Bogota, 11 de agosto de 2026.- Colombia enfrenta una grave emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El organismo confirmó que se trata del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI. El movimiento fue percibido en amplias zonas de Colombia y también en Panamá y Venezuela.

El número de víctimas ha aumentado conforme los equipos de emergencia ingresan a las zonas afectadas. El balance más reciente disponible este martes 11 de agosto eleva a al menos 224 las personas fallecidas, mientras los reportes periodísticos dan cuenta de cientos de heridos. Las cifras continúan sujetas a actualización debido a que las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en diferentes municipios.

La emergencia también dejó una importante destrucción material. El balance difundido durante la jornada reportó 1.575 viviendas afectadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados, además de daños en establecimientos educativos, centros de salud, vías de comunicación y terminales aeroportuarias. Las ciudades de Pereira, Cali y Manizales, junto con municipios de Chocó, aparecen entre los territorios con mayores afectaciones.

El terremoto fue sentido con fuerza en Cali, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín, Armenia, Popayán y Quibdó, entre otras ciudades. En distintas localidades se produjeron evacuaciones y daños en edificaciones. También se reportaron afectaciones en infraestructura aeroportuaria y en instalaciones públicas, mientras organismos de socorro y autoridades locales inspeccionan estructuras para determinar cuáles pueden continuar operativas y cuáles representan riesgo para la población.

La actividad sísmica continuó después del movimiento principal. El SGC informó inicialmente de 18 réplicas, registradas hasta el mediodía del lunes, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, localizadas principalmente en San José del Palmar y Sipí, en Chocó. Posteriormente se contabilizaron muchas más, por lo que el organismo advirtió que las réplicas pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses. El SGC también precisó que actualmente no existe un método científicamente comprobado que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo o una réplica.

El Gobierno colombiano activó los mecanismos nacionales de respuesta y desplegó equipos de búsqueda y rescate hacia los sectores afectados. Las autoridades concentran sus esfuerzos en localizar personas atrapadas, atender a los heridos, evaluar edificaciones, garantizar la atención hospitalaria y restablecer servicios e infraestructura afectados. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de consolidar los reportes oficiales de daños y coordinar la respuesta frente a la emergencia, mientras el SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica.

El SGC explicó que el terremoto se produjo en una región donde la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana, proceso conocido como subducción y responsable de buena parte de la actividad sísmica del occidente colombiano. Aunque el movimiento tuvo una profundidad de 103 kilómetros, su elevada magnitud permitió que fuera percibido en un territorio muy amplio. El organismo pidió a la población mantener la calma, alejarse de edificaciones dañadas y seguir exclusivamente las informaciones de las autoridades competentes.

La emergencia permanece abierta y el balance de víctimas y daños puede seguir modificándose. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras las autoridades avanzan en la evaluación de viviendas, hospitales, colegios, carreteras y demás infraestructura afectada. El terremoto vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de las ciudades y comunidades colombianas frente a eventos sísmicos de gran magnitud y la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y recuperación ante desastres.

Lima, 8 de agosto 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori ha desatado un nuevo pulso con los trabajadores del Estado al anunciar acciones de inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas en el Congreso anterior. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, confirmó que se impugnarán las normas que otorgan gratificaciones y CTS al régimen CAS, mejoran las pensiones de maestros cesantes, homologan el CAFAE para servidores del régimen 276 en gobiernos regionales y reforman las pensiones de militares y policías. El Ejecutivo sostiene que estas disposiciones ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, la ofensiva no es homogénea. El MEF interpondrá directamente las demandas contra la Ley 32563 (CAS) y la Ley 32424 (CAFAE). En cambio, las impugnaciones a las leyes de pensiones —32581 (maestros) y 32561 (fuerzas armadas y policiales)— ya fueron presentadas por el Colegio de Economistas del Perú, entidad con legitimidad constitucional para actuar en estas materias. El MEF, como ministerio, no figura entre los sujetos habilitados por la Constitución para demandar directamente ante el Tribunal Constitucional.

