Lima, 7 de setiembre de 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta su primera prueba política de envergadura: conseguir que el nuevo Congreso bicameral le delegue facultades para legislar durante 120 días. El pedido comprende 66 medidas agrupadas en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, promoción de las MYPE, empleo, desarrollo productivo, materias tributarias, simplificación administrativa y modernización del Estado.

Un Ejecutivo sin mayoría propia

La aritmética parlamentaria explica la necesidad de negociar. Fuerza Popular es la primera fuerza en ambas cámaras, pero está lejos de controlar por sí sola el Congreso: tiene 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores. Juntos por el Perú cuenta con 32 diputados y 14 senadores; Renovación Popular, 15 y 8, respectivamente; mientras que las otras tres fuerzas completan la composición.

El escenario obliga al oficialismo a construir mayorías caso por caso. De hecho, un análisis del trámite parlamentario identifica a Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras como fuerzas determinantes para que el oficialismo pueda alcanzar los votos necesarios, aunque estas bancadas han expresado reparos sobre materias financieras y laborales y mantienen su alianza con Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, aliado del ex presidente Pedro Castillo Terrones.

Facultades: el primer campo de negociación

El Ejecutivo presentó el pedido con carácter de “muy urgente” y la presidenta Fujimori ha defendido públicamente la necesidad de aprobarlo con rapidez, especialmente para adoptar medidas contra la criminalidad, enfrentar los riesgos asociados al fenómeno El Niño y reducir trabas administrativas.

Pero una delegación de facultades no es un cheque en blanco. El Congreso debe determinar qué materias delega, durante cuánto tiempo y bajo qué límites. En un Parlamento fragmentado, el texto final dependerá de las modificaciones que se negocien entre el Ejecutivo y las bancadas.

Presupuesto, obras y cargos: ¿coincidencia o moneda política?

Es sabido que en política no hay coincidencias. En paralelo avanza la discusión del Presupuesto 2027, se organizan las comisiones del nuevo Congreso y continúan los procesos ordinarios de inversión pública y asignación presupuestal. La Comisión Bicameral de Presupuesto, por ejemplo, quedó integrada proporcionalmente por 19 senadores y 19 diputados, con Fuerza Popular como la primera fuerza en ambos grupos.

También existen decisiones sobre designaciones de funcionarios relacionados con Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar, cotizaciones para el viaje parlamentarios y mecanismos de inversión como las IOARR. Todos son ámbitos susceptibles de negociación política, pero su coincidencia temporal con el pedido de facultades no demuestra por sí misma un intercambio de votos por beneficios con parlamentarios, sobre todo del interior del país.

Aquí está la diferencia fundamental para una investigación periodística: una cosa es la negociación parlamentaria legítima —apoyo político a cambio de incorporar modificaciones, prioridades regionales o compromisos de gestión— y otra muy distinta sería ofrecer cargos, obras, presupuesto, viajes u otros beneficios particulares a cambio de votos determinados para que el pedido de facultades se mantenga en gran parte tal como lo envión el gobierno fujimorista.

¿Existe evidencia de una “píldora”?

Hasta el momento, no hay documentos públicos, registros parlamentarios o denuncias un acuerdo concreto mediante el cual el Gobierno haya ofrecido beneficios específicos a congresistas a cambio de aprobar las facultades.

La hipótesis de una eventual “repartija” puede ser políticamente plausible en un sistema donde el Ejecutivo necesita construir mayorías, sin convertirse en una afirmación periodística sin evidencia.

Pero sin duda, el Gobierno necesita aliados. Fuerza Popular obtuvo 41 diputados y 22 senadores, mientras que la aprobación del pedido dependerá de acuerdos con otras fuerzas y ¿cuál es el mecanismo que usan los partidos de derecha para este tipo de acuerdos?.

La investigación recién comienza

Por ello, la ruta de investigación debe ser concreta: comparar el voto de cada congresista con sus pedidos, iniciativas, designaciones vinculadas, obras priorizadas, modificaciones presupuestales y beneficios institucionales obtenidos durante la negociación.

También será necesario estar atentos a las reuniones entre el Ejecutivo y las bancadas, las declaraciones públicas de algunos que han logrado acuerdos no públicos, las modificaciones que experimente el proyecto de facultades y la votación de cada uno de los congresistas de ambas cámaras.

El Ejecutivo propone gastar S/266.506 millones en 2027, pero reduce en S/519 millones los recursos para Orden Público y Seguridad mientras eleva 25% el presupuesto de Defensa.

