Firma de Muñante complica a Miguel Torres por delegación de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori

La inclusión del primer vicepresidente del Senado en la autógrafa de la Ley 32743 genera nuevos cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo. Rosa María Palacios advirtió que los argumentos del titular del Congreso, Miguel Torres, podrían volverse en su contra, mientras el presidente de la Cámara de Diputados exige explicaciones.

Lima, 5 de noviembre de 2026.- La firma de Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, en la autógrafa de la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo, abrió un nuevo cuestionamiento contra el presidente del Congreso, Miguel Torres. La controversia fue comentada por la periodista Rosa María Palacios, quien sostuvo: “Es la segunda nulidad que le sacan con sus argumentos (a Miguel Torres)”.

La observación gira en torno a la participación de Muñante en la suscripción de la autógrafa. El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, pidió a Torres explicar cuál es el sustento constitucional y reglamentario que permitió incorporar la firma del primer vicepresidente del Senado en el documento remitido para la promulgación de la norma.

La firma que genera controversia

En un oficio fechado el 2 de noviembre, Reto cuestionó que la autógrafa incluyera la firma de Muñante, pese a que —según su interpretación— no existiría una disposición expresa que faculte al primer vicepresidente a suscribir ese documento. Por ello, planteó que esa actuación podría configurar una causal de nulidad.

El argumento de Reto toma como referencia una posición que el propio Miguel Torres habría sostenido anteriormente: que cualquier firma no exigida expresamente por las normas y cualquier actuación que exceda las competencias del cargo podría ser considerada nula y generar responsabilidades. Para el titular de Diputados, ese razonamiento también debería aplicarse a la firma incorporada en la autógrafa de la Ley 32743.

Una fe de erratas no cerró el cuestionamiento

La controversia se suma a las observaciones que surgieron tras la publicación de la Ley 32743, el 22 de octubre, en cuyo encabezado se consignó inicialmente que “El Senado de la República” había dado la ley. Dos días después, el 24 de octubre, se publicó una fe de erratas que reemplazó esa mención por “El Congreso de la República”.

Miguel Torres había señalado que se trataba de un error material y que la norma fue aprobada por ambas cámaras. Sin embargo, para Óscar Reto, la corrección del encabezado no resuelve todas las observaciones sobre la tramitación de la autógrafa ni sobre las firmas que aparecen en ella. Por eso solicitó conocer qué medidas adoptará la presidencia del Congreso para esclarecer el procedimiento.

¿Qué está en juego con la Ley 32743?

La Ley 32743 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos durante 90 días calendario, en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. La norma fue otorgada al Gobierno de Keiko Fujimori y establece los ámbitos específicos en los que podrá ejercer esas facultades.

La discusión planteada por Reto y comentada por Palacios abre un debate sobre las competencias de las autoridades parlamentarias y la formalidad de los procedimientos en el nuevo Congreso bicameral. No obstante, hasta el momento, los cuestionamientos difundidos no equivalen a una declaración oficial de nulidad de la Ley 32743. La validez de la norma no debe darse por anulada mientras no exista un pronunciamiento de la autoridad competente.

El caso deja una pregunta pendiente para la conducción del Legislativo: ¿con qué fundamento se incorporó la firma del primer vicepresidente del Senado y qué medidas se tomarán para despejar las dudas sobre la validez del procedimiento? La respuesta de Miguel Torres será clave para esclarecer una controversia que vuelve a poner bajo escrutinio la conducción parlamentaria.