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Donald Trump enfrenta rechazo de México, Colombia y Brasil por políticas migratorias inhumanas

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Las recientes políticas de deportación masiva implementadas por la administración de Donald Trump de Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) han generado tensiones significativas con varios países latinoamericanos, incluyendo México, Colombia y Brasil. Estas naciones han expresado su descontento y preocupación por las medidas adoptadas por Estados Unidos, señalando que carecen de humanidad y respeto hacia los migrantes.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de bloquear la entrada de vuelos militares estadounidenses que transportaban migrantes colombianos deportados. Petro argumentó que Estados Unidos «no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos» y exigió la implementación de protocolos que garanticen un trato digno para los repatriados. Esta postura provocó una respuesta inmediata por parte de la administración Trump, que impuso aranceles de emergencia del 25% a las importaciones colombianas, con la amenaza de incrementarlos al 50% en una semana. Además, se revocaron visas para funcionarios del gobierno colombiano y sus familias. Ante estas presiones económicas, Petro ofreció el avión presidencial para facilitar la repatriación de los deportados, enfatizando el compromiso de su gobierno con condiciones dignas para sus compatriotas.

Presidente de Colombia Gustavo Petro se opone a las políticas inhumanas de Donald Trump

México también ha manifestado su oposición a las políticas migratorias de Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la importancia de mantener una relación cordial con Estados Unidos, pero subrayó que los migrantes mexicanos son «personas de bien» que contribuyen significativamente a las economías de ambos países. Aunque se reportaron tensiones relacionadas con vuelos de deportación, Sheinbaum aclaró que México siempre ha estado dispuesto a aceptar la repatriación de sus ciudadanos, desmintiendo informes que sugerían lo contrario.

En Brasil, aunque no se han reportado incidentes específicos recientes relacionados con vuelos de deportación, el país ha sido un destino importante para migrantes venezolanos que huyen de la crisis en su nación. La llegada masiva de refugiados ha generado desafíos significativos para las autoridades brasileñas, que han incrementado su presencia militar en la frontera para brindar asistencia. Sin embargo, la situación ha generado tensiones internas y ha puesto a prueba la capacidad de Brasil para manejar la afluencia de migrantes.

Gobierno de Colombia dispone de avión presidencial para retorno de connacionales

Estas acciones de la administración Trump han sido criticadas por su falta de consideración hacia los derechos humanos de los migrantes y por las tensiones diplomáticas que han generado en la región. La imposición de aranceles y otras medidas punitivas contra países que se oponen a las políticas de deportación de Estados Unidos ha sido vista como una táctica coercitiva que socava las relaciones bilaterales y regionales.

Además, las deportaciones masivas han generado preocupación por el bienestar de los migrantes, muchos de los cuales huyen de situaciones de violencia y pobreza en sus países de origen. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las políticas de deportación de Estados Unidos no consideran adecuadamente las circunstancias individuales de los migrantes y pueden poner en riesgo sus vidas al retornarlos a entornos peligrosos.

Las políticas de deportación de la administración Trump han provocado una reacción enérgica por parte de varios países latinoamericanos, que demandan un enfoque más humano y colaborativo en la gestión de la migración. Las tensiones resultantes subrayan la necesidad de un diálogo diplomático y soluciones integrales que aborden las causas fundamentales de la migración y respeten los derechos humanos de los individuos involucrados.

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

Redactor

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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