La revelación de una reunión no oficial, fuera de agenda y realizada bajo condiciones de evidente secretismo ha vuelto a colocar en el centro del debate público el comportamiento de un funcionario de primer nivel del Estado. José Jerí Oré, en ejercicio del más alto cargo de manera interina, sostuvo un encuentro privado que no fue informado por canales institucionales y que solo salió a la luz gracias a una investigación periodística, no por un acto de transparencia gubernamental.

El encuentro se produjo de noche, fuera de Palacio de Gobierno, con un empresario chino, y sin registro en la agenda oficial. Las imágenes difundidas muestran a Jerí ingresando encapuchado, sin comitiva visible y utilizando un vehículo oficial, pese a que posteriormente se calificó la cita como “no oficial”. La forma en que se desarrolló la reunión -lugar privado, ausencia de registros y medidas para evitar ser reconocido- refuerza la percepción de un proceder deliberadamente opaco.

Tras la difusión del caso, la versión oficial señaló que la reunión estuvo vinculada a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas. Si se trataba de una actividad institucional, ¿por qué no se canalizó a través de la Cancillería?, ¿por qué no se realizó en un espacio oficial?, ¿por qué no quedó constancia documental?, ¿y por qué el interlocutor fue un empresario y no un representante diplomático formal?

El problema central no es solo con quién se reunió el funcionario, sino cómo ejerció el poder. En democracia, la transparencia no es opcional ni depende del carácter interino del cargo. La ausencia de registros y la informalidad en el manejo de una reunión de este nivel configuran un patrón de secretismo incompatible con la función pública, más aún cuando se emplean recursos del Estado.

Este episodio también expone una evidente asimetría política. Prácticas similares durante el gobierno de Pedro Castillo desencadenaron pedidos de vacancia, investigaciones y una condena política casi inmediata. Hoy, hechos comparables parecen relativizarse. La institucionalidad, sin embargo, no admite excepciones: el poder debe explicarse siempre, y cuando no lo hace, es legítimo que el periodismo y la ciudadanía exijan respuestas.

Puno, 11 de enero de 2026 .- Tres años después de la masacre de Juliaca, el documental Uyariy (que significa «escuchar» en quechua), dirigido por el cineasta peruano Javier Corcuera, se consolida en las salas del sur andino con funciones que llenan teatros y generan aplausos sostenidos al finalizar cada proyección. Estrenada comercialmente el 8 de enero de 2026 -un día antes del aniversario de los trágicos sucesos-, la obra recorre el altiplano puneño mediante testimonios conmovedores de familiares de víctimas, material de archivo y la música andina como eje central, con dirección musical de la soprano local Edith Ramos. El filme denuncia la impunidad y vincula la represión del 9 de enero de 2023 con un patrón histórico de violencia en el sur peruano a lo largo de 200 años.

El 9 de enero de 2023 se registró el día más letal del estallido social contra el gobierno de Dina Boluarte: en Juliaca, 18 civiles -incluyendo menores y un médico que auxiliaba heridos- perdieron la vida por acción de las fuerzas del orden, con más de 100 heridos. Ese episodio integró un saldo nacional de alrededor de 49 muertes en las protestas, concentradas en el sur andino. Uyariy da voz a madres, hermanos y sobrevivientes que reclaman justicia, utilizando cantos en quechua y aymara, sikuris y narraciones emotivas para preservar la memoria colectiva y evitar el olvido.

El lanzamiento comercial estuvo envuelto en controversia: la cadena Cineplanet retiró abruptamente la película de su cartelera el mismo día del estreno, pese a anuncios previos en sedes de Juliaca, Puno, Cusco y Arequipa. Inicialmente, solo quedó una función vespertina en Juliaca (a las 14:45 horas), lo que provocó denuncias de «censura encubierta» y «maltrato» por parte del director, los productores y la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de 2023. La decisión desató una ola masiva de reclamos en redes sociales, con cientos de usuarios exigiendo la reposición de funciones accesibles.

Ante la presión ciudadana, Cineplanet amplió parcialmente las proyecciones en el sur andino desde el 9 de enero, incorporando horarios más convenientes en Puno (como a las 17:10 y 19:20 horas), Juliaca y Cusco. Las salas se han llenado con asistencia masiva, donde el público responde con aplausos y arengas, convirtiendo cada función en un acto de conmemoración y resistencia. Otras cadenas como Cinemark, Cinépolis y UVK mantienen programaciones regulares en la región, facilitando el acceso a esta obra de clasificación M14 que advierte sobre contenido sensible de violencia.

Desde Puno, Uyariy se posiciona como un triunfo de la memoria sobre el silencio: un documental poético y político que mantiene viva la herida del altiplano y urge a no olvidar. En un contexto de impunidad persistente, las proyecciones locales representan un llamado colectivo a la justicia y la resistencia. Quienes estén en la zona aún pueden asistir a las funciones vigentes —verifiquen la cartelera actual en los sitios web de las cadenas— y contribuir a que estas voces sean escuchadas. La memoria no se borra: se escucha.

Lima, 31 de diciembre 2026.- A la medianoche de Año Nuevo 2026, la congresista Margot Palacios Huamán publicó en su cuenta oficial de Facebook un pronunciamiento político en el que convoca a una movilización nacional contra lo que califica como una “privatización encubierta” de Petroperú, tras la promulgación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025.

En su mensaje, Palacios cuestiona la legitimidad del presidente interino José Jerí Oré para tomar decisiones sobre el destino de los hidrocarburos del país, señalando que su investidura no proviene de la voluntad popular. La parlamentaria sostiene que la firma del decreto, a pocos meses de las elecciones generales, constituye un “acto de usurpación histórica” que compromete el patrimonio energético nacional sin consulta ni debate público.

La congresista advierte que Petroperú, empresa estratégica que —según indica— controla el 42 % del diésel y el 31 % de las gasolinas en el mercado nacional, quedaría debilitada en su rol estratégico. En particular, critica que ProInversión haya sido facultada para transferir activos y seleccionar operadores especializados, lo que a su juicio implicaría que el Estado conserve solo la titularidad formal, pero pierda la dirección estratégica, la fijación de precios y la planificación del sector.

Palacios también afirma que esta medida pone en riesgo la seguridad nacional y expone a la población a la volatilidad del mercado internacional de combustibles, con impactos directos en el costo del transporte, la electricidad y los alimentos. En un tono severo, sostiene que el acto podría configurar una grave infracción contra los intereses nacionales, al favorecer —según su interpretación— a grupos económicos privados y transnacionales.

Finalmente, la legisladora reiteró su rechazo al Decreto de Urgencia N.º 010-2025 y exigió su derogatoria inmediata, convocando a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la soberanía energética y del control estatal de los recursos naturales estratégicos del país.