Lima, 3 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori presentó al Congreso su proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones, un incremento de 3,5% respecto al presupuesto inicial de este año. Sin embargo, la distribución de los recursos abrió una controversia política: mientras el Ejecutivo coloca la lucha contra la delincuencia entre sus principales prioridades, la función Orden Público y Seguridad registra una reducción de S/519 millones y Defensa y Seguridad Nacional aumenta en S/1.812 millones.

Menos recursos para enfrentar la delincuencia

El proyecto asigna S/15.338 millones a Orden Público y Seguridad, frente a los S/15.857 millones aprobados para 2026. La reducción equivale a 3,3%.

El ajuste también alcanza al programa Reducción de delitos y faltas, directamente relacionado con las acciones de seguridad ciudadana. Sus recursos pasarían de S/6.878 millones a S/6.494 millones, una disminución de S/384 millones.

La reducción ocurre mientras el Gobierno sostiene que la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado constituyen una prioridad de su gestión.

Durante la sustentación del presupuesto ante el Congreso, el premier Luis Galarreta defendió la asignación para seguridad y señaló que alrededor de S/15.400 millones estarán orientados al orden público, la investigación del delito y el fortalecimiento de la capacidad operativa policial.

Defensa aumenta 25 %

La otra cara de la distribución presupuestal está en Defensa.

La función Defensa y Seguridad Nacional recibiría S/8.993 millones en 2027, frente a S/7.180 millones en 2026. El aumento alcanza aproximadamente los S/1.812 millones, equivalente a 25%.

El salto es todavía mayor en los proyectos de inversión. El presupuesto destinado a reparación, renovación y equipamiento de las Fuerzas Armadas pasaría de S/665 millones a S/2.548 millones, un incremento de aproximadamente 283%. Entre las inversiones figuran proyectos vinculados con capacidades militares, aviones de combate, la Fuerza de Superficie y la Base Naval del Callao.

Para el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, el incremento responde a un proceso de recuperación de capacidades militares acumulado durante años. Al mismo tiempo, advirtió que las adquisiciones deben ser vigiladas para garantizar que el Estado compre lo necesario y al mejor costo.

Pero desde el sector Interior la lectura es distinta. El exviceministro Ricardo Valdés cuestionó que se reduzcan recursos para enfrentar una amenaza interna como la delincuencia mientras se incrementa el gasto destinado a una eventual amenaza militar externa.

Oposición exige cambiar prioridades

El debate parlamentario realizado este jueves mostró que el proyecto no tendrá un trámite sencillo.

La diputada Roxana Rocha cuestionó la asignación para seguridad ciudadana, mientras el diputado Ernesto Zunini alertó sobre la reducción de S/519 millones. Jennifer Paredes pidió, además, restituir S/430 millones para seguridad.

Los cuestionamientos alcanzaron también la distribución territorial de los recursos. Paredes sostuvo que el gasto de capital de los gobiernos regionales crecería apenas 1,1%, mientras que Renovación Popular denunció una reducción en determinados recursos para inversión regional y pidió priorizar las zonas rurales y urbano-marginales.

Beneficios tributarios y subsidios entran en la discusión

La discusión sobre las prioridades fiscales también alcanza los beneficios tributarios.

Durante el debate, el diputado Christian Aranda pidió transparentar estos beneficios, que según sus declaraciones superarían los S/24 mil millones. La OCDE, por su parte, ha planteado revisar los beneficios tributarios que no demuestren resultados suficientes.

Uno de los casos bajo cuestionamiento es el régimen preferencial para grandes agroexportadoras, cuya menor recaudación ha sido estimada en aproximadamente S/1.888 millones anuales.

El Gobierno también ha recurrido a subsidios temporales. En agosto anunció una subvención de entre 15% y 20% para la compra de diésel destinada a determinados transportistas, con una vigencia inicial de tres meses. La medida fue presentada como respuesta al incremento internacional de los combustibles, pero especialistas cuestionaron su focalización y sostenibilidad.

Derechos laborales: otro frente abierto

La discusión presupuestaria ocurre además en medio de una disputa sobre la política laboral del Ejecutivo.

El Gobierno ha planteado al Congreso facultades para establecer un nuevo régimen laboral orientado a las MYPE, con un esquema de remuneraciones y beneficios que crecerían progresivamente. La propuesta contempla cambios que podrían reducir inicialmente gratificaciones, CTS y vacaciones para los trabajadores incorporados al nuevo régimen.