La ofensiva alcanza a cientos de miles de personas. La Ley 32563 beneficia a más de 350 mil trabajadores CAS con gratificaciones y CTS, pero el Ejecutivo ya reglamentó el pago de forma gradual: este año equivale al 10 % de la remuneración (mínimo S/300) y subirá hasta el 100 % recién en 2030. El Consejo Fiscal estima un costo anual de S/3.000 millones, lo que ha encendido las alarmas en el MEF.

Esta gradualidad ya provocó el primer choque. El Frente Nacional de Trabajadores CAS (con Derechos), que agrupa a más de 40 sindicatos, denuncia que el reglamento desnaturaliza el espíritu de la ley. Su vocera, Mirelly Ticona, ha criticado abiertamente la decisión del Ejecutivo y el gremio ya anunció movilizaciones para exigir el pago íntegro. Para ellos, no es un tema técnico: es el cumplimiento de un derecho ya reconocido.

La segunda norma, la Ley 32581, equipara la pensión de maestros jubilados con la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, unos S/3.300 mensuales. El Consejo Fiscal calcula un impacto anual de S/8.000 millones. El reglamento aún no ha sido aprobado, lo que ha generado reclamos del SUTEP. Su secretario general, Lucio Castro Chipana, ha advertido que sin financiamiento «la norma nace muerta» y ha exigido al Gobierno garantizar el presupuesto.

La tercera controversia es la Ley 32424, que homologa el incentivo CAFAE para administrativos del régimen 276 en regiones, con un costo estimado de S/2.621 millones anuales. Organizaciones como FENTRAGORES, CITE Perú, FENUTTSA y FENSUTACE han sostenido mesas técnicas con el MEF y defienden la homologación. El Congreso modificó en marzo pasado algunos artículos y estableció un nuevo plazo para su reglamentación.

La cuarta norma, la Ley 32561, reordena las pensiones de militares y policías. El Consejo Fiscal estima su impacto en S/46.000 millones en valor presente —compromisos futuros, no un desembolso anual—. Fue aprobada por insistencia del Congreso, tras ser observada por el Ejecutivo, y contó con el impulso del congresista José Cueto, quien la defendió como una reforma de largo plazo.

El MEF insiste en que el Estado no puede asumir compromisos sin respaldo financiero. El ministro Cuba advierte que, sin correctivos, el déficit fiscal podría saltar de 1,8 % a 3 % del PBI desde 2027, con efectos sobre la deuda pública y el riesgo país. Pero los trabajadores plantean otra pregunta: ¿puede hablarse de sostenibilidad cuando el Estado mantuvo durante años regímenes desiguales y funciones permanentes sin los mismos derechos? El caso CAS es paradigmático: fue el expresidente José María Balcázar quien promulgó la ley en marzo de 2026, y ahora el Gobierno fujimorista busca tumbar su constitucionalidad.

El escenario es, así, una batalla por los límites de los derechos laborales y previsionales. El Ejecutivo invoca la responsabilidad fiscal; los sindicatos defienden leyes ya aprobadas y advierten que el equilibrio presupuestario no puede ser excusa para postergar sus reivindicaciones. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, los gremios ya han dejado claro que no aceptarán que el costo del ajuste recaiga sobre sus derechos. La confrontación, advierten, podría volver a las calles en las próximas semanas.

Junín, 8 de agosto 2026.- Las comunidades campesinas de Junín han vuelto a poner en el centro del debate la defensa del agua frente a la actividad minera. En Concepción, la Comunidad Campesina de Mariscal Castilla mantiene sus denuncias contra actividades vinculadas a Chaska II, a las que atribuye una presunta contaminación del río Tulumayo y operaciones que considera no autorizadas. El caso fue incorporado por la Defensoría del Pueblo como conflicto socioambiental en enero de 2026, aunque las denuncias comenzaron en 2025, cuando los comuneros exigieron fiscalización, evaluación de la calidad del agua y suspensión de las actividades cuestionadas.

