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Cinco asesinatos en Lima pese a estado de emergencia por crímenes y extorsiones

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Estado de Emergencia de Lima

El estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima y Callao desde el 26 de septiembre, como respuesta a la creciente ola de extorsiones y criminalidad, no ha logrado frenar la violencia en la capital peruana. En menos de una semana, cinco personas han sido asesinadas en diversos distritos, lo que evidencia la insuficiencia de las medidas implementadas por el gobierno para contener el sicariato y la inseguridad ciudadana.

El primer crimen ocurrió el mismo día de la declaratoria de emergencia, cuando un joven fue hallado dentro de una maleta en Ate. Al día siguiente, en San Isidro, un empresario fue asesinado por dos sicarios motorizados, un caso que conmocionó a este distrito comercial. El 28 de septiembre, la violencia continuó: un repartidor fue acribillado en San Miguel, mientras que otro hombre fue interceptado y asesinado por presuntos sicarios en el Cercado de Lima. Finalmente, en la madrugada del 29 de septiembre, un joven repartidor, Richard Daniel Rivero, fue asesinado a balazos en Puente Piedra, uno de los distritos bajo estado de emergencia.

Ante esta situación, la presidenta Dina Boluarte ha intensificado su discurso contra el crimen organizado. Durante una visita a Piura, donde entregó 120 camionetas a la Policía, la mandataria pidió al Congreso aprobar con urgencia el proyecto de ley que tipifica el terrorismo urbano. “Es momento de endurecer las penas, es momento de demostrarle a la delincuencia que no van a poder con nosotros”, afirmó Boluarte. Además, reiteró que el sicariato, secuestro y extorsión son delitos que deben ser enfrentados con toda la severidad de la ley.

Presidenta en funciones Dina Boluarte pide aprobar ley de terrorismo urbano al Congreso

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el 3 de octubre se debatirá el proyecto de ley sobre terrorismo urbano. Sin embargo, la demora en la implementación de nuevas normativas ha generado críticas, especialmente desde el Colegio de Abogados de Lima (CAL), que cuestionó la efectividad de las leyes actuales contra el crimen organizado y la inacción del gobierno. Según el CAL, la reciente modificación de la ley contra el crimen organizado ha generado un ambiente propicio para la proliferación de bandas de extorsionadores, afectando gravemente a sectores como el transporte.

En paralelo, gremios como la Federación Nacional de Mototaxistas han anunciado un paro nacional para el 31 de octubre, uniéndose al reclamo de transportistas que denuncian haber sido víctimas de extorsión. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la sensación de inseguridad persiste, mientras los ciudadanos exigen acciones más contundentes.

Los ciudadanos de Lima están cansados de la criminalidad y extorsiones

Criminalidad desborda medidas del gobierno

Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido desplegadas en los distritos bajo estado de emergencia, las autoridades han admitido su incapacidad para cubrir toda la ciudad. Los homicidios ocurridos fuera de las zonas en emergencia, como en el Cercado de Lima y San Miguel, reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno de Dina Boluarte.

La creciente violencia ha generado preocupación entre los gremios empresariales y sindicatos, que temen por la seguridad de sus miembros. La falta de respuesta ante las amenazas, como en el caso de Manuel Montoya Calle, asesinado el 28 de septiembre, ha desatado una ola de indignación. Montoya había denunciado recibir amenazas de muerte, pero sus alertas fueron ignoradas por las autoridades.

Con la criminalidad en alza y la ciudadanía perdiendo la confianza en las medidas del gobierno, el futuro del estado de emergencia es incierto. La urgencia de una respuesta efectiva se hace cada vez más palpable, mientras la población espera que el gobierno y el Congreso actúen con la celeridad que la situación amerita.

Fuentes: Webs y redes de noticias

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Bolivia enfrenta una creciente crisis política y social con protestas que exigen la renuncia de Rodrigo Paz

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Cochabamba, 14 de junio 2026.- Bolivia atraviesa una grave crisis política y social que se ha intensificado durante las últimas semanas, marcada por protestas masivas, bloqueos de carreteras y una creciente demanda de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz Pereira. Las movilizaciones, que se mantienen desde inicios de mayo, han paralizado diversas regiones del país y profundizado la tensión entre el Gobierno y amplios sectores sociales.

Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre de 2025 tras imponerse en las elecciones generales y poner fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, heredó una economía debilitada y puso en marcha medidas de austeridad y reformas económicas que han generado rechazo entre sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y sectores populares.

Entre los principales actores de las protestas figuran la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos mineros, organizaciones campesinas, cocaleros y grupos afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes cuestionan las políticas económicas del Gobierno, exigen mejoras salariales y reclaman soluciones a la escasez de combustible, alimentos y medicamentos que afecta a distintas regiones del país.

Las movilizaciones incluyen más de cuarenta bloqueos de carreteras, marchas multitudinarias en ciudades como La Paz y El Alto, así como enfrentamientos con las fuerzas del orden. El Gobierno ha reportado decenas de detenidos y episodios de violencia que ya habrían dejado al menos una víctima mortal. Mientras tanto, Evo Morales y sus seguidores acusan a la administración de Paz de aplicar políticas neoliberales, mientras el Ejecutivo sostiene que el exmandatario busca desestabilizar al país.

Frente a la escalada del conflicto, el presidente Paz ha reiterado su disposición al diálogo, aunque también ha advertido que aplicará la ley para restablecer el orden, incluyendo la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales. A mediados de junio, la crisis continúa sin una salida negociada clara, en un escenario de creciente polarización política y fatiga social por los prolongados bloqueos que afectan el abastecimiento de bienes básicos en varias regiones bolivianas.

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Brasil empata con Marruecos en un debut inesperado y complica su camino en el Grupo C

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EE.UU., 13 de junio 2026.- La selección de Brasil no pudo iniciar con una victoria su participación en el Mundial 2026 y empató 1-1 frente a Marruecos en el cierre de la jornada del sábado. El encuentro, disputado en Estados Unidos, dejó sensaciones encontradas para la escuadra sudamericana, considerada una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo.

Marruecos sorprendió desde los primeros minutos con una propuesta ofensiva y ordenada que le permitió adelantarse en el marcador gracias a una destacada definición de Ismael Saibari. El combinado africano mostró personalidad y logró neutralizar varios intentos de ataque de la selección brasileña.

La reacción de Brasil llegó a través de Vinícius Júnior, quien marcó el empate tras una jugada individual que evidenció su calidad y capacidad para desequilibrar en los momentos más complicados. Sin embargo, la Canarinha no logró imponer su juego durante el resto del compromiso.

En la segunda mitad, ambos equipos generaron oportunidades para quedarse con los tres puntos, aunque las defensas y las intervenciones de los arqueros terminaron siendo determinantes. Marruecos incluso estuvo cerca de dar la sorpresa ante una selección brasileña que mostró algunas dudas en su funcionamiento colectivo.

Con este resultado, Brasil y Marruecos suman un punto en el Grupo C del Mundial 2026. En la próxima fecha, los brasileños buscarán su primera victoria ante Haití, mientras que los marroquíes enfrentarán a Escocia en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

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Municipalidad de Lima pide reforzar control ante movilizaciones y abre debate sobre derechos ciudadanos

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Lima, 11 de junio de 2026.- La Municipalidad Metropolitana de Lima exhortó al Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio Público a reforzar las medidas de seguridad y control del orden interno ante las movilizaciones anunciadas en el Centro Histórico de la capital. El pedido fue formulado mediante un comunicado oficial emitido en el marco de la ampliación del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana.

La comuna sostuvo que es necesario adoptar acciones para proteger a la población, así como los monumentos, plazas, edificios históricos y demás bienes patrimoniales ubicados en el Centro Histórico de Lima. Asimismo, recordó que en dicha zona existen restricciones para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas.

El municipio informó además que mantiene patrullajes permanentes, monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y drones, además de una coordinación constante con las fuerzas del orden para prevenir posibles actos de violencia o daños a la infraestructura pública.

No obstante, el pronunciamiento ha generado cuestionamientos entre diversos sectores ciudadanos y especialistas en derechos fundamentales, quienes advierten que medidas de esta naturaleza podrían interpretarse como una limitación al ejercicio de derechos constitucionales como la libertad de reunión, expresión y protesta pacífica.

Para los analistas, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la preservación del orden público y el respeto a las libertades democráticas. En un contexto de alta tensión política y social, el debate sobre los alcances de las restricciones a las movilizaciones vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública peruana.

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