Videos previos a la masacre de Trujillo ponen en jaque versión policial y cuestionan a la PNP

Trujillo, 12 de setiembre de 2026.- Nuevas imágenes de cámaras de seguridad difundidas por Hildebrandt en sus Trece vuelven a poner bajo cuestionamiento la versión oficial sobre la masacre de Trujillo, ocurrida el pasado 30 de agosto y que dejó cuatro personas asesinadas y al comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla secuestrado. Los registros fueron captados aproximadamente 12 horas antes del ataque y muestran a varias personas utilizando la camioneta Toyota Hilux vinculada posteriormente con el crimen.

Las imágenes fueron registradas en un grifo de la avenida España, a unas seis cuadras del lugar donde ocurrió el ataque. En la secuencia aparecen cuatro hombres vinculados a dos vehículos y, posteriormente, un hombre acompañado por dos mujeres. Parte de ellos termina abordando la Hilux, después de colocar equipaje en la tolva. La escena adquiere especial relevancia porque se trataría de los últimos ocupantes conocidos de la camioneta antes de la masacre.

¿Y los primeros detenidos?

El nuevo material golpea directamente la hipótesis policial que inicialmente presentó a los primeros intervenidos como integrantes de la organización criminal que ejecutó el ataque. Según fuentes de la Fiscalía citadas por el semanario, los hombres registrados en las nuevas imágenes presentarían una talla y contextura compatibles con quienes habrían participado en el crimen, a diferencia de algunos de los detenidos inicialmente exhibidos por la Policía.

La revelación resulta especialmente incómoda para el alto mando policial. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, han defendido públicamente los avances de la investigación y la participación de los detenidos. Revoredo llegó a sostener que entre los intervenidos había dos o tres personas que habrían disparado directamente durante el ataque.

Sin embargo, la propia Policía había reconocido que la investigación todavía estaba en desarrollo y que debía establecerse el grado de participación de cada detenido. El Ministerio del Interior informó inicialmente sobre cinco intervenidos como presuntos integrantes de “Los Pulpos”, mientras que posteriormente el número de detenidos fue aumentando y Revoredo afirmó que algunos habrían cumplido funciones directas en la escena.

Una camioneta, varias interrogantes

El caso también mantiene abierta la controversia sobre la camioneta utilizada en el ataque, cuya placa fue reportada como clonada. A ello se suma la aparición de un Suzuki relacionado con Peter Bocanegra Aguilar, detenido por su presunta vinculación con el crimen, que habría seguido los movimientos de la Hilux y vuelto a aparecer cerca de ella después del ataque.

Las nuevas imágenes no prueban por sí solas quiénes ejecutaron la masacre ni determinan responsabilidad penal. Pero sí introducen un elemento que la Fiscalía deberá contrastar con las declaraciones, pericias, registros telefónicos, cámaras de seguridad y demás evidencias. De hecho, la situación jurídica de los detenidos sigue siendo la de investigados y corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades con base en la evidencia reunida.

¿Cambiará el discurso del Gobierno?

La evidencia también coloca presión política sobre la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo. El Gobierno había presentado las capturas como un resultado importante frente al crimen organizado, mientras la Policía defendía la tesis de que los detenidos tenían participación en el ataque. Las nuevas imágenes obligan, como mínimo, a revisar públicamente esa narrativa.

La pregunta que queda abierta es si el Ejecutivo mantendrá la prevista ceremonia de desagravio y despedida para el general Óscar Arriola o si, ante las nuevas evidencias, modificará su posición. Sobre todo, deberá explicar si mantiene la afirmación de que los detenidos presentados por la Policía fueron los autores materiales de la masacre o si reconocerá que la investigación enfrenta nuevas y serias interrogantes. El caso de Trujillo, lejos de estar cerrado, vuelve a colocar a la PNP y al Gobierno bajo escrutinio.