Los sindicatos han rechazado la propuesta y sostienen que podría afectar derechos laborales. En agosto, trabajadores de construcción civil convocados por la CGTP marcharon hacia el Congreso para expresar su oposición a eventuales modificaciones regresivas.

Estas reformas, sin embargo, corresponden al pedido de facultades legislativas y no constituyen partidas específicas del Presupuesto 2027.

Una batalla por las prioridades del Estado

El proyecto presentado por el Gobierno no solo pone en discusión cuánto gastará el Estado en 2027. También abre una disputa sobre en qué debe gastar más y qué problemas considera urgentes.

El Ejecutivo defiende un presupuesto de S/266.506 millones con énfasis en seguridad, educación, salud y transporte. La oposición cuestiona que esa prioridad no se refleje completamente en la distribución interna de los recursos y pone bajo la lupa el aumento del gasto militar, los beneficios tributarios, la inversión regional y las políticas laborales.

La discusión recién comienza. El proyecto será analizado por las instancias parlamentarias correspondientes antes de su aprobación definitiva.

Lo que está en juego no es únicamente una cifra de S/266.506 millones. Es la definición de las prioridades económicas del primer año completo del Gobierno de Keiko Fujimori: seguridad ciudadana frente a Defensa, gasto social frente a otras inversiones, beneficios económicos frente a mayor recaudación y flexibilidad laboral frente a derechos adquiridos.

El Congreso tendrá ahora que decidir si mantiene la distribución propuesta por el Ejecutivo o modifica las partidas para responder a las demandas que ya han puesto sobre la mesa las distintas bancadas.

La presidente registra S/1’016,123.31 en el rubro “otros”, principalmente asociado a ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Como candidata declaró solamente un Subaru valorizado en S/115,998.

Lima, 25 de agosto de 2026.- La presidente Keiko Fujimori declaró ante la Contraloría General de la República un patrimonio total de S/1’132,121.31 al inicio de su gestión, según su primera declaración jurada de ingresos, bienes y rentas como jefa de Estado.

El documento registra S/115,998 en el rubro bienes y S/1’016,123.31 en “otros”, categoría que comprende principalmente ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Además, Fujimori consignó ingresos mensuales de S/35,568 provenientes del sector público.

¿Qué declaró como candidata?

El contraste adquiere relevancia porque en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026, Fujimori declaró como bien mueble un Subaru Forester, adquirido en 2017, valorizado en S/115,998. No registró bienes inmuebles a su nombre.

En esa misma declaración consignó S/271,853.45 de ingresos correspondientes al año 2024, provenientes del sector privado.

La diferencia entre los S/1’132,121.31 declarados actualmente y los S/115,998 correspondientes al vehículo es de S/1’016,123.31. Sin embargo, esta diferencia no puede interpretarse automáticamente como un incremento patrimonial irregular, debido a que las declaraciones responden a formatos y categorías diferentes.

El millón está registrado como “otros”

El principal elemento que requiere seguimiento es el rubro “otros”, donde la actual declaración ante Contraloría registra S/1’016,123.31.

Las fuentes públicas consultadas señalan que esta categoría comprende ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Sin embargo, la información pública no permite identificar todos los detalles de las cuentas o instrumentos financieros involucrados.

Por ello, con la información disponible no es posible afirmar que se trate de dinero adquirido recientemente ni atribuirle un origen irregular.

El antecedente de 2011

La comparación con su última declaración como congresista ofrece otro dato relevante. Al culminar su periodo parlamentario en 2011, Fujimori declaró S/117,500 en bienes y S/603,700 en el rubro “otros”, por un total de S/721,200.

La pregunta pendiente

El dato que requiere mayor explicación pública no es únicamente el monto total declarado, sino la composición y origen de los S/1’016,123.31 registrados actualmente en “otros” y su correspondencia con las declaraciones patrimoniales anteriores.

La información publicada por la Contraloría permite conocer los montos generales, pero no todos los detalles de los activos financieros declarados.

Pulso27.com considera que la transparencia patrimonial de los altos funcionarios debe permitir a la ciudadanía comprender no solo cuánto se declara, sino también cómo está compuesto el patrimonio y cómo evolucionó entre una declaración y otra.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha incorporado una explicación de la presidenta Keiko Fujimori sobre la composición específica del monto registrado en el rubro “otros”.