Balcázar evalúa decreto de gracia presidencial para liberar a Pedro Castillo antes del 27 de julio

Lima, 24 de julio de 2026.- A solo días de culminar su mandato interino, el presidente José María Balcázar estaría evaluando ejercer la facultad prevista en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución para otorgar el Derecho de Gracia Presidencial a favor del expresidente José Pedro Castillo Terrones. Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno señalan que el mandatario buscaría concretar la medida antes de la transferencia del poder, pese a los informes desfavorables emitidos por la Dirección de Gracias Presidenciales, cuya opinión no tiene carácter vinculante para la decisión final del jefe de Estado.

El eventual decreto se sustentaría en tres argumentos principales: la Opinión 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que concluyó que la privación de libertad de Castillo fue arbitraria y recomendó su inmediata liberación; el presunto exceso del plazo razonable de la etapa de instrucción del proceso penal, al haberse superado el tiempo legal previsto; y la necesidad de contribuir a la pacificación nacional frente a la persistente crisis política que atraviesa el país.

La posibilidad de conceder la gracia presidencial cobró mayor relevancia luego de conocerse el informe de la Dirección de Gracias Presidenciales, firmado el 20 de julio por su director, Jhoner Michael Quispe Romani, en el que se concluye que la solicitud presentada por el congresista Elías Varas no cumplía con los requisitos formales establecidos en el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, razón por la cual se recomendó no evaluar el pedido en esa vía administrativa.

Sin embargo, especialistas recuerdan que dicho informe constituye una opinión técnica y no limita la potestad constitucional del presidente de la República para conceder una gracia presidencial cuando considere que existen razones jurídicas, humanitarias o de interés nacional debidamente motivadas. De concretarse, el decreto supremo requeriría únicamente el refrendo del ministro de Justicia y su publicación en el diario oficial El Peruano para surtir efectos legales.

La eventual decisión también estaría respaldada por el debate jurídico generado en torno al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, así como por la discusión sobre el plazo razonable del proceso penal seguido contra el exmandatario. Ambos elementos han sido invocados por la defensa de Castillo y por diversos sectores políticos que cuestionan la prolongación de su detención.

No obstante, constitucionalistas advierten que una eventual gracia presidencial podría ser objeto de impugnaciones judiciales por parte de quienes consideren insuficiente su motivación o incompatible con los procesos penales en curso. Pese a ello, otros expertos sostienen que la facultad presidencial es discrecional y que el eventual control judicial recaería sobre la motivación del acto, mas no sobre la conveniencia política de la decisión.

En el Congreso, la presión sobre el Ejecutivo se ha intensificado durante los últimos días. Los congresistas Roberto Sánchez, Margot Palacios, Elías Varas, Jaime Quito y otros representantes del progresismo, la izquierda y del campo popular han exigido públicamente que el presidente Balcázar ejerza sus atribuciones antes del cambio de mando. Los legisladores sostienen que el informe de la Dirección de Gracias Presidenciales no tiene carácter vinculante y que el Estado debe atender las recomendaciones de la ONU, respetar el plazo razonable del proceso y poner fin a lo que califican como una detención arbitraria del expresidente.

La eventual liberación de Pedro Castillo marcaría uno de los actos políticos y jurídicos más trascendentes del gobierno de transición de José María Balcázar y tendría un fuerte impacto en el escenario nacional, a pocos días de la juramentación del nuevo gobierno encabezado por Keiko Fujimori. Mientras sus partidarios consideran que la medida contribuiría a la reconciliación del país, sus detractores sostienen que podría abrir un nuevo frente de confrontación institucional.