El distrito de Tambogrande, en Piura, se alista para un paro macroregional este viernes 28 de marzo, en rechazo al proyecto minero El Algarrobo, cuya concesión fue otorgada recientemente a la empresa Buenaventura por ProInversión. Agricultores, ronderos y pobladores han unido fuerzas para defender la vocación agrícola del distrito, tras la entrega de la zona de Locuto a la minera. La huelga, respaldada por más de 10,000 ronderos, busca enviar un mensaje claro al gobierno: la minería no es bienvenida en esta región históricamente dedicada a la producción de mango, limón y otros cultivos emblemáticos.

Una oposición con raíces profundas

La resistencia al proyecto El Algarrobo no es un fenómeno reciente. En 2002, una consulta vecinal reveló que el 98% de los habitantes de Tambogrande rechazó la actividad minera en el valle de San Lorenzo, priorizando la agricultura como modelo de desarrollo. Alfredo Rengifo, alcalde del distrito, ha reafirmado esta postura, declarando que “el proyecto no va” y que la voluntad popular sigue intacta. Sin embargo, la firma del contrato entre Buenaventura y ProInversión ha reavivado el conflicto, generando acusaciones de imposición por parte del gobierno de Dina Boluarte.

Líderes y demandas al frente de la lucha

El Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Tambogrande, junto a las rondas campesinas y la Comunidad de San Juan Apóstol de Locuto, ha liderado las críticas. Gianfranco Mendoza Saavedra, presidente del Frente, exigió respeto a la decisión tomada hace más de 20 años y acusó al Ejecutivo de actuar dictatorialmente. Entre las demandas de la plataforma de lucha destacan la nulidad de las concesiones mineras en cabeceras de cuencas y el fin de la criminalización de la justicia comunal, temas que resonarán en las calles durante la marcha.

Denuncias de presión y condicionamiento

Enargio Maza, vicepresidente del Frente y representante de Locuto, denunció que el gobierno estaría condicionando obras de desarrollo esenciales para la comunidad a cambio de la aceptación del proyecto, una estrategia que ha encendido aún más los ánimos. Por su parte, Santos Castillo Montalbán, líder de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas, calificó la suscripción del contrato como una “declaratoria de guerra” y anunció que la oposición se expresará tanto en protestas como en acciones legales.

El Algarrobo: un proyecto controvertido

El proyecto El Algarrobo, promovido por ProInversión, contempla la exploración y explotación polimetálica mediante una mina subterránea en la margen izquierda del río Piura, además de obras hidráulicas. Aunque el gobierno lo presenta como una oportunidad de inversión y progreso, para los pobladores de Tambogrande representa una amenaza a su modo de vida. Con una historia de resistencia y una comunidad movilizada, el futuro del proyecto pende de un hilo en medio de un conflicto que pone en juego el desarrollo sostenible de la región.

La congresista Margot Palacios Huamán, representante del campo popular peruano, ha incrementado sus recorridos por el interior del país, con recientes visitas a las provincias de Huancané y Carabaya, en el departamento de Puno, durante su semana de representación parlamentaria. Estas actividades, realizadas el 24 y 25 de marzo, curiosamente coinciden con la convocatoria a elecciones generales anunciada hoy por la presidenta Dina Boluarte para el 12 de abril de 2026, lo que ha avivado las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial de Palacios, respaldada por sectores populares de zonas andinas, amazónicas y barrios pobres de Lima y otras ciudades del país. 

Visita a Huancané: apoyo a afectados por lluvias intensas 

En Huancané, este martes 25 de marzo, Palacios se reunió con autoridades locales, incluyendo al alcalde provincial y los alcaldes distritales de Vilquechico, Rosaspata (Huancané), Conima (Moho) y Santa Lucía (Lampa). Además, dialogó con la población afectada por las recientes lluvias torrenciales, que han devastado viviendas y cultivos, dejando a numerosas familias en situación de extrema vulnerabilidad. Entre las demandas más urgentes, la comunidad solicitó una audiencia pública con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para gestionar la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Es un imperativo de justicia social que las autoridades escuchen estas voces y actúen con prontitud”, afirmó Palacios durante su visita, transmitida en vivo a través de redes sociales. 

Problemas ambientales en Carabaya: denuncia contra MINSUR

El día anterior, lunes 24 de marzo, la congresista visitó la comunidad campesina de Ajoyani, en la provincia de Carabaya, donde abordó un problema distinto pero igualmente crítico: la contaminación ambiental causada por la minera MINSUR. Los pobladores denunciaron que las operaciones mineras han provocado la presencia de metales pesados como plomo y arsénico en el agua y el suelo, afectando gravemente su salud con un aumento de enfermedades respiratorias, dermatológicas y gastrointestinales. Un informe del Ministerio de Salud ya había confirmado la presencia de estos contaminantes en los habitantes, lo que ha generado indignación y exigencias de acción inmediata. 

Durante su visita, Palacios criticó la inacción del gobierno de Dina Boluarte y la falta de medidas efectivas por parte de MINSUR, exigiendo estudios ambientales exhaustivos, planes de remediación y atención médica urgente para los afectados. 

