La congresista Margot Palacios Huamán, representante de la región Ayacucho, ha sostenido una semana intensiva de representación en diversas provincias, distritos y comunidades del departamento de Puno. Durante este periodo, ha mantenido…
Economía
Congresista Margot Palacios impulsa nuevo retiro de AFPs y derogatoria de la Ley 32123

La congresista Margot Palacios Huamán, no agrupada, presentó el Proyecto de Ley N° 11385/2024-CR el pasado 30 de mayo, proponiendo un octavo retiro de hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/26,750, de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización (CIC) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Hoy, durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso, Palacios defendió la iniciativa destacando la necesidad de proteger los intereses de los afiliados frente a las restricciones impuestas por la reciente reforma previsional (Ley N° 32123). La congresista criticó la mala administración de las AFP, señalando que, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estas han generado pérdidas económicas significativas para los aportantes en los últimos 20 años.
Palacios argumentó que el retiro de fondos es una medida urgente para aliviar la crisis económica que enfrentan millones de peruanos, en un contexto de pobreza monetaria que afecta al 29% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En su exposición, la legisladora enfatizó que el dinero pertenece a los trabajadores y debe estar disponible para cubrir necesidades inmediatas, como salud, educación y alimentación. Además, cuestionó la legitimidad del sistema previsional actual, afirmando que “ha perdido credibilidad” debido a las bajas pensiones que reciben los afiliados, muchas de las cuales no superan los S/600 tras décadas de aportes.
El proyecto de Palacios, que busca superar los límites establecidos por la reforma previsional, se suma a otras 24 iniciativas similares en debate en la Comisión de Economía, que este 17 de septiembre aprobó por mayoría un dictamen para autorizar un retiro de hasta 4 UIT (S/21,400). Aunque el respaldo del Ejecutivo y la presión ciudadana fortalecen la viabilidad de estas propuestas, el BCRP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierten que un nuevo retiro podría dejar a 8.6 millones de afiliados sin fondos para su jubilación, agravando el riesgo de pobreza en la vejez. El dictamen ahora pasará al Pleno del Congreso, donde se espera un intenso debate antes de su posible aprobación.
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Crisis de personas sin hogar en el Reino Unido alcanza cifras récord en Navidad 2025

Más de 382.618 personas en Inglaterra pasarán la Navidad sin un hogar permanente, según un análisis publicado este diciembre por la organización benéfica Shelter. Esta cifra representa un aumento del 8% respecto al año anterior e incluye a 175.025 niños. La mayoría (alrededor de 350.000) se encuentran en alojamiento temporal proporcionado por los ayuntamientos, como hoteles o B&B, mientras que miles duermen directamente en las calles, especialmente en Londres.
Datos oficiales del Gobierno británico confirman que, al 30 de junio de 2025, 132.410 hogares estaban en alojamiento temporal —un récord histórico y un incremento del 7,6% interanual—, incluyendo 172.420 niños. En Londres, el problema es más agudo: el sistema CHAIN registró 13.231 personas durmiendo en las calles entre abril de 2024 y marzo de 2025, con miles afectadas mensualmente.
La crisis se atribuye a la escasez de vivienda asequible, altos alquileres y presiones económicas. El Gobierno laborista presentó en diciembre un plan para reducir a la mitad el rough sleeping para 2030, con inversión en prevención y nuevas viviendas sociales, aunque organizaciones como Shelter y Crisis piden medidas inmediatas como descongelar las ayudas a la vivienda.
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El atentado contra Rafael Belaúnde Llosa destapa la cara oculta del “capitalismo popular” de los Belaúnde

