En la región San Martín, se trata de un hombre de 48 años que ingresó al hospital de Tarapoto con un cuadro de insuficiencia respiratoria, mientras que en Tacna falleció un hombre…
Ambiente
Graves cuestionamientos al Minsa por eliminación de datos sobre fallecidos con vacuna covid

El Ministerio de Salud (Minsa) se encuentra en el centro de la polémica tras la eliminación de información clave sobre fallecidos con vacunas contra la covid-19, justo cuando el Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse sobre una demanda contra las restricciones impuestas durante la pandemia. Este hecho ha generado serios cuestionamientos sobre la transparencia y la posible manipulación de datos oficiales.
La congresista Margot Palacios denunció que el Minsa eliminó de su base de datos TB_FALLECIDO_HOSP_VAC.csv, disponible en su portal de Datos Abiertos, toda información relacionada con fallecidos por covid-19 según el número de dosis recibidas. «Esto constituye una vulneración al derecho a la información y afecta directamente el proceso en el TC», advirtió la parlamentaria.
El caso está ligado al expediente 04742-2023-AA, impulsado por la abogada Gabriela Vidarte Mata, quien solicita la declaración de inconstitucionalidad de normativas que restringieron el derecho al trabajo, la educación y el acceso a espacios públicos a quienes no contaban con tres dosis de la vacuna. La vista de causa se realizó hace dos meses, con posturas encontradas sobre la legalidad de las restricciones impuestas.
Durante el gobierno de Francisco Sagasti, se prohibió el ingreso a diversos espacios bajo el argumento de que las personas no vacunadas representaban un riesgo de contagio. Sin embargo, posteriormente, las farmacéuticas como Sinopharm y Pfizer reconocieron que la vacunación no impedía la transmisión del virus, debilitando así la justificación de estas medidas.
La eliminación de los datos por parte del Minsa plantea serias dudas sobre la veracidad y acceso a la información pública. Además, podría constituir una violación de principios legales al afectar un caso en curso en el TC. Organismos de transparencia y parlamentarios han exigido explicaciones, mientras el país sigue enfrentando las consecuencias de decisiones gubernamentales cuestionadas por su impacto en derechos fundamentales.
Actualidad
FENTAGRO denuncia intoxicación masiva y falta de prevención en empresa agroexportadora de Ica

La Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (FENTAGRO) de Perú denunció este viernes 7 de noviembre un nuevo caso de intoxicación laboral que habría afectado a más de 50 trabajadores de la empresa Exportadora Frutícola del Sur – Grupo Athos, en el departamento de Ica. Según el pronunciamiento sindical, los afectados realizaban labores de cosecha de arándanos destinados a la exportación y fueron evacuados de emergencia a los hospitales Augusto Hernández y Félix Torrealva de ESSALUD debido a la gravedad de los síntomas, como se puede observar aquí: https://www.facebook.com/share/v/172mVeVSQn/
El gremio sindical señaló que este incidente se suma a una serie de accidentes laborales graves ocurridos en la misma empresa durante el último año, entre ellos la pérdida de extremidades por parte de trabajadores. FENTAGRO advierte que estos hechos evidencian un incumplimiento sistemático de la Ley N.º 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como una deficiente fiscalización por parte de las autoridades competentes. En su comunicado, la organización acusa a la empresa de no proporcionar equipos de protección ni capacitaciones adecuadas en seguridad laboral.
Ante esta situación, FENTAGRO solicitó a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) aumentar el número de inspectores en la región Ica, donde actualmente —según la federación— solo existen seis inspectores y quince auxiliares. El sindicato exigió además sanciones ejemplares para las empresas que incumplen las normas de seguridad, reiterando que “la exportación no debe significar exponer la vida ni la salud de los trabajadores”.
Actualidad
Comunidades de Chumbivilcas denuncian amenaza del proyecto minero Crespo

Cusco, 5 de noviembre de 2025 | Dirigentes de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, denunciaron que el proyecto minero Crespo, operado por Apumayo S.A.C., pone en riesgo el glaciar Inti Curasma y el río Santo Tomás, fuentes de agua vital para más de 15,000 personas en distritos como Santo Tomás, Llusco y Quiñota. Acusan al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Ministerio de Cultura (MINCUL) de omitir funciones al aprobar el proyecto sin estudios suficientes sobre los impactos ambientales y culturales, según un informe del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). Los representantes exigen la nulidad de los permisos y la declaración de la zona como intangible, considerando el cerro Curasma un sitio sagrado.
El conflicto, que se intensifica desde febrero de 2025 con protestas y alertas comunitarias, refleja tensiones por la falta de consulta previa y antecedentes de contaminación, como el derrame de una poza de Apumayo en 2024. La empresa niega la presencia de glaciares activos y asegura cumplir con la normativa, mientras que el Estado ha promovido mesas de diálogo sin resultados concretos. Los dirigentes, han anunciado una movilización para el 11 de noviembre para presionar por una respuesta inmediata.
“Exhortamos al Estado a que no espere que se genere cualquier acontecimiento para que nos puedan escuchar”, declaró un representante de Ccollpa Ccasahui, comunidad afectada. La movilización busca visibilizar la amenaza a los recursos hídricos y culturales, en un contexto donde la minería representa el 60% de las exportaciones peruanas, pero enfrenta crecientes demandas por sostenibilidad. Las autoridades locales y el gobierno central aún no han emitido un pronunciamiento oficial tras la denuncia de hoy.
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Paro de transportes en Lima y Callao genera caos y deja miles de pasajeros varados

Lima, 4 de noviembre de 2025 – Un nuevo paro de transportistas urbanos sacudió Lima y Callao este martes, afectando a millones de usuarios ante la paralización de más de 8,000 buses de más de 250 empresas. Convocado por gremios como Transportistas Unidos y CONET Perú, el «apagado de motores» respondió a la escalada de inseguridad, con 47 choferes asesinados en 2025 por extorsiones y sicariato. Marchas pacíficas desde Carabayllo, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho exigieron mayor protección policial y reuniones con el gobierno, mientras la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) garantizó el funcionamiento pleno del Metropolitano, Metro Líneas 1 y 2, y corredores complementarios.
El paro, iniciado a las 6:00 a.m., generó aglomeraciones en paraderos y un alza de hasta cuatro veces en los precios de pasajes informales. Instituciones como EsSalud reprogramaron citas médicas, y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso clases virtuales en colegios. Aunque gremios como la Cámara de Transporte Urbano (60% del sector) no se sumaron, el impacto fue severo en conos Norte, Sur y Este. La Policía Nacional desplegó operativos en puntos críticos como la avenida Néstor Gambetta (Callao) y la Panamericana Sur, evitando bloqueos pero reportando tensión en algunos sectores.
Tras diálogos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, los gremios levantaron parcialmente el paro al mediodía, restableciendo el servicio de manera progresiva. Sin embargo, líderes como Martín Ojeda advirtieron que las protestas podrían reactivarse si no se implementan medidas efectivas contra el crimen organizado. El estado de emergencia vigente desde el 22 de octubre en Lima y Callao no ha frenado los ataques, y la ciudadanía exige soluciones urgentes para un sector clave de la economía limeña.
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