La pérdida de poder adquisitivo y la aceleración inflacionaria durante el gobierno de Javier Milei están impactando de lleno en el acceso a alimentos. En los primeros meses de ajuste económico, el salario real sufrió una caída significativa y la pobreza superó niveles cercanos al 50%, según estimaciones de centros de estudio, lo que obligó a millones de hogares a recortar gastos en comida.

Uno de los cambios más visibles se dio en el consumo de carne. Argentina, históricamente uno de los mayores consumidores de carne vacuna del mundo, registró una baja a niveles cercanos a 45–50 kilos por persona al año, lejos de los más de 70 kilos de décadas anteriores. En paralelo, aumentó el consumo de pollo y otras proteínas más económicas.

En ese contexto, surgieron reportes puntuales —principalmente en el sur del país— sobre la circulación de carne de burro. Aunque no existen estadísticas oficiales que confirmen su expansión, organizaciones rurales y medios locales señalaron casos en provincias como Chubut, donde la sequía y la crisis ganadera empujaron a buscar alternativas no tradicionales.

El tema es especialmente controvertido porque en Argentina la carne de burro no forma parte del consumo habitual ni del circuito formal de comercialización interna, y su producción suele destinarse a exportación. Especialistas advierten que, más que un fenómeno extendido, se trata de una práctica marginal amplificada por el contexto económico.

Analistas coinciden en que la polémica refleja un problema más profundo: el deterioro del acceso a una dieta adecuada. La combinación de inflación, caída del ingreso real y ajuste económico bajo la administración de Javier Milei está empujando a los hogares a sustituir alimentos tradicionales, instalando debates que, como el de la carne de burro, funcionan más como símbolo del malestar social que como tendencia masiva.

La derecha peruana llega a las elecciones generales de 2026 encabezando las encuestas, pero sin lograr consolidar un respaldo sólido en el electorado. Candidatos como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se mantienen en los primeros lugares, aunque con porcentajes bajos que rara vez superan el 15%, en un escenario marcado por la fragmentación y la incertidumbre.

Este liderazgo convive con un problema estructural: el alto rechazo ciudadano. Ambas figuras arrastran niveles importantes de desaprobación que limitan su crecimiento más allá de sus bases más fieles. En un contexto de desconfianza generalizada hacia la clase política, la competencia electoral se define cada vez más por el descarte que por la adhesión.

Más abajo en la contienda, al menos cinco partidos de derecha no logran despegar ni consolidar candidaturas competitivas. Agrupaciones como Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, Ahora Nación y Somos Perú se mantienen rezagadas en las encuestas, con niveles de intención de voto marginales que reflejan su debilidad en esta campaña.

A esta situación se suma la falta de cohesión dentro del propio bloque. Lejos de presentarse como una fuerza unificada, la derecha aparece fragmentada entre el fujimorismo, el conservadurismo y otras expresiones menores, lo que reduce su capacidad de capitalizar el voto en una sola candidatura fuerte.

Pese a todo, la derecha mantiene una ventaja relativa frente a otros sectores, favorecida por la dispersión del resto del espectro político. Sin embargo, el escenario apunta a una segunda vuelta abierta, donde su principal desafío no será solo llegar, sino convertir su liderazgo inicial en una mayoría efectiva en un electorado marcado por el escepticismo.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2026.- El Senado argentino concedió media sanción a la Ley de Modernización Laboral, impulsada por el presidente Javier Milei, en una votación ajustada de 42 a favor y 30 en contra tras una maratónica sesión de más de 14 horas. Esta reforma, que modifica más de 50 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente desde 1974, permite extender la jornada laboral diaria hasta 12 horas mediante un banco de horas compensatorio, habilita el pago de salarios en especie (como alimentos o alojamiento), reduce el cálculo de indemnizaciones por despido y limita el derecho a huelga en sectores esenciales. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca su aprobación definitiva antes del inicio de sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Entre los cambios más cuestionados destacan la posibilidad de abonar remuneraciones en moneda extranjera o bienes en lugar de efectivo exclusivo, el fraccionamiento de vacaciones en cualquier época del año (sin obligación de concentrarlas en verano), la reducción del pago en licencias por enfermedad no laboral (hasta 50-75% en algunos casos) y la priorización de convenios colectivos por empresa sobre los sectoriales. El Gobierno defiende estas medidas como esenciales para atraer inversiones, bajar la litigiosidad laboral y fomentar empleo formal en un contexto de alta informalidad. Sin embargo, sindicatos y oposición las califican de regresivas, precarizadoras y un retroceso en derechos conquistados por generaciones de trabajadores argentinos.

La aprobación se produjo en medio de intensas protestas convocadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales obreras. Miles de manifestantes se concentraron frente al Congreso desde el 11 de febrero, con pancartas y consignas contra lo que denominan «esclavitud moderna». La movilización escaló a enfrentamientos violentos: grupos arrojaron piedras y bombas molotov, mientras la policía respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua. El saldo oficial reportó al menos 71 detenidos y varios heridos (incluyendo 12-15 agentes), según fuentes de Seguridad y reportes periodísticos de Infobae, El País y France 24.

Ante este panorama de alta conflictividad social, la CGT convocó de urgencia a su Consejo Directivo (reunión virtual el lunes 16 de febrero) para evaluar la convocatoria a un paro general nacional de 24 horas, posiblemente coincidiendo con el tratamiento del proyecto en Diputados. Líderes sindicales como Cristian Jerónimo afirmaron que «están dadas todas las condiciones» para una medida de fuerza masiva, con llamados a nuevas movilizaciones y posibles acciones judiciales por inconstitucionalidad. La central obrera advierte que la reforma beneficia a grandes empresas a costa de los trabajadores y prepara un plan de lucha para frenar su avance.

Desde Lima, esta crisis laboral en Argentina genera preocupación regional: reformas de este tipo podrían inspirar agendas similares en otros países sudamericanos, donde la protección de derechos laborales enfrenta presiones económicas. Organizaciones peruanas de defensa del trabajo observan con alerta cómo el argumento de «modernización» podría diluir conquistas históricas en materia de jornada, salarios dignos y libertad sindical, en un contexto de creciente desigualdad en la región.