Lima, 7 de diciembre de 2025.- Hace exactamente tres años, el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo Terrones fue brutalmente destituido del poder por una derecha parlamentaria que, en un acto de venganza política, lo acusó injustamente de intento de golpe de Estado. En un mensaje a la Nación, Castillo denunció la interferencia constante del Congreso en su gestión, proponiendo medidas excepcionales para restablecer el Estado de derecho ante el bloqueo sistemático de la oligárquica que rechazaba al líder rural elegido por millones de peruanos. Sin embargo, el pleno congresal, dominado por intereses neoliberales y conservadores, lo vacó con 101 votos a favor, ignorando el clamor popular y las evidencias de un linchamiento institucional. Detenido ese mismo día y recluido en el penal de Barbadillo, Castillo se convirtió en símbolo de la resistencia contra un sistema que pisotea la voluntad democrática.

A pesar de las graves imputaciones de golpe de Estado y rebelión, el Poder Judicial, en una sentencia confirmada este mes, descartó por completo la calificación de golpe de Estado y rebelión al no encontrar pruebas de alzamiento armado o ejecución efectiva de las medidas anunciadas. La Corte Suprema ratificó solo una condena por conspiración, con 11 años de prisión y dos de inhabilitación, pero el fallo enfatiza la ausencia de evidencias concretas que justifiquen la narrativa golpista impulsada por la oposición burguesa y oligárquica. «No hubo golpe de Estado y rebelión ni abuso de autoridad probados», se lee en la resolución del 4 de diciembre, que reduce la pena inicial solicitada por la Fiscalía de 34 años a una sanción menor, reconociendo implícitamente la persecución política. Castillo, desde su celda, ha reiterado que su proclama fue un acto de defensa ante un «golpe permanente» orquestado por la mayoría neoliberal del Congreso y aliados mediáticos, un discurso que resuena hoy en las bases populares que lo ven como mártir de la izquierda.

En un giro que ilustra la resiliencia del pueblo peruano, Pedro Castillo, aún preso, se perfila como el número 1 en la lista al Senado por Juntos por el Perú, liderado por su ex ministro y actual congresista Roberto Sánchez Palomino, para las elecciones de 2026, flanqueado por líderes de la izquierda popular como Margot Palacios, Jaime Quito, Jorge Espelucín e Iver Maraví. A pesar de la inhabilitación temporal, su candidatura simbólica moviliza un caudal electoral masivo, con encuestas que lo proyectan ganando con amplia votación en regiones andinas y amazónicas, donde su figura encarna la lucha contra la corrupción elitista. Sánchez, candidato presidencial de la agrupación, califica esta postulación como «el retorno de la voz del pueblo al poder». Si las urnas confirman su triunfo, Castillo podría presidir la nueva Cámara de Senadores, transformando su injusta reclusión en un mandato popular que desafíe al establishment limeño y reactive el debate por una nueva Constitución. El 7 de diciembre, fecha de traición para unos, se erige como hito de esperanza para el Perú profundo.

En una decisiva sesión parlamentaria, un bloque de congresistas de izquierda socialista y del movimiento popular logró detener el nuevo intento de la derecha por inhabilitar políticamente al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez. La propuesta conservadora obtuvo solo 44 votos a favor en el caso de Castillo y 53 en el de Chávez, cifras muy por debajo de los 68 votos requeridos. La jornada dejó en evidencia la creciente resistencia frente al lawfare y al uso político de las instituciones que se profundizó tras la ruptura constitucional del 7 de diciembre de 2022.

La congresista Margot Palacios, de Juntos por el Perú, encabezó la firme oposición a estas inhabilitaciones, respaldada por legisladores de diversas bancadas de izquierda y del movimiento popular como Germán Tacuri, Roberto Sánchez, Wilson Quispe, Jaime Quito, Pasión Dávila y José María Balcázar. Para Palacios y sus colegas, las acusaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de una estrategia destinada a impedir que líderes con amplio respaldo popular continúen participando en la vida política del país.

Palacios, candidata al Senado con el número 8 y respaldada por Pedro Castillo, se ha consolidado como una de las voces más coherentes en la defensa de los perseguidos políticos. Recientemente presentó un proyecto de ley de amnistía total para Castillo, con el fin de extinguir las condenas y procesos penales derivados de los sucesos de diciembre de 2022. Según la parlamentaria, esta iniciativa busca corregir el uso instrumental del sistema judicial para validar decisiones políticas impulsadas desde el Congreso.

La congresista sostiene que las sentencias contra Castillo y Chávez responden a un Poder Judicial subordinado a la actual mayoría parlamentaria. En reiteradas intervenciones ha denunciado la criminalización de la protesta social y el intento de excluir de la esfera electoral a quienes representan proyectos de transformación económica y social. Su voz se ha convertido en un referente del campo popular, articulando la defensa de los derechos democráticos con la exigencia de justicia para las víctimas del régimen.

La reciente votación demuestra que, pese al control ejercido por la derecha y sectores aliados —incluyendo a parte de Perú Libre— existe una resistencia firme dentro y fuera del Parlamento. Para los congresistas que votaron en contra, este resultado es una victoria parcial pero significativa en la defensa de la voluntad popular y en la lucha contra la persecución política. Mientras continúan las demandas por la libertad de Pedro Castillo y justicia para las víctimas de la represión, Margot Palacios reafirma su compromiso con una democracia al servicio del pueblo y no de los intereses económicos que buscan perpetuar su dominio.

Lima, 3 de diciembre de 2025 – El partido Podemos Perú, que actualmente postula a Raúl Noblecilla como candidato a la segunda vicepresidencia con discurso de “defensa del pueblo” y promesa de indulto a Pedro Castillo, quedaría en una posición extremadamente incómoda si el Poder Judicial admite a trámite la acusación fiscal que solicita 22 años y 8 meses de prisión para su líder efectivo, José Luna Gálvez, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso conocido como “Los Gánsters de la Política”.

La contradicción sería aún más evidente si se recuerda que los congresistas de la bancada de Podemos Perú votaron unánimemente a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y, durante casi tres años, rechazaron sistemáticamente todas las mociones de vacancia contra Dina Boluarte, blindándola en más de 40 ocasiones junto a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre, solo para voltearle la espalda en octubre de 2025 cuando su impopularidad superó el 90 %.

Analistas consultados por este medio advertirían que, de concretarse el juicio oral contra Luna Gálvez y mantenerse el discurso de “izquierda” en la campaña 2026, Podemos Perú podría perder la poca credibilidad que tiene ante el electorado en un país ya saturado de promesas vacías y traiciones parlamentarias, porque además ya es forzado a extremo el discurso de sus dos candidatos a vicepresidencia, porque en escencia es un partido de la derecha pragmática que siempre estuvo aliniado a los gobiernos neoliberales de turno.