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Nuevo paro de transportistas frente a la inseguridad y inacción del Gobierno
El paro de transportistas en Perú, que se inició el 10 de octubre y reunió a diversos sectores afectados por la extorsión, ha dejado en evidencia una de las mayores crisis de seguridad que atraviesa el país. La protesta, que inicialmente parecía tomar un respiro con la suspensión anunciada por Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha escalado tras la cancelación del diálogo con el Congreso.
Ahora, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú anunció este domingo la convocatoria a un paro nacional para el próximo 12 de noviembre a raíz de la crisis de seguridad que afronta el país. Mientras Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló que este lunes 14 de octubre no habrá ningún paro de transportistas, pero reiteró la intención de su gremio de convocar a un paro nacional con fecha aún por definir juntamente con otros gremios a nivel nacional, a la que se podrían unir otros sectores sociales descontentos en el país.
El reclamo central del sector transporte, que agrupa a conductores de buses, taxis, mototaxis, y pequeños comerciantes, gira en torno a la derogación de la Ley 32108 sobre crimen organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, que, según ellos, solo benefician a delincuentes. Estas leyes, afirman, han retrasado las investigaciones y allanamientos, favoreciendo la expansión del crimen organizado que asfixia a los sectores más vulnerables.
Pero detrás de esta convocatoria no solo hay una demanda jurídica. Se trata de una respuesta desesperada a la creciente inseguridad que enfrenta el país. El paro refleja la desesperación de ciudadanos que, sintiéndose desprotegidos, han decidido hacer frente a la delincuencia de manera activa, al tiempo que cuestionan la capacidad del gobierno de Dina Boluarte para garantizar lo más básico: la seguridad ciudadana.
La raíz del conflicto: la democratización del crimen organizado
Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es lo que varios expertos han calificado como la «democratización de la extorsión». Juan De la Puente, politólogo y abogado, analiza el fenómeno como un cambio cualitativo en la naturaleza del crimen organizado en el Perú. Ya no se trata únicamente de grandes bandas, sino de una miríada de pequeñas células delictivas que operan a nivel familiar y barrial. Este «emprendimiento delictivo» ha superado la capacidad del Estado para enfrentarlo de manera efectiva, sobrecargando al sistema de seguridad.
«La incapacidad del gobierno para desentrañar la naturaleza de estas redes criminales ha convertido al crimen en una especie de «pyme de la extorsión», que afecta directamente a transportistas, pequeños comerciantes y ciudadanos de a pie», señaló De la Puente en una reciente entrevista. Esto, sumado a economías ilegales como el contrabando y la minería informal, ha generado una sobrecarga para las fuerzas de seguridad.
Un Congreso que legisla para el crimen
La desconfianza en el Poder Legislativo es otro de los motores detrás de las protestas. Los gremios acusan al Congreso de aprobar leyes que favorecen a mafias y extorsionadores, con la excusa de mejorar la seguridad. Según Campos, “las medidas tomadas por el Congreso no solo son ineficaces, sino que facilitan el avance del crimen organizado”. La Ley 32108 y otras normativas recientes han sido duramente criticadas por su supuesta protección a los investigados, lo que refuerza la sensación de que las autoridades están más interesadas en blindar sus propios intereses que en proteger a la ciudadanía.
Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, fue categórica en su crítica al Congreso: «Vivimos en una organización criminal y el brazo legal está dado por el Congreso». Para Ledesma, la incapacidad del Ejecutivo y la complicidad del Legislativo son factores clave que explican el colapso de la seguridad en el país.
Una crisis sin salida inmediata
Aunque la movilización de los transportistas se perfila como un llamado urgente a la acción por parte del Estado, las perspectivas de una solución inmediata parecen lejanas. El diálogo entre el Ejecutivo y los gremios se ha roto, y las próximas movilizaciones prometen ser más intensas, con fechas clave en octubre y noviembre. En el norte del país, ciudades como Trujillo se preparan para una movilización el 22 de octubre, mientras que Lima y el resto del país se sumarán el 31 de octubre.
