El proyecto Majes Siguas, que busca impulsar el desarrollo agroindustrial en la región de Arequipa, se encuentra en medio de una encrucijada entre la incertidumbre y la ilusión de su avance. El…
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Proyecto Majes Siguas II: Seis meses después de su transferencia, avances estancados y crece la incertidumbre

Seis meses después de que el Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS) fuera transferido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el informe presentado por la cartera revela que los avances son escasos y las tareas pendientes siguen acumulándose. El proyecto, considerado clave para el desarrollo agrícola y económico de la región Arequipa, enfrenta retrasos en su ejecución, lo que ha generado preocupación entre las autoridades regionales y la población afectada.
El informe enviado por el Midagri al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) detalla que, de las 12 obligaciones asumidas durante la transferencia del proyecto, solo cuatro han sido cumplidas, tres están en desarrollo, tres en evaluación y dos permanecen inconclusas. Este panorama ha llevado al Consejo Regional de Arequipa (CRA) a citar al ministro de Agricultura, Ángel Manero Campos, para que explique los plazos y acciones concretas para completar las tareas pendientes.

Uno de los compromisos incumplidos es la firma del contrato para la elaboración del perfil técnico de la primera etapa del proyecto, inicialmente prevista para marzo de 2024. Sin embargo, el Midagri ha anunciado que esta decisión se postergará hasta el 30 de abril, retrasando aún más el inicio de las obras. Además, la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), esencial para la viabilidad del proyecto, sigue sin avanzar bajo la gestión del Proyecto Especial Integral de Majes Siguas (PEIMS), antes Autodema.
Otro tema pendiente es el resarcimiento a los agricultores de Quilca, Lluta, Siguas y Querque, quienes exigen compensaciones desde hace más de 30 años por los daños causados en sus tierras debido a deslizamientos, arenamiento e inundaciones provocados por la primera etapa del proyecto. A pesar de las reuniones entre autoridades regionales y los afectados, aún no se ha logrado una solución concreta.

En cuanto a los procesos arbitrales, el Midagri demoró en designar a su representante ante el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que ha retrasado la evaluación de las demandas contra la concesionaria Angostura-Siguas S.A. Este retraso aumenta el riesgo de un arbitraje internacional, que podría complicar aún más la ejecución del proyecto.
En medio de estos retrasos, la Corte Superior de Justicia de Arequipa otorgó una medida cautelar que impide la comercialización o transferencia de los terrenos del Fundo Rústico Huacán, ubicados dentro del proyecto Majes Siguas. Esta decisión beneficia al GRA, que enfrenta una disputa legal con la familia Vásquez Díaz por la propiedad de 170 mil hectáreas. Mientras la familia afirma ser dueña de todo el terreno, el PEIMS Autodema sostiene que solo comprende 38 hectáreas.

El ministro Manero se comprometió a generar espacios de diálogo con la población de Caylloma para lograr su aprobación al proyecto. Sin embargo, desde julio de 2023 no se han realizado nuevas reuniones con las comunidades ni con las autoridades locales, lo que ha llevado a los representantes de Caylloma a considerar que este espacio ha quedado en el abandono.
El proyecto Majes Siguas, que promete irrigar miles de hectáreas y dinamizar la economía regional, enfrenta un futuro incierto debido a la falta de avances concretos y la acumulación de tareas pendientes. Las autoridades regionales exigen respuestas claras y acciones inmediatas para evitar que el proyecto siga estancándose, mientras la población afectada espera soluciones que parecen cada vez más lejanas.
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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

















