Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal Patricia Benavides, fue denunciada por presuntamente haber aceptado sobornos a cambio de exculpar a detenidos por narcotráfico.
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Ataque al Poder Judicial: Investigación contra magistrados pone en riesgo la independencia y fomenta la impunidad

En un hecho que ha generado una fuerte controversia política y jurídica, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado una investigación disciplinaria contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y otros magistrados de la Corte Suprema. Este proceso, impulsado por una mayoría parlamentaria afín a la derecha y sectores aliados como Perú Libre, ha sido denunciado como un intento de debilitar la independencia judicial y garantizar la impunidad de figuras políticas vinculadas a casos de corrupción y crimen organizado.
La decisión de la JNJ, organismo encargado de evaluar y sancionar a los jueces y fiscales del país, ha sido calificada por expertos y organizaciones de la sociedad civil como una maniobra política más que administrativa. Según los críticos, el objetivo real de esta investigación no es corregir supuestas faltas disciplinarias, sino remover a magistrados incómodos para el poder político y reemplazarlos con jueces afines a los intereses de grupos como el fujimorismo y sus aliados.

Conflictos de interés y falta de legitimidad
Uno de los aspectos más cuestionados de esta investigación es la participación de una consejera de la JNJ, exjueza con vínculos evidentes con un partido político cuyos líderes enfrentan graves procesos judiciales. Esta situación ha sido denunciada como un claro conflicto de interés, ya que su intervención en el caso carece de imparcialidad y pone en duda la legitimidad del proceso. Además, se ha señalado que la supuesta falta atribuida a los magistrados es de carácter jurisdiccional y no debería ser competencia de la JNJ, sino resuelta por la propia Sala mediante los mecanismos legales establecidos.
Doble rasero en la lucha contra la corrupción
La rapidez con la que se ha impulsado esta investigación contrasta con la lentitud y pasividad mostrada por la JNJ y otros organismos de control frente a denuncias de corrupción y violaciones al debido proceso. Mientras los grandes casos de lavado de activos y crimen organizado avanzan con una lentitud sospechosa, esta investigación exprés contra los máximos representantes del Poder Judicial ha sido interpretada como un intento de desviar la atención y proteger a quienes buscan evadir la justicia.
En los últimos años, el Congreso ha sido utilizado como un refugio para bloquear investigaciones y reformas que buscan fortalecer la rendición de cuentas. Mediante cambios legislativos, se han reducido penas y se han creado obstáculos para las investigaciones contra políticos y empresarios vinculados a actos de corrupción. Este contexto ha llevado a muchos a ver la investigación contra Tello Gilardi y otros magistrados como parte de una estrategia más amplia para garantizar la impunidad de los poderosos.

Un precedente peligroso para la democracia
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia. Permitir que el poder político utilice organismos de control para remover jueces y fiscales a conveniencia no solo debilita la institucionalidad democrática, sino que también sienta un precedente peligroso para el futuro de la justicia en el país. Si esta maniobra prospera, se pondrá en riesgo la lucha contra la corrupción y se consolidará un sistema en el que la impunidad sea la norma.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho constitucional han llamado a la ciudadanía a estar alerta ante lo que consideran un ataque directo al Estado de derecho. Lo que está en juego no es solo el destino de algunos jueces, sino el futuro de la justicia y la democracia en el Perú. La comunidad internacional también ha comenzado a expresar su preocupación, señalando que la independencia judicial es esencial para garantizar el respeto a los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
La investigación contra la presidenta del Poder Judicial y otros magistrados de la Corte Suprema representa un nuevo capítulo en la batalla por el control de la justicia en el Perú. Lo que comenzó como una disputa política podría convertirse en una crisis institucional si no se toman medidas para proteger la independencia del Poder Judicial. En un momento en el que la corrupción y la impunidad amenazan con socavar los cimientos del Estado de derecho, la defensa de la justicia independiente se ha convertido en una tarea urgente para todos los peruanos.
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Ayacucho conmemora tres años de la masacre del 15 de diciembre 2022