Lima, 8 de diciembre de 2025 – El ataque armado que sufrió el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa el pasado 2 de diciembre en Cerro Azul (Cañete) ha puesto bajo la lupa no solo la inseguridad que azota a los empresarios peruanos, sino también el origen y la naturaleza del patrimonio inmobiliario que sostiene a una de las familias más tradicionales de la política peruana. Fuentes policiales aún no entregan las pericias balísticas y manejan como hipótesis principal la extorsión ligada a sus proyectos de urbanización, mientras el propio Belaúnde Llosa descarta motivación política y admite haber recibido llamadas de “vacuna” en el pasado. El incidente, sin embargo, ha terminado revelando lo que medios como Cuarto Poder han calificado como “el secreto mejor guardado” del próspero negocio familiar: la Corporación Belaúnde, dedicada al saneamiento y venta de terrenos en zonas de expansión limeña, opera en un contexto de alta vulnerabilidad a mafias de invasores y extorsionadores.
Una herencia de élite con sombras históricas
Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), dirige hoy una cartera inmobiliaria que se alimenta de una tradición de propiedades iniciada en el siglo XIX por generales y ministros de la República, consolidada durante el siglo XX y modernizada en democracia. Aunque no existen procesos judiciales que vinculen directamente al exmandatario con enriquecimiento ilícito —su imagen de probidad personal sigue siendo defendida por Acción Popular y sectores liberales—, su segundo gobierno fue escenario de escándalos como Renatto Bautista, Guvartes y Villa Coca, además de la responsabilidad estatal en miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese pasado, nunca juzgado por su fallecimiento en 2002, reaparece ahora como telón de fondo de la fortuna que permite a su nieto financiar la precandidatura presidencial por Libertad Popular.
Libertad Popular: ¿renovación liberal o continuidad oligárquica?
Mientras Belaúnde Llosa se presenta como abanderado de un “capitalismo popular” que promete igualar oportunidades mediante infraestructura estatal y mercado libre, críticos de izquierda y derecha lo señalan como símbolo de una élite desconectada: en febrero de 2025 desconoció el salario mínimo real y el costo del transporte público. Su partido, fundado junto al expremier Pedro Cateriano y con figuras como Diana Álvarez-Calderón, busca diferenciarse del fujimorismo y del “terruqueo” tradicional, pero arrastra el peso de alianzas pasadas con Fuerza Popular y el estigma familiar de un apellido que, para muchos peruanos, aún evoca tanto carreteras emblemáticas como masacres impunes. A cuatro meses de las elecciones internas de 2026, el atentado de Cañete no solo expuso la fragilidad de los empresarios frente a la delincuencia, sino también la dificultad de vender un proyecto de “renovación liberal” cuando la riqueza que lo sustenta nació en los privilegios de la vieja oligarquía peruana.
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Fuerza Popular y aliados promueven pensión vitalicia para Dina Boluarte

Lima, 2 de diciembre de 2025.– A menos de dos meses de ser vacada por incapacidad moral, la expresidenta Dina Boluarte podría recibir una pensión vitalicia de hasta 35 mil soles mensuales gracias al respaldo de Fuerza Popular y sectores de la derecha parlamentaria que, durante su gestión, fueron sus principales socios para reprimir las protestas que dejaron 49 civiles muertos y cientos de heridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El pedido, presentado apenas diez días después de su salida del poder, avanza en el Congreso con la venia del fujimorismo, que controla la Mesa Directiva a través de Fernando Rospigliosi.
El mismo partido que en 2022 celebró la caída de Pedro Castillo y avaló el estado de emergencia que facilitó la masacre de manifestantes en Ayacucho, Juliaca y Andahuaylas, ahora defiende que Boluarte “fue elegida constitucionalmente” y merece el privilegio, ignorando que nunca ganó una elección como presidenta y que su gobierno fue sostenido con balas y decretos represivos. Voces como la del congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) insisten en que “a todo expresidente se le debe dar pensión”, mientras callan sobre las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la CIDH y Amnistía Internacional.
La indignación ciudadana crece en redes y calles ante lo que muchos califican como el colmo del cinismo: quienes ayer aplaudieron la represión hoy pretenden premiar a su autora con dinero público. Organizaciones de víctimas y familiares de los fallecidos en las protestas anunciaron movilizaciones para los próximos días, exigiendo que el Pleno rechace la pensión y que, en su lugar, se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mando de Boluarte y sus aliados naranja. El debate se verá esta semana y definirá, una vez más, si el Congreso está del lado de los peruanos o de quienes los asesinaron para aferrarse al poder.
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