Defensor del Pueblo en la mira: Denuncia constitucional y polémicas declaraciones sobre cierre del Congreso agravan crisis en la institución

Lima, 6 de septiembre de 2026 .- El Defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez Cóndor, se encuentra en el ojo de la tormenta tras sus polémicas declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso, que desataron una denuncia constitucional presentada el 4 de septiembre por la congresista Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú). En una entrevista del 27 de agosto de 2026, Gutiérrez afirmó que, de disolverse el Congreso por la presidenta Keiko Fujimori, su popularidad podría aumentar “tranquilamente 20 o 30 puntos”. Aunque aclaró que se trataba de un escenario hipotético, las palabras generaron un fuerte rechazo en el Parlamento, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría (SITRADP) y sectores de la sociedad civil, que las compararon con el autogolpe de 1992.

La denuncia constitucional, basada en los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Carta Magna, acusa a Gutiérrez de infracción al orden constitucional y pide su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 10 años. Ante la presión, el Defensor ofreció disculpas públicas el 6 de septiembre, insistiendo en que su análisis buscaba alertar sobre riesgos democráticos, no respaldar medidas anticonstitucionales. Sin embargo, el daño a su imagen y a la institución parece irreversible: legisladores de diversas bancadas exigen su renuncia inmediata.

Los cuestionamientos a Gutiérrez no son nuevos. Su elección en mayo de 2023 —con 88 votos en el Congreso— ya fue criticada por falta de transparencia y su perfil: excongresista, exasesor de Perú Libre y exabogado de Vladimir Cerrón. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y exdefensores han señalado su falta de experiencia específica en la materia, así como posibles conflictos de interés y una pérdida de independencia de la Defensoría. Además, su gestión ha sido señalada por silencios o posiciones ambiguas frente a leyes polémicas, como las relacionadas con amnistías o prescripción de delitos de lesa humanidad, y el acceso a archivos de la CVR.

La crisis se agrava con alertas internacionales. En 2025, la GANHRI (Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos) abrió un proceso de revisión especial a la Defensoría, tras denuncias de la sociedad civil sobre independencia, transparencia y desempeño como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La institución no habría respondido a los requerimientos, poniendo en riesgo su acreditación internacional (categoría A). Asimismo, la CIDH ha recibido alertas sobre una posible cooptación y debilitamiento del rol de la Defensoría, mientras que en regiones como Puno (2025), su actuación fue rechazada por víctimas de protestas.

El último golpe llegó esta semana: la Contraloría reportó, tras una visita al despacho de Gutiérrez, contrataciones y ascensos irregulares, incluyendo personal sin el perfil requerido o con experiencia “fabricada”. Estos hallazgos, revelados alrededor del 7 de septiembre de 2026, profundizan las dudas sobre la gestión administrativa de la institución, que en los últimos meses ha intentado defender su autonomía con comunicados y demandas de inconstitucionalidad, como en el caso de Petroperú.

El contexto político polarizado del Perú exacerba la crisis. La Defensoría del Pueblo, órgano autónomo creado en 1993, tiene como mandato defender los derechos fundamentales y supervisar al Estado. Sin embargo, bajo la gestión de Gutiérrez —que se extiende hasta 2028—, la institución ha perdido credibilidad ante actores clave. El SITRADP, por ejemplo, exigió una rectificación pública y advirtió que las declaraciones del Defensor normalizan discursos antidemocráticos.

Ante el avance de la denuncia constitucional, Gutiérrez se mostró dispuesto a acudir al Congreso para defenderse. No obstante, el daño a su legitimidad parece difícil de reparar. “El Defensor debe ser un garante de la democracia, no un actor que genere incertidumbre”, declaró la congresista Márquez. Mientras tanto, la sociedad civil y organismos internacionales observan con preocupación el rumbo de una institución clave para los derechos humanos en el país.