“El Estado y las empresas deben asumir su responsabilidad en la protección de los derechos humanos y ambientales”, señaló, anunciando la formación de una mesa de trabajo con instituciones competentes para buscar soluciones. 

Contexto político y electoral

Las visitas de Palacios a Puno, un departamento que lidera la oposición al gobierno de Dina Boluarte —calificado por algunos sectores como “genocida y corrupto” tras las protestas de 2022 y 2023—, refuerzan su imagen como una figura cercana a las demandas de las poblaciones rurales y marginadas. Esto ha alimentado las especulaciones de que estaría en una precampaña presidencial de cara a las elecciones de 2026, con el respaldo de sectores populares, especialmente en zonas afectadas por actividades extractivas en el sur andino. 

Incluso Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre —partido al que Palacios ya no pertenece—, advirtió sobre su ascenso en alguna ocasión, mencionando que ella “fue ilusionada por los caviares” para ser candidata presidencial, alternando entre críticas y reconocimientos. 

Analistas políticos sugieren que estas visitas, si bien es cierto sin hacer proselitismo político, que también incluyeron recientes visitas a Ayacucho y Piura, buscan consolidar una base electoral en regiones históricamente olvidadas por el centralismo limeño. Sin embargo, Palacios no ha respondido a Cerrón ni a dicho nada sobre sus intenciones electorales, enfocándose por ahora en su labor de representación parlamentaria y en visibilizar las problemáticas comunales y periurbanas de su nación, que lo viene haciendo desde que asumió la responsabilidad congresal.

Reacciones y expectativas 

Las actividades de la congresista han generado tanto apoyo como críticas. En redes sociales, bajo hashtags como “#EncuentroPopular” y “#Puno”, muchos de sus seguidores destacan su compromiso con las comunidades afectadas por la minería irresponsable, mientras que algunos de sus detractores, principalmente de sectores liberales y conservadores, cuestionan si estas visitas tienen un trasfondo electoralista. 

En un contexto de creciente polarización y con las elecciones generales ya convocadas, Margot Palacios se posiciona como una figura clave en el tablero político peruano, especialmente en regiones del sur como Puno, donde la resistencia al gobierno central sigue marcando la pauta desde la caída del expresidente Pedro Castillo, quien contaba con un fuerte respaldo en la zona. 

Mientras tanto, su ascenso político en el campo popular la coloca en el radar junto a otras figuras como el nacionalista Antauro Humala, el izquierdista Guillermo Bermejo y la socialdemócrata Verónica Mendoza, quienes también buscan captar el apoyo de las bases populares, cada uno desde su perspectiva peculiar.

Aunque aún no hay ninguna declaración oficial, el ritmo de sus visitas y su conexión genuina con las demandas sociales sugieren que Palacios podría estar preparando una candidatura presidencial que desafíe el “statu quo” en 2026, en un escenario político que promete ser tan super competitivo y fragmentado. 

En el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac, las comunidades campesinas han alzado su voz contra la presencia de la minera Southern Copper Corporation, denunciando que ni la empresa ni el Estado peruano han atendido sus demandas. Los comuneros, que dependen de la agricultura y la ganadería como pilares de sus actividades ancestrales y su subsistencia, aseguran que las operaciones mineras están afectando gravemente sus tierras, fuentes de agua y medios de vida. La falta de diálogo y soluciones concretas llevó a los pobladores a manifestar su descontento de manera contundente, incendiando el campamento minero de Choquemarca el pasado 14 de marzo.

Los habitantes de Tapairihua dejaron claro que no desean abandonar sus prácticas agrícolas y ganaderas, profundamente arraigadas en su cultura e identidad, para dar paso a proyectos extractivos que, según ellos, solo benefician a la empresa minera y no a sus comunidades. Denuncian que las actividades de Southern Copper Corporation han contaminado sus recursos hídricos y degradado las tierras que han trabajado por generaciones, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y su forma de vida.

El incidente ocurrió en horas de la mañana de ese día, cuando los comuneros, en un acto de desesperación, prendieron fuego al campamento minero. Según Radio Titanka, los pobladores también han iniciado un paro indefinido, bloqueando carreteras y organizando movilizaciones para exigir el retiro definitivo de la minera de sus territorios. Sin embargo, las autoridades locales y nacionales no han mostrado avances significativos en atender las preocupaciones de las comunidades ni en establecer un diálogo genuino que respete sus derechos y prioridades.

Por su parte, la respuesta del Estado ha sido meramente policiaca. Más de 20 efectivos policiales destacados en la zona se vieron superados por los manifestantes y tuvieron que retirarse hacia el sector de Masupama, donde fueron apoyados por otro contingente policial. Un equipo de fiscales y policías se trasladó al área para investigar los daños y denunciar a los comuneros, pero hasta el momento no se han pronunciado sobre medidas concretas para abordar las demandas de los comuneros.

Este conflicto pone en evidencia la histórica desatención del Estado peruano y de empresas privadas como Southern Copper Corporation hacia las comunidades campesinas, que solo buscan proteger sus territorios y recursos naturales. La ausencia de soluciones reales y el menosprecio a las actividades tradicionales de Tapairihua han generado un clima de tensión que amenaza con escalar aún más, mientras las familias campesinas continúan defendiendo su derecho a vivir de la tierra que han trabajado durante siglos.