El conflicto se agravó con la emergencia del río Yuracyacu, en Pariahuanca. A fines de abril murieron cerca de 120 toneladas de truchas en siete criaderos, ocasionando pérdidas estimadas entre 5 y 6 millones de dólares. Dos semanas después, un análisis químico-toxicológico de la Policía Nacional confirmó la presencia de cianuro en el agua y en las truchas muertas y descartó otros agentes tóxicos como pesticidas y raticidas. Las autoridades inspeccionaron la unidad minera Oro Negro, inscrita en el REINFO y ubicada en la parte alta de la cuenca, y se mantuvo la prohibición de utilizar el agua del río para consumo humano, riego y piscicultura.

La magnitud del problema llevó a los dirigentes de Pariahuanca hasta Lima, a comienzos de junio, para exigir sanciones y remediación. Según cifras del propio Gobierno Regional de Junín, en la cabecera del Yuracyacu existirían 18 concesiones mineras tituladas, 16 en trámite y 6 inscritas en el REINFO. Para las comunidades, el problema ya no sería únicamente una operación minera, sino el riesgo de que múltiples actividades extractivas comprometan las fuentes de agua de toda la cuenca.

El 18 de junio, alrededor de 500 pobladores, según la posterior disposición fiscal, bloquearon los accesos al Gobierno Regional de Junín para exigir una reunión con el gobernador Zósimo Cárdenas. La Policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersarlos, pero la protesta continuó durante más de 30 horas, hasta que representantes de las comunidades suscribieron un acta de compromisos con la vicegobernadora Milagros Inche. Cárdenas, que no estuvo presencialmente, ratificó los acuerdos por vía telefónica.

Entre los compromisos figuraba impulsar una ordenanza regional para declarar de interés regional la protección de las cabeceras de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo, además de revisar concesiones mineras y registros REINFO, fortalecer la vigilancia sanitaria y apoyar a los piscicultores afectados. Sin embargo, la promesa encontró un freno en el propio Consejo Regional de Junín. A comienzos de julio, solo tres consejeros respaldaron su aprobación inmediata y la mayoría decidió enviarla durante 30 días adicionales a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a la espera de informes de la ANA, MINAM y SERNANP.

La sesión estuvo marcada además por la intervención de abogados que se presentaron como representantes de empresas mineras de la zona, entre ellas Oro Negro. El gerente regional de Recursos Naturales, Vladimir Yáñez, cuestionó la postergación y señaló que la intervención privada generó dudas entre los consejeros, pese a que el equipo técnico había calificado la protección de las cabeceras como un asunto urgente y emergente. Así, más de un mes después del acuerdo con las comunidades, la protección formal de las cuencas continúa pendiente.

La respuesta estatal también abrió otro frente. Semanas después de la protesta, la Fiscalía Provincial Penal de Huancayo inició una investigación preliminar contra el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena, y otros cinco dirigentes por el bloqueo de los accesos al Gobierno Regional. Para las organizaciones campesinas, la situación resulta preocupante: mientras los dirigentes que protestaron son investigados, hasta la fecha no existen responsables identificados por la contaminación con cianuro denunciada en el Yuracyacu.

El problema alcanza también al Gobierno Nacional. En mayo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso abordó formalmente la contaminación del Yuracyacu y solicitó informes al OEFA y la ANA. La comisión calificó el hecho como una tragedia ambiental y cuestionó que ninguna autoridad hubiera asumido hasta entonces responsabilidad política o administrativa. En paralelo, la Defensoría ya había advertido desde 2025 la necesidad de una supervisión conjunta en el Tulumayo con participación de la DREM Junín, la autoridad del agua, la municipalidad y representantes comunales, diligencia que fue reprogramada por problemas de notificación a la empresa.

Tulumayo y Yuracyacu muestran así un conflicto que crece más allá de una comunidad y una empresa: las organizaciones campesinas están defendiendo las cabeceras de cuenca como fuente de agua, agricultura y vida. Mientras el Consejo Regional posterga la ordenanza, la Fiscalía investiga a dirigentes y el Gobierno Nacional continúa procesando informes y pedidos institucionales, las comunidades exigen algo concreto: que el Estado fiscalice antes de que tengan que salir a protestar y que proteja el agua antes de que el daño sea irreversible. Para los pueblos de Junín, el mensaje es claro: “Primero el agua. Después discutimos la minería”.