El 26 de septiembre del año en curso, se llevará a cabo el anunciado paro nacional de transportistas, organizado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, liderada por Martín Valeriano. Esta…
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Cinco asesinatos en Lima pese a estado de emergencia por crímenes y extorsiones

El estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima y Callao desde el 26 de septiembre, como respuesta a la creciente ola de extorsiones y criminalidad, no ha logrado frenar la violencia en la capital peruana. En menos de una semana, cinco personas han sido asesinadas en diversos distritos, lo que evidencia la insuficiencia de las medidas implementadas por el gobierno para contener el sicariato y la inseguridad ciudadana.
El primer crimen ocurrió el mismo día de la declaratoria de emergencia, cuando un joven fue hallado dentro de una maleta en Ate. Al día siguiente, en San Isidro, un empresario fue asesinado por dos sicarios motorizados, un caso que conmocionó a este distrito comercial. El 28 de septiembre, la violencia continuó: un repartidor fue acribillado en San Miguel, mientras que otro hombre fue interceptado y asesinado por presuntos sicarios en el Cercado de Lima. Finalmente, en la madrugada del 29 de septiembre, un joven repartidor, Richard Daniel Rivero, fue asesinado a balazos en Puente Piedra, uno de los distritos bajo estado de emergencia.
Ante esta situación, la presidenta Dina Boluarte ha intensificado su discurso contra el crimen organizado. Durante una visita a Piura, donde entregó 120 camionetas a la Policía, la mandataria pidió al Congreso aprobar con urgencia el proyecto de ley que tipifica el terrorismo urbano. “Es momento de endurecer las penas, es momento de demostrarle a la delincuencia que no van a poder con nosotros”, afirmó Boluarte. Además, reiteró que el sicariato, secuestro y extorsión son delitos que deben ser enfrentados con toda la severidad de la ley.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el 3 de octubre se debatirá el proyecto de ley sobre terrorismo urbano. Sin embargo, la demora en la implementación de nuevas normativas ha generado críticas, especialmente desde el Colegio de Abogados de Lima (CAL), que cuestionó la efectividad de las leyes actuales contra el crimen organizado y la inacción del gobierno. Según el CAL, la reciente modificación de la ley contra el crimen organizado ha generado un ambiente propicio para la proliferación de bandas de extorsionadores, afectando gravemente a sectores como el transporte.
En paralelo, gremios como la Federación Nacional de Mototaxistas han anunciado un paro nacional para el 31 de octubre, uniéndose al reclamo de transportistas que denuncian haber sido víctimas de extorsión. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la sensación de inseguridad persiste, mientras los ciudadanos exigen acciones más contundentes.

Criminalidad desborda medidas del gobierno
Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido desplegadas en los distritos bajo estado de emergencia, las autoridades han admitido su incapacidad para cubrir toda la ciudad. Los homicidios ocurridos fuera de las zonas en emergencia, como en el Cercado de Lima y San Miguel, reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno de Dina Boluarte.
La creciente violencia ha generado preocupación entre los gremios empresariales y sindicatos, que temen por la seguridad de sus miembros. La falta de respuesta ante las amenazas, como en el caso de Manuel Montoya Calle, asesinado el 28 de septiembre, ha desatado una ola de indignación. Montoya había denunciado recibir amenazas de muerte, pero sus alertas fueron ignoradas por las autoridades.
Con la criminalidad en alza y la ciudadanía perdiendo la confianza en las medidas del gobierno, el futuro del estado de emergencia es incierto. La urgencia de una respuesta efectiva se hace cada vez más palpable, mientras la población espera que el gobierno y el Congreso actúen con la celeridad que la situación amerita.
Fuentes: Webs y redes de noticias