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Marcha multitudinaria contra promulgación de la «Ley AFP» por gobierno peruano

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Miles de jóvenes se movilizaron este sábado en el Cercado de Lima para exigir la derogación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, conocida como “Ley AFP”, promulgada en septiembre de 2024 bajo el número Ley N.º 32123, según el Diario Oficial El Peruano. La concentración principal tuvo lugar en la Plaza San Martín desde las 9:00 a.m., convocada por la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de AFP (ANAEA-AFP) y diversos colectivos ciudadanos.

Los manifestantes, en su mayoría menores de 35 años, denunciaron que la norma favorece a las Administradoras de Fondos de Pensiones en desmedro de los aportantes, al prohibir retiros parciales o totales de los fondos previsionales salvo en casos excepcionales. En declaraciones a la prensa, los organizadores recordaron que actualmente existen 19 proyectos de ley en el Congreso de la República para autorizar un nuevo retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/ 21.400), medida que consideran necesaria frente a la crisis económica.

La movilización avanzó por la avenida Abancay rumbo al Congreso, pero fue contenida por un fuerte cordón policial. Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), se registraron enfrentamientos en los que se emplearon gases lacrimógenos y vehículos motorizados para dispersar a la multitud. Varios jóvenes fueron detenidos y un manifestante sufrió convulsiones, siendo atendido en el lugar por brigadas de primeros auxilios.

A pesar de la represión, los participantes mantuvieron sus demandas con pancartas y cánticos como “Nuestra plata, nuestro derecho”. “No queremos que las AFP sigan lucrando con nuestro dinero”, declaró a los medios Carla Gómez, una joven de 24 años.

La protesta no se limitó a Lima. De acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo, se replicaron marchas en Piura, Trujillo y Puno, mostrando que el rechazo a la norma se extiende a nivel nacional. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró en un comunicado que nuevos retiros afectarían la sostenibilidad del sistema previsional y la estabilidad macroeconómica del país.

La Ley N.º 32123 fue impulsada por Fuerza Popular y recibió el respaldo de sus congresistas, así como de bancadas aliadas de derecha y centro, que sumaron sus votos en la Comisión Permanente y en el Pleno para asegurar su aprobación. Analistas políticos señalan que este bloque parlamentario, junto con el Ejecutivo de Dina Boluarte, consolidó una alianza que priorizó la protección del sistema privado de pensiones y de las AFP por encima de las demandas ciudadanas.

En esa misma línea, el Gobierno profundizó la aplicación de la norma mediante el Decreto Supremo N.º 189-2025-EF, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aprobó el Reglamento de la Ley 32123 y dio paso a la implementación del denominado Sistema Integral Previsional Peruano. Para los manifestantes, esta reglamentación confirma la voluntad del régimen de institucionalizar un modelo que consideran excluyente e injusto.

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Ayacucho conmemora tres años de la masacre del 15 de diciembre 2022

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Ayacucho, 16 de diciembre de 2025. – A tres años de los trágicos sucesos del 15 de diciembre de 2022, cuando diez civiles perdieron la vida durante la represión de protestas sociales cerca del aeropuerto de Huamanga, los familiares de las víctimas realizaron diversas actividades de conmemoración y exigieron, una vez más, justicia y sanción para los responsables, incluyendo a los autores materiales e intelectuales de lo que califican como una «masacre» perpetrada durante el gobierno anterior de Dina Boluarte.Las actividades se extendieron desde el 13 hasta el 15 de diciembre, e incluyeron exposiciones fotográficas, actos culturales, misas, romerías hacia los lugares de los hechos y vigilias con velas y flores. En la catedral de Ayacucho se ofició una misa central, seguida de una romería que recorrió las calles donde cayeron las víctimas, portando carteles con sus rostros y consignas como «Justicia para los mártires del 15D» y «Sin justicia no hay cierre del caso».

Yobana Mendoza, presidenta de la Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos del 15 de Diciembre (ASFAH), declaró que, pese al cambio de gobierno, no ha habido avances significativos en las investigaciones. «El paso del tiempo no ha traído resultados concretos en el ámbito judicial. Seguimos exigiendo que se determine responsabilidades y se sancione a los asesinos, desde los que dispararon hasta quienes dieron las órdenes», afirmó. Los deudos advirtieron al Estado que el caso no puede cerrarse sin verdad, justicia y reparación.Esta es la primera conmemoración sin Dina Boluarte en el poder, pero las familias denuncian dilaciones en el proceso penal contra altos mandos militares investigados por homicidio calificado.