Lo que está en juego no es solo la estabilidad de un gobierno que ya enfrenta múltiples crisis. Las protestas revelan un descontento profundo y transversal en la sociedad peruana, que ya no confía en las instituciones para ofrecer soluciones efectivas. La criminalización de la protesta, como lo sugiere el proyecto de «terrorismo urbano», solo ha exacerbado la tensión, lo que podría derivar en un ciclo de paros continuos que desgasten aún más la ya frágil estructura política del país.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y con él, la expectativa de un cambio que detenga esta espiral de violencia e inseguridad que azota a Perú.
El pleno del Parlamento Europeo votó el 21 de enero de 2026 remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para evaluar su compatibilidad con los tratados europeos, especialmente en estándares ambientales, sanitarios y de protección agraria. La votación fue ajustadísima: 334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.
Firmado apenas días antes (el 17 de enero en Paraguay tras más de 25 años de negociaciones), el acuerdo abre la puerta a mayores importaciones de carne, azúcar, soja y pollo de Mercosur, producidos con normas más laxas que las europeas, lo que genera temores de competencia desleal y perjuicio al campo local.
Miles de agricultores protestaron masivamente frente al Parlamento en Estrasburgo el día previo, con tractores bloqueando accesos y concentraciones de más de 5.000 personas. Al conocerse el resultado, estallaron celebraciones: bocinazos, abrazos, banderas ondeando y gritos de «¡La lucha no fue en vano!» en vídeos virales que recorren las redes.
Organizaciones como Copa-Cogeca, FNSEA y COAG calificaron el voto como una «victoria histórica» lograda por la movilización sostenida. Aunque la Comisión Europea lamentó la decisión y podría intentar una aplicación provisional, el Parlamento y varios países se oponen. La revisión del TJUE podría durar 18-24 meses, dando un respiro clave al sector. ¡El campo europeo festeja hoy una conquista ganada con esfuerzo!
La Marcha de Sacrificio por Justicia «Uyariy», impulsada por familiares de las víctimas fallecidas y heridos durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, avanza por la Panamericana Sur rumbo a la capital. Delegaciones provenientes de regiones como Puno (principalmente Juliaca), Ayacucho, Apurímac, Cusco y otros puntos del sur y centro del país partieron entre el 23 y 25 de enero, con convergencia en San Vicente de Cañete como punto clave antes de ingresar a Lima. Organizaciones como la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM) y la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero lideran esta movilización, que busca visibilizar el dolor de más de 50 familias afectadas por hechos documentados por entidades de derechos humanos. Video gracias a «24 Noticias en vivo».
La fecha culminante del 28 de enero de 2026 responde a su significado simbólico: marca el tercer aniversario del fallecimiento de Víctor Santisteban Yactayo, joven de 22 años que perdió la vida por impacto de perdigones policiales en el centro de Lima durante las movilizaciones de 2023. Los principales reclamos incluyen la reactivación inmediata del EFICAVIP (Equipo Especial de Fiscales para casos de víctimas en protestas), desactivado recientemente por resolución del Ministerio Público, así como avances en investigaciones penales, reparaciones integrales a las familias y garantías de no repetición de hechos similares.
Durante el trayecto, se han reportado denuncias de hostigamiento y vigilancia policial en zonas como Chala, Nazca y Cañete, lo que ha motivado llamados a las autoridades para respetar el derecho a la protesta pacífica. La marcha cuenta con el apoyo de colectivos juveniles de la Generación Z, organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y medios aparentemene neutrales vienen difundiendo las exigencias de la marcha. Figuras políticas progresistas han expresado solidaridad, incluyendo denuncias públicas sobre el trato a los marchantes, aunque los organizadores enfatizan que la iniciativa surge directamente del dolor y la autonomía de las familias de las regiones más impactadas, sin adscripción partidaria explícita.
Esta movilización representa un esfuerzo sostenido por memoria, verdad y reparación por parte de las familias afectadas, que insisten en demandas concretas ante el estancamiento judicial. La concentración prevista para el 28 de enero en Lima se perfila como un momento significativo para renovar el llamado a la justicia, en medio de un escenario político polarizado. Las autoridades han sido instadas a garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico de la actividad, mientras la sociedad observa el impacto de estas voces regionales en el debate nacional.
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Crisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno
Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.
El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado
El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.
El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.
Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.
La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.
Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?
El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.
Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.
Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada
La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.
Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.
Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.
Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.
Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.
En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.
Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.
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