El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dispuso el 3 de septiembre de 2025 la liberación de la ex primera ministra Betssy Chávez, tras declarar fundado un recurso de habeas corpus presentado por su defensa. La decisión se basó en la determinación de que la extensión de su prisión preventiva, iniciada en junio de 2023, carecía de fundamentos legales suficientes, vulnerando su derecho a no sufrir detenciones arbitrarias. Chávez, investigada por el presunto delito de rebelión en relación con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, salió del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos tras más de dos años de reclusión.

La resolución del TC ha generado diversas reacciones. Sectores afines a Chávez, como miembros de Podemos Perú, celebraron el fallo, considerándolo una corrección a excesos judiciales, mientras que congresistas de bancadas como Avanza País criticaron la decisión, argumentando que Chávez tuvo un rol activo en un atentado contra el orden constitucional. La Defensoría del Pueblo destacó la sentencia como un precedente contra detenciones arbitrarias, enfatizando la importancia de respetar los plazos legales en los procesos judiciales.

A pesar de su liberación, el proceso penal contra Chávez continúa. El Ministerio Público, que solicita 25 años de prisión por rebelión, podría presentar un nuevo pedido de prisión preventiva, citando el riesgo de fuga debido al intento de la ex primera ministra de refugiarse en la Embajada de México tras los eventos de 2022. El caso sigue siendo objeto de debate público, reflejando las tensiones políticas y sociales en torno a la justicia en el país.

La historia es clara: cada vez que un pueblo de América Latina intentó recuperar sus recursos y decidir su destino, Estados Unidos apareció con la excusa perfecta para invadir, derrocar gobiernos o imponer dictaduras. Detrás de los discursos sobre democracia y libertad, siempre hubo petróleo, minerales, tierras fértiles y control geopolítico. El imperio se vistió de salvador, pero lo que dejó fue hambre, represión y sangre. Sin embargo, los pueblos nunca permanecieron de brazos cruzados: resistieron con dignidad, organización y memoria.

En Guatemala, en 1954, la CIA derrocó a Jacobo Árbenz porque se atrevió a tocar los intereses de la United Fruit Company, la todopoderosa bananera estadounidense. El pretexto fue el comunismo; la realidad, defender monopolios extranjeros. El resultado: más de tres décadas de guerra interna, masacres y más de 200 mil muertos, en su mayoría indígenas. Aun así, la resistencia guatemalteca nunca se rindió: las comunidades mayas, pese a la represión, mantuvieron vivas sus lenguas, su cultura y su organización comunal, y hoy siguen reclamando justicia y memoria frente al genocidio.

En Chile, en 1973, Nixon y Kissinger movieron los hilos para quebrar la democracia y apoyar el golpe contra Salvador Allende, quien había nacionalizado el cobre para los chilenos. La mentira fue otra vez la “amenaza roja”; la verdad, el temor a perder el control del mineral que alimentaba las industrias norteamericanas. El saldo: un Palacio de La Moneda bombardeado, miles de desaparecidos y una dictadura sangrienta. No obstante, desde el mismo 11 de septiembre, estudiantes, trabajadores y artistas chilenos levantaron la voz contra el régimen. Décadas después, Chile recuperó la democracia y hoy su pueblo sigue peleando por una nueva Constitución que rompa con el legado de Pinochet.

La misma receta se aplicó en Panamá en 1989, cuando se justificó la invasión con el argumento del narcotráfico para capturar a Noriega. Lo que estaba en juego no era la droga, sino el Canal de Panamá, arteria vital del comercio mundial. Miles de civiles panameños murieron en bombardeos que Washington nunca reconoció. Pero Panamá resistió: los movimientos sociales denunciaron la masacre y, años después, la soberanía sobre el Canal volvió a manos panameñas, fruto de la presión popular y la lucha diplomática.

En República Dominicana, en 1965, desembarcaron más de 40 mil marines con la excusa de “proteger a ciudadanos estadounidenses” y frenar un supuesto giro comunista, dejando cientos de muertos. Pero la resistencia no se apagó: miles de dominicanos, armados con lo poco que tenían, defendieron su capital durante días frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, dejando un símbolo imborrable de dignidad.

En Cuba, la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961 demostró la firmeza de un pueblo que derrotó en apenas 72 horas a mercenarios entrenados por la CIA, consolidando una revolución que, pese al bloqueo, se mantiene en pie más de sesenta años.

En Centroamérica, durante los años 80, la CIA financió guerras sucias y escuadrones de la muerte en Nicaragua, El Salvador y Honduras, pero las comunidades campesinas, obreras y estudiantiles resistieron con organización popular; y en Nicaragua, incluso, triunfó una revolución que sigue siendo referente regional.

El guion se repitió en otros continentes. En Irán, en 1953, la CIA tumbó a Mohammad Mossadegh por nacionalizar el petróleo, pero la resistencia iraní sembró las bases de futuras rebeliones contra el control extranjero. En el Congo, en 1961, el asesinato de Patrice Lumumba buscó frenar la independencia africana, pero su figura se convirtió en bandera de lucha panafricana.

En Afganistán, en 2001, se invadió bajo el pretexto del terrorismo, pero el pueblo afgano resistió dos décadas de ocupación hasta forzar la retirada de Estados Unidos en 2021. En Irak, en 2003, la mentira de las armas de destrucción masiva dejó cientos de miles de muertos, pero también una resistencia que nunca permitió la completa pacificación imperial.

En Libia, en 2011, la caída de Gadafi sumió al país en el caos, pero también emergieron movimientos que luchan por recuperar la soberanía petrolera. Y en Palestina, pese al bloqueo y las bombas sobre Gaza, la resistencia de su pueblo sigue siendo un símbolo mundial de dignidad frente a la ocupación, financiada por miles de millones de dólares de Washington.

Cada continente guarda una herida abierta marcada por la misma mano: la del imperio que no tolera que los pueblos sean dueños de sus recursos y de su destino. Pero también cada pueblo guarda su historia de lucha, de dignidad y de resistencia. En América Latina y el Caribe, como en Medio Oriente o África, las consecuencias se cuentan en dictaduras, masacres, pobreza y desplazamientos; pero la memoria de los caídos y la fuerza de las comunidades mantienen viva la certeza de que la soberanía no se concede, se conquista y se defiende.

La congresista Margot Palacios Huamán presentó el Proyecto de Ley N.° 12162, que propone la creación de un Registro Único de Afectados por la represión estatal ocurrida durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 contra el régimen de Dina Boluarte, periodo en el que murieron más de 50 personas y miles resultaron heridas. El objetivo de la iniciativa es garantizar un plan de reparación integral para las víctimas y sus familias.

De acuerdo con la propuesta, el registro estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y permitirá centralizar la información oficial de las personas fallecidas y heridas. Asimismo, contempla medidas concretas como atención médica gratuita y prioritaria, becas integrales para hijos de las víctimas, programas de atención psicológica especializada, e indemnizaciones económicas con pensiones mensuales equivalentes a una Remuneración Mínima Vital para cada heredero.

Palacios sostuvo que el proyecto se fundamenta en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y busca no solo reconocer a las víctimas, sino también establecer un precedente para que el Estado asuma su responsabilidad en materia de justicia social. “Este proyecto es un paso necesario hacia la verdad, la reparación y las sanciones ejemplares contra los responsables”, declaró la legisladora no agrupada y militante de Juntos por el Perú.