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Investigan presunta red de prostitución en el alicaído Congreso de la República del Perú

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El Congreso de la República del Perú se encuentra en el centro de un escándalo que involucra presuntos favores sexuales a cambio de votos legislativos. La Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar por el delito de explotación sexual contra Jorge Luis Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien es señalado como el presunto líder de una red de prostitución que habría operado dentro de la sede parlamentaria.

Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ha confirmado que se iniciarán investigaciones formales sobre el caso. En declaraciones a la prensa, Burgos sostuvo que «se trataría de involucrar estos favores sexuales para doblar los votos en el Congreso», refiriéndose a la presunta red organizada para influir en las decisiones parlamentarias mediante el intercambio de servicios sexuales. Según Burgos, el Congreso debe «limpiar la casa desde dentro», sugiriendo que las indagaciones internas son imprescindibles antes de continuar con las investigaciones externas. La Comisión de Fiscalización convocará a una sesión extraordinaria el próximo 20 de diciembre para abordar el caso y recabar más información sobre la posible implicación de otras figuras políticas.

Alejandro Soto, congresista de APP de César Acuña y expresidente el Congreso de la República nieva existencia de red de prostitución

Torres Saravia, quien llegó al Congreso en 2020 con la cercanía al partido Alianza para el Progreso (APP), es acusado de reclutar mujeres para que trabajaran como sexoservidoras, haciéndolas pasar por asesoras y secretarias del Parlamento. A pesar de su carrera pública, marcada por cargos en el Gobierno Regional de La Libertad y en el Ministerio de Justicia, el nombre de Torres Saravia fue vinculado a un oscuro entramado de corrupción y explotación sexual que llegó a trascender en los medios de comunicación. Su implicación fue denunciada en el programa de investigación «Beto a Saber», que alegó que, junto con la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, Torres organizaba el reclutamiento de mujeres para los supuestos favores sexuales.

El asesinato de Vidal, quien fuera una de las personas más cercanas a Torres, ha añadido más misterio al caso. Andrea Vidal fue víctima de un ataque a manos de sicarios el 9 de diciembre, y falleció el 17 de diciembre luego de una semana en cuidados intensivos. Según informes de la misma investigación, Vidal habría sido designada por Torres para presentar a las mujeres como «asesoras» ante la cúpula política del Congreso, y su destitución tras un conflicto con él podría haber desencadenado una serie de eventos trágicos.

El humor viene haciendo de la suya respecto a un tema tan delicado

En medio de este clima de corrupción, el Congreso ha tomado medidas. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que Torres Saravia fue destituido de su puesto el 13 de diciembre. «Censuro tajantemente esa conducta», expresó Salhuana, asegurando que la institución no tolerará estos hechos, aunque algunos congresistas como Alejandro Soto de APP han negado rotundamente las acusaciones.

El caso, que sigue en desarrollo, ha generado una ola de indignación en la ciudadanía y entre los políticos. Mientras el Ministerio Público continúa con la investigación, la pregunta que persiste es: ¿hasta qué punto las redes de poder político en el Congreso han permitido que se desarrolle una operación de estas características? La respuesta podría cambiar para siempre la percepción que se tiene del sistema legislativo del país y sus prácticas internas. La ciudadanía espera que la justicia actúe con la misma contundencia que la gravedad del caso exige.

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

Redactor

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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