Los deudos del 15 de diciembre de 2022 se movilizaron por las calles de Huamanga – Ayacucho

Organismos internacionales como la CIDH han calificado los hechos como graves violaciones a los derechos humanos.En un acto paralelo registrado el 16 de diciembre, familiares de las víctimas repudiaron el local del partido Renovación Popular en Ayacucho, liderado por Rafael López Aliaga, a quien acusaron de haber restringido manifestaciones en Lima durante las protestas de 2022-2023 y de estigmatizar a los manifestantes. «No le demos votos a esos partidos miserables», gritaron los deudos, recordando las posiciones públicas de López Aliaga en defensa del gobierno anterior.

Los familiares enfatizaron que la memoria de las diez víctimas –entre ellas un menor de edad– sigue viva y que continuarán movilizándose hasta lograr sanciones penales. «La justicia no ha llegado y no vamos a retroceder», concluyó Mendoza, en medio de abrazos y lágrimas durante la vigilia.

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Derrota de la candidata comunista en Chile: El desgaste por la falta de cambios estructurales en el gobierno de Boric

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Lima, 15 de diciembre de 2025.- La victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de Chile, con cerca del 58% de los votos frente al 42% de Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista y representante de la coalición de izquierda Unidad por Chile, marca el fin del gobierno progresista de Gabriel Boric en 2022. Esta derrota histórica para la izquierda se atribuye en gran medida al descontento ciudadano con la gestión de Boric, percibida como incapaz de impulsar los profundos cambios estructurales prometidos tras el estallido social de 2019.

El gobierno de Boric llegó al poder con altas expectativas de transformación, impulsado por demandas sentidas en pensiones, salud, educación y una nueva Constitución que reemplazara la heredada de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, dos procesos constituyentes fallidos (rechazados en plebiscitos de 2022 y 2023) y la falta de mayoría en el Congreso obstaculizaron avances significativos. Aunque se aprobaron medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y un aumento del salario mínimo, estas fueron vistas como insuficientes frente a promesas más exigentes. La reforma previsional de 2025, por ejemplo, fortaleció el pilar solidario pero mantuvo el sistema de capitalización individual privado, decepcionando a sectores que esperaban un cambio radical.

Este vacío de reformas estructurales generó un profundo desencanto, especialmente entre los sectores populares que inicialmente apoyaron a la izquierda. Sumado a problemas urgentes como el aumento de la delincuencia, la crisis migratoria y el bajo crecimiento económico, el gobierno de Boric fue percibido como distante de las preocupaciones cotidianas. Jeannette Jara, pese a intentar desmarcarse de la impopularidad del presidente saliente, cargó con el peso de un mandato visto como un plebiscito negativo, lo que facilitó el giro conservador en Chile y abre interrogantes sobre el futuro de la izquierda en la región.

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Crisis de personas sin hogar en el Reino Unido alcanza cifras récord en Navidad 2025

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Más de 382.618 personas en Inglaterra pasarán la Navidad sin un hogar permanente, según un análisis publicado este diciembre por la organización benéfica Shelter. Esta cifra representa un aumento del 8% respecto al año anterior e incluye a 175.025 niños. La mayoría (alrededor de 350.000) se encuentran en alojamiento temporal proporcionado por los ayuntamientos, como hoteles o B&B, mientras que miles duermen directamente en las calles, especialmente en Londres.

Datos oficiales del Gobierno británico confirman que, al 30 de junio de 2025, 132.410 hogares estaban en alojamiento temporal —un récord histórico y un incremento del 7,6% interanual—, incluyendo 172.420 niños. En Londres, el problema es más agudo: el sistema CHAIN registró 13.231 personas durmiendo en las calles entre abril de 2024 y marzo de 2025, con miles afectadas mensualmente.

La crisis se atribuye a la escasez de vivienda asequible, altos alquileres y presiones económicas. El Gobierno laborista presentó en diciembre un plan para reducir a la mitad el rough sleeping para 2030, con inversión en prevención y nuevas viviendas sociales, aunque organizaciones como Shelter y Crisis piden medidas inmediatas como descongelar las ayudas a la vivienda.

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