Lima, 8 de diciembre de 2025.- El Poder Judicial ordenó la suspensión provisional del proceso electoral interno del partido Ahora Nación, lo que paralizó las votaciones programadas para este domingo 7 de diciembre destinadas a elegir la plancha presidencial encabezada por Alfonso López Chau, así como a los candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. La medida fue emitida por el Juzgado Civil de La Merced, en Junín, al declarar fundada una demanda de amparo presentada por los militantes Geraldine Estefany Ponce Llanos y Nilton César Meza Franco contra el Tribunal Electoral Nacional del partido. Según la resolución del juez Augusto Balbín Solís, la suspensión abarca los efectos jurídicos y fácticos del acta de sesión del 8 de octubre de 2025, que convocaba la elección de delegados y el cronograma general para las elecciones generales de 2026.

Los demandantes alegaron irregularidades graves en el procedimiento, como la falta de publicación oportuna de la convocatoria y el cronograma electoral, lo que les impidió presentar listas alternativas o formular tachas contra otras postulaciones. Además, denunciaron que el proceso no fue comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), violando el derecho a participar, elegir y ser elegidos de los afiliados. Otro punto controvertido fue el requisito de un pago de hasta S/ 80.000 para inscribir candidaturas, calificado como discriminatorio e irregular. La resolución judicial advierte al Tribunal Electoral Nacional, presidido por Daniel Martín Plácido Matta, que se abstenga de continuar el proceso bajo apercibimiento de denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad, hasta la resolución del fondo del caso.

A pesar de la orden judicial, Ahora Nación procedió con la elección de delegados el 30 de noviembre y las votaciones del 7 de diciembre bajo la supervisión técnica de la ONPE, argumentando que el fallo es inaplicable y que los actos ya ejecutados no pueden ser retrotraídos. El Comité Ejecutivo Nacional del partido expresó preocupación por posibles intentos de bloquear su participación en los comicios de abril de 2026, y anunció que evaluará medidas legales posteriores. Expertos electorales consultados indican que esta suspensión podría derivar en una tacha ante el JNE, invalidando la candidatura de López Chau si se confirman las infracciones a la democracia interna, en un contexto de 37 partidos que completaron sus procesos sin mayores contratiempos.

Lima, 8 de diciembre de 2025 – El ataque armado que sufrió el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa el pasado 2 de diciembre en Cerro Azul (Cañete) ha puesto bajo la lupa no solo la inseguridad que azota a los empresarios peruanos, sino también el origen y la naturaleza del patrimonio inmobiliario que sostiene a una de las familias más tradicionales de la política peruana. Fuentes policiales aún no entregan las pericias balísticas y manejan como hipótesis principal la extorsión ligada a sus proyectos de urbanización, mientras el propio Belaúnde Llosa descarta motivación política y admite haber recibido llamadas de “vacuna” en el pasado. El incidente, sin embargo, ha terminado revelando lo que medios como Cuarto Poder han calificado como “el secreto mejor guardado” del próspero negocio familiar: la Corporación Belaúnde, dedicada al saneamiento y venta de terrenos en zonas de expansión limeña, opera en un contexto de alta vulnerabilidad a mafias de invasores y extorsionadores.

Una herencia de élite con sombras históricas
Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), dirige hoy una cartera inmobiliaria que se alimenta de una tradición de propiedades iniciada en el siglo XIX por generales y ministros de la República, consolidada durante el siglo XX y modernizada en democracia. Aunque no existen procesos judiciales que vinculen directamente al exmandatario con enriquecimiento ilícito —su imagen de probidad personal sigue siendo defendida por Acción Popular y sectores liberales—, su segundo gobierno fue escenario de escándalos como Renatto Bautista, Guvartes y Villa Coca, además de la responsabilidad estatal en miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese pasado, nunca juzgado por su fallecimiento en 2002, reaparece ahora como telón de fondo de la fortuna que permite a su nieto financiar la precandidatura presidencial por Libertad Popular.

