La Habana, 2 de noviembre de 2025 | El huracán Melissa, un poderoso ciclón de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 200 km/h, cruzó el oriente de Cuba el 29 de octubre, dejando un rastro de devastación en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Guantánamo y Las Tunas. Inundaciones extensas, viviendas destruidas y cultivos arrasados marcaron su paso, evocando en los holguineros la memoria de tormentas históricas como Flora (1963), Ike (2008) y Sandy (2012).

Sin embargo, Cuba alcanzó un resultado excepcional: ninguna pérdida humana. La eficacia de su sistema nacional de defensa civil volvió a ser determinante, consolidando un modelo de prevención y respuesta reconocido internacionalmente.

La clave del éxito radicó en la preparación anticipada y la coordinación institucional. Más de 735.000 personas fueron evacuadas hacia refugios seguros antes del impacto, con prioridad en las zonas más vulnerables, como las riberas del río Cauto y la Sierra Maestra. El Instituto de Meteorología (INSMET), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, emitió alertas tempranas que permitieron una movilización oportuna. Brigadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias realizaron operaciones de rescate en áreas afectadas por deslizamientos e inundaciones, sin que se reportara un solo fallecimiento.

Mientras Melissa causó al menos 31 muertes en Haití, 19 en Jamaica y decenas más en otras islas del Caribe, Cuba se distingue una vez más por su resiliencia organizada. Según estimaciones de la ONU, alrededor de 90.000 personas en la isla requieren asistencia urgente. En respuesta, el gobierno anunció subsidios del 50 % para materiales de construcción, financiados por el Estado. Países aliados como China y Venezuela ya han enviado ayuda humanitaria, acompañada por muestras de solidaridad ciudadana, como la de un niño en Holguín que donó sus juguetes a otros niños damnificados.

A pesar de los cortes eléctricos, los daños en telecomunicaciones y el impacto económico, el espíritu de recuperación se mantiene firme. En Holguín, brigadas de ETECSA trabajan ininterrumpidamente para restablecer los servicios, mientras el Hospital Lenin atendió a más de 400 pacientes durante la tormenta, incluidos 22 nacimientos.

Desde la zona afectada, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó: “Salvamos lo más importante: la vida de nuestra gente.”

Ya debilitado y en ruta hacia las Bahamas, Melissa deja tras de sí una lección de esperanza y unidad. Forjada en la experiencia de múltiples huracanes, Cuba inicia su recuperación con determinación, disciplina y solidaridad.

El puente modular de emergencia que conecta San Antonio con Chiquintirca, en el distrito de Anco, provincia de La Mar, colapsó este 27 de octubre de 2025 durante trabajos de mantenimiento realizados por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del Gobierno Regional de Ayacucho (GORE Ayacucho), liderado por el polémico Wilfredo Oscorima, defensor del régimen de Dina Boluarte y José Jerí. La estructura, aprobada en julio como solución provisional tras las lluvias intensas que interrumpieron la vía desde el 1 de junio, estaba en fase final de instalación y buscaba restablecer el tránsito vehicular en un plazo estimado de 30 a 45 días. El incidente afectó también parte del ducto principal de gas natural de Camisea, en el kilómetro 193, sin reportarse heridos ni fallecidos.

La obra, propiedad del GORE Ayacucho y ejecutada directamente por la DRTC en coordinación con la Dirección Nacional de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), no involucró contratistas privados externos. Previo a la instalación del puente, la Transportadora de Gas del Perú (TGP) realizó la limpieza de derrumbes, señalización y rehabilitación de ductos dañados por las precipitaciones. El proyecto se enmarca en un presupuesto regional de S/ 104.37 millones asignados al programa Arranca Perú para el mantenimiento de 1,020 km de vías en el VRAEM, aunque no se detalla un monto específico para esta estructura modular.

El colapso ha generado la interrupción total del tránsito, aislando comunidades dedicadas a la agricultura y ganadería que habían superado iniciales resistencias para respaldar la intervención técnica. Equipos de la Policía Nacional, técnicos de la DRTC y representantes de TGP inspeccionan el sitio para evaluar daños y determinar causas. Autoridades regionales evalúan rutas alternas mientras no se emite pronunciamiento oficial del GORE Ayacucho ni del MTC.

Arequipa, 21 de octubre de 2025.- El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha dado luz verde a la explotación del controvertido proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Copper Corporation, mediante la Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM emitida el 13 de octubre. Esta autorización permite el inicio de actividades extractivas en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, con una inversión estimada en US$ 1.800 millones y una producción anual de 120 mil toneladas de cobre. Sin embargo, la decisión ha encendido las alarmas entre los agricultores del Valle del Tambo, quienes ven en esta aprobación una amenaza inminente para su principal sustento: la agricultura. Tras más de 15 años de protestas y paralizaciones, la noticia ha reavivado el fantasma de conflictos sociales que costaron vidas en 2019, centrados en el temor a la contaminación de los recursos hídricos esenciales para el cultivo de arroz, caña de azúcar y páprika.

El Valle del Tambo, conocido como la «huerta de Arequipa», depende casi en su totalidad del río Tambo y sus acuíferos aluviales, que aportan hasta el 100% del caudal durante la época de estiaje. Los agricultores denuncian que la proximidad del proyecto —a solo 800 metros de la cuenca del río— podría generar una sobreexplotación y contaminación del agua, agravando problemas ya existentes por operaciones mineras cercanas como Quellaveco y Aruntani. Estudios independientes y demandas de amparo presentadas en marzo de 2025 destacan riesgos como el aumento de sólidos suspendidos, cloruros, arsénico y plomo en el agua, lo que limitaría la productividad agrícola y pondría en jaque la seguridad alimentaria de miles de familias. «Nuestra tierra es fértil gracias al agua limpia; si la mina la envenena, perdemos todo», advierte Miguel Meza, vocero de los productores locales, quien cuestiona la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 2014 y caducado desde 2019.

Ante esta autorización, las comunidades agrícolas han convocado asambleas urgentes para definir una «medida de lucha» indefinida, incluyendo paros que podrían interrumpir la cosecha de papa y otros productos clave. Voceros como Roger Chirapo exigen una consulta previa real y la revocación de la resolución, argumentando que el proyecto carece de licencia social y viola el derecho a un ambiente sano. Mientras el MINEM insiste en que no hay conexión hidrogeológica entre las minas y el acuífero del valle, las organizaciones ambientales llaman a una fiscalización estricta por parte de OEFA y Senace. El Valle del Tambo, con su producción que abastece mercados regionales y nacionales, se prepara para una batalla que podría definir no solo su economía, sino el modelo de desarrollo sostenible en el sur del país.