Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.

El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado

El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.

El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.

Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.

La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.

Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?

El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.

Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.

Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada

La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.

Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.

Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.

Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.

Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.

En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.

Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.

Lima, 15 de enero de 2026.- Congresistas progresistas anunciaron el inicio de la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra Fernando Rospigliosi Capurro, actual presidente encargado del Congreso de la República. El pedido se sustenta en la presunta «indebida injerencia» en decisiones del Poder Judicial, específicamente en relación con el caso Cayara (Ayacucho), donde se investigan ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1988.

De acuerdo con el documento en proceso de firma, la acusación se basa en una columna de opinión publicada por Rospigliosi el 12 de enero en el diario Expreso, en la que mencionó nombres y apellidos de los jueces a cargo del caso (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata), así como en posteriores declaraciones en las que advirtió que magistrados que no apliquen determinada normativa incurrirían en prevaricato y deberían ser sancionados de inmediato. Además, se cuestiona su participación virtual en una audiencia relacionada con el proceso, lo que -según la moción- constituiría un acto de presión incompatible con la neutralidad que debe guardar el titular del Congreso.

Hasta el momento, la iniciativa se encuentra en etapa preliminar y requiere el respaldo de al menos el 15% de los congresistas para ser admitida a debate en el Pleno. Diversas organizaciones del sector justicia han expresado preocupación por los hechos, mientras que fuentes cercanas al legislador de Fuerza Popular han señalado que sus expresiones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y en la defensa del cumplimiento de la ley.

Lima, 06 de enero 2026.- El 6 de enero de 2026, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, oficializó la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público: Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y, de manera particularmente alarmante, el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Esta medida, publicada en El Peruano, transfiere las investigaciones a fiscalías especializadas bajo el argumento de optimizar recursos y unificar la persecución penal. Sin embargo, expertos y representantes de víctimas coinciden en que representa un grave debilitamiento institucional, especialmente en los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, donde al menos 49 civiles perdieron la vida por represión policial y militar.

El Eficavip, creado en marzo de 2023, era el único equipo dedicado exclusivamente a investigar las muertes y lesiones graves en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, incluyendo episodios como la masacre de Juliaca (18 fallecidos en un solo día) y Ayacucho. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado que muchas de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, con uso excesivo de fuerza letal. La disolución de este equipo dispersa las carpetas fiscales, elimina la coordinación especializada y genera riesgos de dilaciones procesales, en un contexto donde las investigaciones ya avanzaban lentamente y enfrentaban estancamientos en la responsabilidad de altos mandos.

La decisión de Gálvez no es aislada: él mismo fue investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto —cuyo equipo también se desactiva—, por presuntos vínculos con una red de corrupción judicial que incluyó audios comprometedores con César Hinostroza. Aunque Gálvez niega cualquier implicancia y califica el caso como «una invención», su restitución en 2025 por el Tribunal Constitucional y su rol actual como fiscal interino generan un evidente conflicto de intereses. Esta sombra de parcialidad se extiende al Eficavip, donde abogados de deudos como Juan José Quispe denuncian que la medida busca «proteger» a altos mandos policiales y al Ejecutivo, instalando un «manto de impunidad».

Reacciones no se han hecho esperar. José Ugaz advierte que la desactivación favorece a investigados con aspiraciones políticas rumbo a las elecciones 2026, mientras Silvana Carrión lamenta el debilitamiento de la lucha anticorrupción. Para las víctimas de las protestas, es «un día negro para el Ministerio Público», como lo calificó Quispe, pues muchas investigaciones ni siquiera alcanzan tres años y ahora corren riesgo de prescripción o archivo. Aunque Gálvez deslinda responsabilidad personal y promete continuidad en subsistemas especializados, la pérdida de equipos autónomos implica menor especialización y mayor burocracia.

En un país marcado por la impunidad en graves violaciones de derechos humanos, esta reestructuración no solo cuestiona la independencia del Ministerio Público, sino que envía un mensaje preocupante: las vidas perdidas en 2022-2023 podrían quedar sin justicia plena. Urge una supervisión independiente para garantizar que las investigaciones no se diluyan, y que las víctimas —y no los intereses políticos— sean el centro de la persecución penal.