación apunta al presunto uso de la Universidad Telesup, fundada por Luna Gálvez, como fachada para lavar activos. La Fiscalía estima que entre 2010 y 2018, Telesup recibió ingresos no justificados por más de S/50 millones, los cuales habrían sido utilizados para encubrir pagos ilícitos. También se investiga a su hijo, José Luna Morales, y a otros colaboradores cercanos, quienes están incluidos en el pedido de impedimento de salida, por su presunta participación en la red de corrupción.

El Ministerio Público sostiene que Luna Gálvez lideraba una organización criminal que operó durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio, entre 2004 y 2014, para obtener beneficios económicos y políticos a través de contratos públicos irregulares. La solicitud de impedimento de salida busca evitar que los involucrados eludan la justicia mientras se recopilan pruebas y testimonios clave en el caso.

Esta medida refleja el esfuerzo de las autoridades por avanzar en la lucha contra la corrupción en el Perú. El Poder Judicial evaluará los argumentos presentados por la Fiscalía para determinar si procede el impedimento, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para el panorama político y electoral del país.