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Cinco asesinatos en Lima pese a estado de emergencia por crímenes y extorsiones

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Estado de Emergencia de Lima

El estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima y Callao desde el 26 de septiembre, como respuesta a la creciente ola de extorsiones y criminalidad, no ha logrado frenar la violencia en la capital peruana. En menos de una semana, cinco personas han sido asesinadas en diversos distritos, lo que evidencia la insuficiencia de las medidas implementadas por el gobierno para contener el sicariato y la inseguridad ciudadana.

El primer crimen ocurrió el mismo día de la declaratoria de emergencia, cuando un joven fue hallado dentro de una maleta en Ate. Al día siguiente, en San Isidro, un empresario fue asesinado por dos sicarios motorizados, un caso que conmocionó a este distrito comercial. El 28 de septiembre, la violencia continuó: un repartidor fue acribillado en San Miguel, mientras que otro hombre fue interceptado y asesinado por presuntos sicarios en el Cercado de Lima. Finalmente, en la madrugada del 29 de septiembre, un joven repartidor, Richard Daniel Rivero, fue asesinado a balazos en Puente Piedra, uno de los distritos bajo estado de emergencia.

Ante esta situación, la presidenta Dina Boluarte ha intensificado su discurso contra el crimen organizado. Durante una visita a Piura, donde entregó 120 camionetas a la Policía, la mandataria pidió al Congreso aprobar con urgencia el proyecto de ley que tipifica el terrorismo urbano. “Es momento de endurecer las penas, es momento de demostrarle a la delincuencia que no van a poder con nosotros”, afirmó Boluarte. Además, reiteró que el sicariato, secuestro y extorsión son delitos que deben ser enfrentados con toda la severidad de la ley.

Presidenta en funciones Dina Boluarte pide aprobar ley de terrorismo urbano al Congreso

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el 3 de octubre se debatirá el proyecto de ley sobre terrorismo urbano. Sin embargo, la demora en la implementación de nuevas normativas ha generado críticas, especialmente desde el Colegio de Abogados de Lima (CAL), que cuestionó la efectividad de las leyes actuales contra el crimen organizado y la inacción del gobierno. Según el CAL, la reciente modificación de la ley contra el crimen organizado ha generado un ambiente propicio para la proliferación de bandas de extorsionadores, afectando gravemente a sectores como el transporte.

En paralelo, gremios como la Federación Nacional de Mototaxistas han anunciado un paro nacional para el 31 de octubre, uniéndose al reclamo de transportistas que denuncian haber sido víctimas de extorsión. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la sensación de inseguridad persiste, mientras los ciudadanos exigen acciones más contundentes.

Los ciudadanos de Lima están cansados de la criminalidad y extorsiones

Criminalidad desborda medidas del gobierno

Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido desplegadas en los distritos bajo estado de emergencia, las autoridades han admitido su incapacidad para cubrir toda la ciudad. Los homicidios ocurridos fuera de las zonas en emergencia, como en el Cercado de Lima y San Miguel, reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno de Dina Boluarte.

La creciente violencia ha generado preocupación entre los gremios empresariales y sindicatos, que temen por la seguridad de sus miembros. La falta de respuesta ante las amenazas, como en el caso de Manuel Montoya Calle, asesinado el 28 de septiembre, ha desatado una ola de indignación. Montoya había denunciado recibir amenazas de muerte, pero sus alertas fueron ignoradas por las autoridades.

Con la criminalidad en alza y la ciudadanía perdiendo la confianza en las medidas del gobierno, el futuro del estado de emergencia es incierto. La urgencia de una respuesta efectiva se hace cada vez más palpable, mientras la población espera que el gobierno y el Congreso actúen con la celeridad que la situación amerita.

Fuentes: Webs y redes de noticias

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

Redactor

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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