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Paro Nacional de Transportistas Contra la Ola de Extorsiones en Lima

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El 26 de septiembre del año en curso, se llevará a cabo el anunciado paro nacional de transportistas, organizado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, liderada por Martín Valeriano. Esta medida surge como respuesta a la creciente inseguridad que enfrenta el gremio, especialmente en Lima y Callao, donde los casos de extorsión y violencia han afectado gravemente al sector.

El paro y movilización, que incluirá la participación de 70 empresas de transporte de diversas zonas de Lima Metropolitana y Lima Provincias, tiene como punto clave una marcha hacia el Congreso de la República, exigiendo acciones concretas para garantizar la seguridad de los transportistas, quienes denuncian estar en la mira del crimen organizado. A pesar de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció la creación de un grupo especial de la Policía Nacional para combatir la extorsión.

Ministro del Interior prometió crear un equipo especial contra los extorsionadores

Valeriano señaló que en las últimas semanas se han registrado al menos 14 atentados, lo que ha generado un clima de desprotección entre los conductores. «Nos sentimos abandonados, necesitamos seguridad real, no solo promesas», expresó el dirigente.

Impacto del Paro

El paro preventivo del 23 de septiembre, que se inició en Puente Piedra, ya dejó ver la magnitud del problema. Centenares de choferes se concentraron en un plantón para protestar contra el pago extorsivo que les exigen las mafias a cambio de dejarlos trabajar. Esta modalidad, que implica un pago diario de S/20, ha sido denunciada por las empresas afectadas.

Durante esa jornada, la policía tuvo que intervenir con bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que bloquearon la Panamericana Norte. A pesar de la represión, la protesta fue contundente. Se reportó que más de 33 empresas de transporte dejaron de operar en Lima Norte, afectando a miles de usuarios de los distritos de Ancón, Puente Piedra y Comas.

Ejecutivo en Acción

El Ministerio del Interior emitió un comunicado esa mañana, informando que se ha destinado personal policial para apoyar a los ciudadanos afectados por la paralización del transporte. Cuatro unidades de la Policía Nacional han sido habilitadas para cubrir rutas estratégicas en la Panamericana Norte. Además, el ministro Santiváñez confirmó la creación del grupo especial de la PNP que se encargará de combatir las extorsiones y que, en las próximas semanas, se habilitará la línea 111 para recibir denuncias de manera confidencial.

Los limeños se vieron en la obligación de caminar por el paro de transportistas

Pedido de Emergencia

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, solicitó al Ejecutivo la declaratoria de emergencia en su distrito debido a la gravedad de la situación. Las extorsiones han afectado no solo a los transportistas, sino también a los ciudadanos que dependen de este servicio para sus actividades diarias. Daza resaltó la necesidad de una nueva comisaría en la zona para mejorar la capacidad de respuesta ante el crimen organizado.

Un Gremio Dividido

A pesar de la unidad mostrada en la protesta, algunos transportistas no han acatado el paro. Empresas como Vipusa continúan operando parcialmente, lo que ha generado tensiones dentro del gremio. En varios casos, manifestantes obligaron a otros conductores a detener sus vehículos y sumarse a la huelga, bajo la premisa de que solo con una protesta masiva lograrán ser escuchados.

La situación se mantiene tensa y el país espera que en los próximos días el Gobierno ofrezca soluciones efectivas a un problema que, hasta el momento, parece estar lejos de resolverse. Los transportistas, por su parte, advierten que si no se toman medidas concretas, las movilizaciones continuarán.

Fuente: Webs y redes de noticias

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

Redactor

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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