Libertad Popular: ¿renovación liberal o continuidad oligárquica?
Mientras Belaúnde Llosa se presenta como abanderado de un “capitalismo popular” que promete igualar oportunidades mediante infraestructura estatal y mercado libre, críticos de izquierda y derecha lo señalan como símbolo de una élite desconectada: en febrero de 2025 desconoció el salario mínimo real y el costo del transporte público. Su partido, fundado junto al expremier Pedro Cateriano y con figuras como Diana Álvarez-Calderón, busca diferenciarse del fujimorismo y del “terruqueo” tradicional, pero arrastra el peso de alianzas pasadas con Fuerza Popular y el estigma familiar de un apellido que, para muchos peruanos, aún evoca tanto carreteras emblemáticas como masacres impunes. A cuatro meses de las elecciones internas de 2026, el atentado de Cañete no solo expuso la fragilidad de los empresarios frente a la delincuencia, sino también la dificultad de vender un proyecto de “renovación liberal” cuando la riqueza que lo sustenta nació en los privilegios de la vieja oligarquía peruana.

Lima, 7 de diciembre de 2025.- Hace exactamente tres años, el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo Terrones fue brutalmente destituido del poder por una derecha parlamentaria que, en un acto de venganza política, lo acusó injustamente de intento de golpe de Estado. En un mensaje a la Nación, Castillo denunció la interferencia constante del Congreso en su gestión, proponiendo medidas excepcionales para restablecer el Estado de derecho ante el bloqueo sistemático de la oligárquica que rechazaba al líder rural elegido por millones de peruanos. Sin embargo, el pleno congresal, dominado por intereses neoliberales y conservadores, lo vacó con 101 votos a favor, ignorando el clamor popular y las evidencias de un linchamiento institucional. Detenido ese mismo día y recluido en el penal de Barbadillo, Castillo se convirtió en símbolo de la resistencia contra un sistema que pisotea la voluntad democrática.

A pesar de las graves imputaciones de golpe de Estado y rebelión, el Poder Judicial, en una sentencia confirmada este mes, descartó por completo la calificación de golpe de Estado y rebelión al no encontrar pruebas de alzamiento armado o ejecución efectiva de las medidas anunciadas. La Corte Suprema ratificó solo una condena por conspiración, con 11 años de prisión y dos de inhabilitación, pero el fallo enfatiza la ausencia de evidencias concretas que justifiquen la narrativa golpista impulsada por la oposición burguesa y oligárquica. «No hubo golpe de Estado y rebelión ni abuso de autoridad probados», se lee en la resolución del 4 de diciembre, que reduce la pena inicial solicitada por la Fiscalía de 34 años a una sanción menor, reconociendo implícitamente la persecución política. Castillo, desde su celda, ha reiterado que su proclama fue un acto de defensa ante un «golpe permanente» orquestado por la mayoría neoliberal del Congreso y aliados mediáticos, un discurso que resuena hoy en las bases populares que lo ven como mártir de la izquierda.

En un giro que ilustra la resiliencia del pueblo peruano, Pedro Castillo, aún preso, se perfila como el número 1 en la lista al Senado por Juntos por el Perú, liderado por su ex ministro y actual congresista Roberto Sánchez Palomino, para las elecciones de 2026, flanqueado por líderes de la izquierda popular como Margot Palacios, Jaime Quito, Jorge Espelucín e Iver Maraví. A pesar de la inhabilitación temporal, su candidatura simbólica moviliza un caudal electoral masivo, con encuestas que lo proyectan ganando con amplia votación en regiones andinas y amazónicas, donde su figura encarna la lucha contra la corrupción elitista. Sánchez, candidato presidencial de la agrupación, califica esta postulación como «el retorno de la voz del pueblo al poder». Si las urnas confirman su triunfo, Castillo podría presidir la nueva Cámara de Senadores, transformando su injusta reclusión en un mandato popular que desafíe al establishment limeño y reactive el debate por una nueva Constitución. El 7 de diciembre, fecha de traición para unos, se erige como hito de esperanza para el Perú profundo.