Ayacucho, 16 de diciembre de 2025. – A tres años de los trágicos sucesos del 15 de diciembre de 2022, cuando diez civiles perdieron la vida durante la represión de protestas sociales cerca del aeropuerto de Huamanga, los familiares de las víctimas realizaron diversas actividades de conmemoración y exigieron, una vez más, justicia y sanción para los responsables, incluyendo a los autores materiales e intelectuales de lo que califican como una «masacre» perpetrada durante el gobierno anterior de Dina Boluarte.Las actividades se extendieron desde el 13 hasta el 15 de diciembre, e incluyeron exposiciones fotográficas, actos culturales, misas, romerías hacia los lugares de los hechos y vigilias con velas y flores. En la catedral de Ayacucho se ofició una misa central, seguida de una romería que recorrió las calles donde cayeron las víctimas, portando carteles con sus rostros y consignas como «Justicia para los mártires del 15D» y «Sin justicia no hay cierre del caso».
Yobana Mendoza, presidenta de la Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos del 15 de Diciembre (ASFAH), declaró que, pese al cambio de gobierno, no ha habido avances significativos en las investigaciones. «El paso del tiempo no ha traído resultados concretos en el ámbito judicial. Seguimos exigiendo que se determine responsabilidades y se sancione a los asesinos, desde los que dispararon hasta quienes dieron las órdenes», afirmó. Los deudos advirtieron al Estado que el caso no puede cerrarse sin verdad, justicia y reparación.Esta es la primera conmemoración sin Dina Boluarte en el poder, pero las familias denuncian dilaciones en el proceso penal contra altos mandos militares investigados por homicidio calificado.

Organismos internacionales como la CIDH han calificado los hechos como graves violaciones a los derechos humanos.En un acto paralelo registrado el 16 de diciembre, familiares de las víctimas repudiaron el local del partido Renovación Popular en Ayacucho, liderado por Rafael López Aliaga, a quien acusaron de haber restringido manifestaciones en Lima durante las protestas de 2022-2023 y de estigmatizar a los manifestantes. «No le demos votos a esos partidos miserables», gritaron los deudos, recordando las posiciones públicas de López Aliaga en defensa del gobierno anterior.
Los familiares enfatizaron que la memoria de las diez víctimas –entre ellas un menor de edad– sigue viva y que continuarán movilizándose hasta lograr sanciones penales. «La justicia no ha llegado y no vamos a retroceder», concluyó Mendoza, en medio de abrazos y lágrimas durante la vigilia.
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Derrota de la candidata comunista en Chile: El desgaste por la falta de cambios estructurales en el gobierno de Boric

Lima, 15 de diciembre de 2025.- La victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de Chile, con cerca del 58% de los votos frente al 42% de Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista y representante de la coalición de izquierda Unidad por Chile, marca el fin del gobierno progresista de Gabriel Boric en 2022. Esta derrota histórica para la izquierda se atribuye en gran medida al descontento ciudadano con la gestión de Boric, percibida como incapaz de impulsar los profundos cambios estructurales prometidos tras el estallido social de 2019.
El gobierno de Boric llegó al poder con altas expectativas de transformación, impulsado por demandas sentidas en pensiones, salud, educación y una nueva Constitución que reemplazara la heredada de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, dos procesos constituyentes fallidos (rechazados en plebiscitos de 2022 y 2023) y la falta de mayoría en el Congreso obstaculizaron avances significativos. Aunque se aprobaron medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y un aumento del salario mínimo, estas fueron vistas como insuficientes frente a promesas más exigentes. La reforma previsional de 2025, por ejemplo, fortaleció el pilar solidario pero mantuvo el sistema de capitalización individual privado, decepcionando a sectores que esperaban un cambio radical.
Este vacío de reformas estructurales generó un profundo desencanto, especialmente entre los sectores populares que inicialmente apoyaron a la izquierda. Sumado a problemas urgentes como el aumento de la delincuencia, la crisis migratoria y el bajo crecimiento económico, el gobierno de Boric fue percibido como distante de las preocupaciones cotidianas. Jeannette Jara, pese a intentar desmarcarse de la impopularidad del presidente saliente, cargó con el peso de un mandato visto como un plebiscito negativo, lo que facilitó el giro conservador en Chile y abre interrogantes sobre el futuro de la izquierda en la región.
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Crisis de personas sin hogar en el Reino Unido alcanza cifras récord en Navidad 2025

Más de 382.618 personas en Inglaterra pasarán la Navidad sin un hogar permanente, según un análisis publicado este diciembre por la organización benéfica Shelter. Esta cifra representa un aumento del 8% respecto al año anterior e incluye a 175.025 niños. La mayoría (alrededor de 350.000) se encuentran en alojamiento temporal proporcionado por los ayuntamientos, como hoteles o B&B, mientras que miles duermen directamente en las calles, especialmente en Londres.
Datos oficiales del Gobierno británico confirman que, al 30 de junio de 2025, 132.410 hogares estaban en alojamiento temporal —un récord histórico y un incremento del 7,6% interanual—, incluyendo 172.420 niños. En Londres, el problema es más agudo: el sistema CHAIN registró 13.231 personas durmiendo en las calles entre abril de 2024 y marzo de 2025, con miles afectadas mensualmente.
La crisis se atribuye a la escasez de vivienda asequible, altos alquileres y presiones económicas. El Gobierno laborista presentó en diciembre un plan para reducir a la mitad el rough sleeping para 2030, con inversión en prevención y nuevas viviendas sociales, aunque organizaciones como Shelter y Crisis piden medidas inmediatas como descongelar las ayudas a la vivienda.
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