En una ceremonia realizada este viernes 19 de diciembre en el Palacio Legislativo, el presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, encabezó la entrega de la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Oficial al embajador de la República Popular China, Song Yang, en reconocimiento a su labor por fortalecer las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre Perú y China. El acto contó con la participación destacada del presidente de la República, José Jerí Oré, quien resaltó la importancia de China como socio comercial clave y reafirmó la voluntad del Estado peruano de profundizar la asociación estratégica bilateral.

Rospigliosi, en su calidad de presidente encargado del Parlamento, subrayó el compromiso del embajador Song Yang en tender puentes de entendimiento entre ambas naciones, mientras que Jerí enfatizó el valor que tanto el Ejecutivo como el Legislativo otorgan a esta relación. Al evento asistieron también los vicepresidentes Waldemar Cerrón e Ilich López, así como la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Heidy Juárez, y representantes de la embajada china.

Sin embargo, analistas y sectores políticos han calificado la acción como oportunista y hasta rastrera, especialmente por parte de Rospigliosi, conocido por sus críticas frontales a movimientos sociales populares y al comunismo, a los que ha acusado de amenazar la estabilidad del país y prometido derrotar. Esta condecoración a un representante de un régimen comunista genera cuestionamientos sobre la coherencia ideológica del presidente interino del Congreso y del propio Jerí en el fortalecimiento de lazos con Beijing.

En el marco del Foro Nacional “Avances en las políticas de Reparación y el acceso a la Justicia para víctimas y afectados por la violencia política”, realizado en la sala Alberto Andrade del Congreso de la República, la congresista Margot Palacios Huamán planteó una crítica frontal al enfoque oficial sobre las reparaciones. Ante representantes de víctimas provenientes de distintas regiones del país, sostuvo que la violencia política en el Perú no fue un hecho aislado, sino una práctica sistemática del Estado contra sectores campesinos y pueblos originarios, históricamente marginados y convertidos en los principales blancos de la represión y el abandono estatal.

Durante su intervención, Palacios afirmó que las heridas del conflicto armado interno continúan abiertas debido a la ausencia de una justicia real y una reparación integral. “Mientras no haya justicia, no nos pueden pedir reconciliación”, señaló, cuestionando el discurso que busca cerrar el pasado sin sancionar a los responsables. En esa línea, fue especialmente crítica con el carácter simbólico de las reparaciones económicas, al denunciar que el Estado entrega montos que no compensan la destrucción de proyectos de vida, el desarraigo forzado ni la exclusión social que enfrentaron las familias afectadas.

La parlamentaria también estableció una continuidad entre la violencia del pasado y la represión reciente en contextos de protesta social, aludiendo a casos ocurridos en Ayacucho, Puno y Pichanaki. Asimismo, rechazó los intentos de amnistía promovidos desde el Congreso, a los que calificó como mecanismos para garantizar la impunidad. Su intervención concluyó con una consigna política clara: “Ni olvido ni perdón; sin justicia, no hay reconciliación”, reafirmando que la memoria, la verdad y la sanción son condiciones indispensables para cualquier proceso real de reconciliación en el país.

Ayacucho, 16 de diciembre de 2025. – A tres años de los trágicos sucesos del 15 de diciembre de 2022, cuando diez civiles perdieron la vida durante la represión de protestas sociales cerca del aeropuerto de Huamanga, los familiares de las víctimas realizaron diversas actividades de conmemoración y exigieron, una vez más, justicia y sanción para los responsables, incluyendo a los autores materiales e intelectuales de lo que califican como una «masacre» perpetrada durante el gobierno anterior de Dina Boluarte.Las actividades se extendieron desde el 13 hasta el 15 de diciembre, e incluyeron exposiciones fotográficas, actos culturales, misas, romerías hacia los lugares de los hechos y vigilias con velas y flores. En la catedral de Ayacucho se ofició una misa central, seguida de una romería que recorrió las calles donde cayeron las víctimas, portando carteles con sus rostros y consignas como «Justicia para los mártires del 15D» y «Sin justicia no hay cierre del caso».

Yobana Mendoza, presidenta de la Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos del 15 de Diciembre (ASFAH), declaró que, pese al cambio de gobierno, no ha habido avances significativos en las investigaciones. «El paso del tiempo no ha traído resultados concretos en el ámbito judicial. Seguimos exigiendo que se determine responsabilidades y se sancione a los asesinos, desde los que dispararon hasta quienes dieron las órdenes», afirmó. Los deudos advirtieron al Estado que el caso no puede cerrarse sin verdad, justicia y reparación.Esta es la primera conmemoración sin Dina Boluarte en el poder, pero las familias denuncian dilaciones en el proceso penal contra altos mandos militares investigados por homicidio calificado.

Organismos internacionales como la CIDH han calificado los hechos como graves violaciones a los derechos humanos.En un acto paralelo registrado el 16 de diciembre, familiares de las víctimas repudiaron el local del partido Renovación Popular en Ayacucho, liderado por Rafael López Aliaga, a quien acusaron de haber restringido manifestaciones en Lima durante las protestas de 2022-2023 y de estigmatizar a los manifestantes. «No le demos votos a esos partidos miserables», gritaron los deudos, recordando las posiciones públicas de López Aliaga en defensa del gobierno anterior.

Los familiares enfatizaron que la memoria de las diez víctimas –entre ellas un menor de edad– sigue viva y que continuarán movilizándose hasta lograr sanciones penales. «La justicia no ha llegado y no vamos a retroceder», concluyó Mendoza, en medio de abrazos y lágrimas durante la vigilia.