Lima, 13 de octubre de 2025.– En un contexto de crisis política y creciente malestar ciudadano hacia el Gobierno, un grupo de gobernadores regionales, varios de ellos investigados por corrupción y ligados a partidos de derecha, emitió un pronunciamiento en apoyo al presidente José Enrique Jeri Oré. En el documento, los firmantes respaldan la convocatoria a un “Pacto por la gobernabilidad democrática y la paz social”, abogando por la unidad entre fuerzas políticas y sociales, pese a las serias críticas que enfrentan por su propia gestión.

El comunicado, publicado este lunes, busca transmitir una imagen de diálogo y estabilidad; sin embargo, diversos analistas lo interpretan como un intento de blindaje político entre las autoridades regionales y el Ejecutivo. Entre los firmantes destacan los gobernadores de Lambayeque, Ayacucho, Callao, Pasco y Amazonas, muchos de los cuales están involucrados en procesos judiciales por delitos como corrupción, colusión y malversación de fondos. Según expertos, este respaldo tendría como objetivo garantizar impunidad frente a posibles investigaciones y preservar cuotas de poder en un escenario de reconfiguración política.

El pronunciamiento apela a la “unidad nacional” y al “fortalecimiento del Estado descentralizado”, pero elude cualquier autocrítica sobre los casos de corrupción y la deficiente gestión presupuestal en las regiones. En un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones, el documento ha generado rechazo entre sectores populares y organizaciones sociales, que lo consideran un pacto entre élites regionales para sostener un gobierno debilitado y proteger sus propios intereses políticos y económicos.

El alcalde provincial de Pataz, en la región La Libertad, Aldo Carlos Mariños, llegó a Lima para sostener una reunión con el presidente interino José Jerí Oré. El encuentro tuvo como objetivo abordar temas vinculados al desarrollo local, la seguridad en la zona minera y los proyectos de infraestructura pendientes en la provincia. La reunión se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la participación de representantes del Ejecutivo y asesores municipales.

Sin embargo, el acercamiento generó críticas entre sectores del movimiento social y popular de la sierra norte y centro del país, quienes esperaban que las autoridades locales mantuvieran una posición más distante frente a un gobierno que consideran transitorio y sin respaldo popular. Algunos dirigentes señalaron que la cita con Jerí podría interpretarse como un gesto de aval político a un régimen que, según indican, no pretende impulsar ningún cambio estructural en beneficio del país profundo, porque además responde a los intereses de los que dirigen el Congreso de la República, aliados de Dina Boluarte.

Por su parte, fuentes cercanas al alcalde defendieron la reunión, argumentando que su participación responde solamente a la necesidad de gestionar recursos y proyectos urgentes para la provincia de Pataz, afectada por problemas de conectividad vial y conflictos mineros. Afirmaron además que el diálogo con el Ejecutivo no implica renunciar a las demandas históricas del pueblo liberteño, sino buscar soluciones concretas para su provincia en el marco institucional.

Lima, 5 de octubre de 2025. — Cientos de jóvenes salieron a las calles del centro de Lima el sábado 4 y domingo 5 de octubre convocados por el colectivo Generación Z, un movimiento juvenil que denuncia la corrupción estructural, la impunidad y la represión que pesan sobre el país. Las movilizaciones, autoconvocadas a través de redes sociales, expresaron el hartazgo de una generación que no se siente representada por el Congreso ni por el gobierno de Dina Boluarte.

La concentración principal se realizó el sábado en la Plaza San Martín, desde donde los manifestantes marcharon hacia el Congreso de la República, en medio de un fuerte despliegue policial. Con pancartas, tambores y símbolos de la cultura popular —la “Z” pintada en los rostros y la bandera pirata de One Piece—, los jóvenes exigieron el fin de la impunidad, justicia por las víctimas de la represión de 2022 y 2023, y una renovación completa del sistema político. “No tenemos miedo, tenemos memoria”, se escuchó corear durante la marcha.

Aunque la protesta transcurrió de manera pacífica, organizaciones de derechos humanos denunciaron uso excesivo de la fuerza. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reportó que el joven músico Rumi, integrante de un colectivo de sikuris, resultó herido por un proyectil metálico que se alojó en su cadera, presuntamente disparado por efectivos policiales. La CNDDHH exigió la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos para investigar el hecho y denunció que agentes intentaron retener el celular del herido y manipular la evidencia del proyectil extraído.

El domingo, las movilizaciones continuaron en menor número, pero con una marcada presencia cultural. Colectivos feministas, universitarios y artísticos convirtieron la Plaza San Martín en un espacio de expresión libre, con música, poesía y performances que reafirmaron su rechazo a la represión estatal y al silencio institucional. Las consignas apuntaron también contra los grandes medios, acusados de minimizar la protesta juvenil.

El movimiento Generación Z, nacido de las redes sociales y de la frustración colectiva ante la corrupción y la violencia policial, se consolida así como una nueva fuerza ciudadana, sin jerarquías ni partidos, que irrumpe con creatividad, humor y determinación. Su mensaje es directo: la juventud no callará ante la injusticia, la mentira ni el miedo.