En una decisiva sesión parlamentaria, un bloque de congresistas de izquierda socialista y del movimiento popular logró detener el nuevo intento de la derecha por inhabilitar políticamente al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez. La propuesta conservadora obtuvo solo 44 votos a favor en el caso de Castillo y 53 en el de Chávez, cifras muy por debajo de los 68 votos requeridos. La jornada dejó en evidencia la creciente resistencia frente al lawfare y al uso político de las instituciones que se profundizó tras la ruptura constitucional del 7 de diciembre de 2022.

La congresista Margot Palacios, de Juntos por el Perú, encabezó la firme oposición a estas inhabilitaciones, respaldada por legisladores de diversas bancadas de izquierda y del movimiento popular como Germán Tacuri, Roberto Sánchez, Wilson Quispe, Jaime Quito, Pasión Dávila y José María Balcázar. Para Palacios y sus colegas, las acusaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de una estrategia destinada a impedir que líderes con amplio respaldo popular continúen participando en la vida política del país.

Palacios, candidata al Senado con el número 8 y respaldada por Pedro Castillo, se ha consolidado como una de las voces más coherentes en la defensa de los perseguidos políticos. Recientemente presentó un proyecto de ley de amnistía total para Castillo, con el fin de extinguir las condenas y procesos penales derivados de los sucesos de diciembre de 2022. Según la parlamentaria, esta iniciativa busca corregir el uso instrumental del sistema judicial para validar decisiones políticas impulsadas desde el Congreso.

La congresista sostiene que las sentencias contra Castillo y Chávez responden a un Poder Judicial subordinado a la actual mayoría parlamentaria. En reiteradas intervenciones ha denunciado la criminalización de la protesta social y el intento de excluir de la esfera electoral a quienes representan proyectos de transformación económica y social. Su voz se ha convertido en un referente del campo popular, articulando la defensa de los derechos democráticos con la exigencia de justicia para las víctimas del régimen.

La reciente votación demuestra que, pese al control ejercido por la derecha y sectores aliados —incluyendo a parte de Perú Libre— existe una resistencia firme dentro y fuera del Parlamento. Para los congresistas que votaron en contra, este resultado es una victoria parcial pero significativa en la defensa de la voluntad popular y en la lucha contra la persecución política. Mientras continúan las demandas por la libertad de Pedro Castillo y justicia para las víctimas de la represión, Margot Palacios reafirma su compromiso con una democracia al servicio del pueblo y no de los intereses económicos que buscan perpetuar su dominio.

Lima, 3 de diciembre de 2025 – El partido Podemos Perú, que actualmente postula a Raúl Noblecilla como candidato a la segunda vicepresidencia con discurso de “defensa del pueblo” y promesa de indulto a Pedro Castillo, quedaría en una posición extremadamente incómoda si el Poder Judicial admite a trámite la acusación fiscal que solicita 22 años y 8 meses de prisión para su líder efectivo, José Luna Gálvez, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso conocido como “Los Gánsters de la Política”.

La contradicción sería aún más evidente si se recuerda que los congresistas de la bancada de Podemos Perú votaron unánimemente a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y, durante casi tres años, rechazaron sistemáticamente todas las mociones de vacancia contra Dina Boluarte, blindándola en más de 40 ocasiones junto a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre, solo para voltearle la espalda en octubre de 2025 cuando su impopularidad superó el 90 %.

Analistas consultados por este medio advertirían que, de concretarse el juicio oral contra Luna Gálvez y mantenerse el discurso de “izquierda” en la campaña 2026, Podemos Perú podría perder la poca credibilidad que tiene ante el electorado en un país ya saturado de promesas vacías y traiciones parlamentarias, porque además ya es forzado a extremo el discurso de sus dos candidatos a vicepresidencia, porque en escencia es un partido de la derecha pragmática que siempre estuvo aliniado a los gobiernos neoliberales de turno.

Tegucigalpa, Honduras – En un movimiento que ha desatado una ola de críticas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó este lunes un indulto completo e incondicional al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, liberándolo de una sentencia de 45 años de prisión por su rol en una de las mayores conspiraciones de narcotráfico del mundo. Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado en junio de 2024 por facilitar el envío de más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, en alianza con carteles como el de Sinaloa. La liberación se produjo apenas horas después de que se confirmara la victoria en las elecciones presidenciales hondureñas del candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional –el mismo de Hernández–, respaldado públicamente por Trump. El indulto, firmado el 1 de diciembre, ha sido calificado por demócratas en el Congreso de EE.UU. como un «golpe a la credibilidad» de la lucha antidrogas, mientras que en América Latina se ve como una injerencia descarada en la soberanía regional.

La decisión de Trump llega en un contexto de alta tensión, justo cuando Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y apodado «Tito», se impuso por un margen estrecho en las elecciones del 30 de noviembre, con el 40,24% de los votos frente al 39,69% de su principal rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según resultados preliminares con el 80% de las actas escrutadas. Trump no solo endosó a Asfura en redes sociales, advirtiendo que EE.UU. suspendería la ayuda financiera si no ganaba –»no tiraremos buen dinero tras malo»–, sino que también anunció el indulto a Hernández días antes de los comicios, en un aparente intento de impulsar al Partido Nacional. Críticos como la congresista estadounidense Norma Torres han denunciado que esta maniobra «vuela en contra de la promesa de Trump de combatir el narco-terrorismo», recordando que Hernández fue descrito por fiscales como el centro de un «narco-Estado» que operaba con impunidad. En Honduras, la esposa de Hernández, Ana García, celebró la noticia arrodillada en oración, comparando el caso con una «persecución política» similar a la de Trump.

Desde Perú, donde el narcotráfico sigue siendo una amenaza creciente en regiones como el VRAEM, esta saga resalta las contradicciones de la política exterior estadounidense en el continente. Mientras Trump amenaza con bombardeos a países como Venezuela y Colombia por supuestas rutas de droga, el perdón a un convicto como Hernández genera dudas sobre la selectividad de su «guerra contra las drogas». Analistas del Consejo de Relaciones Exteriores advierten que esto podría erosionar la cooperación regional y alentar regímenes afines en detrimento de la democracia. La liberación de Hernández, quien ya regresó a Tegucigalpa, coincide con la juramentación inminente de Asfura, prometiendo una era de «desarrollo y oportunidades», pero bajo la sombra de acusaciones de fraude electoral y la influencia directa de Washington.